A poco más de una semana de las elecciones generales, y frente a un escenario de evidente derrota del macrismo, es urgente e imprescindible exigir, gobierne quien gobierne, algunos puntos irrenunciables en materia de represión y violaciones a los DDHH en nuestro país.
Escuchamos con preocupación, en algunas intervenciones durante el primer debate presidencial realizado en la ciudad de Santa Fe, la reivindicación explícita del terrorismo de estado y del genocidio planificado de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Es mucho lo que hemos tenido que pelear por memoria, verdad y justicia, y es muchísimo lo que falta hacer para lograr la cárcel efectiva a los genocidas, tema en el que el pueblo argentino no está dispuesto tolerar más retrocesos, como lo demostró la enorme movilización popular contra el intento de beneficiarlos con el 2×1.
Ni hablar de las desapariciones en democracia, el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, los asesinatos en la represión al conflicto y la protesta social, así como el reclamo de libertad de lxs presxs políticxs y el cierre de las causas a una enorme cantidad de personas criminalizadas por defender derechos o reclamar justas reivindicaciones.
Creemos que estos temas, relacionados con la represión estatal cotidiana, deben ser considerados como cuestión de derechos humanos, y no como un tema reducido a la “seguridad”, lo que implica negar, una vez más, el carácter de crimen de estado -y, por ende, de violación a los DDHH- de los hechos represivos protagonizados por las fuerzas de seguridad en democracia, como si fueran simples “abusos” o “excesos” en el cumplimiento del deber.
Cambiemos deja una “pesada herencia”, con profundas reformas regresivas en la legislación penal, contravencional y procesal, tanto a nivel nacional como de las provincias y la Ciudad, así como modificaciones estructurales y de actuación en las fuerzas de seguridad. Deja, también, un poder judicial colonizado como nunca, que a diario dicta resoluciones contra el pueblo trabajador y a favor de los represores.
Frente a este escenario, tras décadas de lucha de las organizaciones antirrepresivas y los organismos de DDHH, exigimos del próximo gobierno, sea cual sea, estas medidas urgentes:
- Doctrina Chocobar:
- Derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las FFSS en cualquier circunstancia.
- Derogación del Programa Restituir. Vigencia efectiva a las normas que imponen la separación provisoria del servicio activo de los integrantes de las fuerzas sometidos a procesos penales, y la inhabilitación para la reincorporación a cualquier fuerza en caso de condena.
- Fin de la provisión por parte del estado a la defensa penal gratuita y calificada a policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios a través de las direcciones jurídicas de los ministerios de Seguridad, a costa que quienes, en casos similares, debemos optar entre la defensa oficial o pagar un abogado particular.
- Detenciones arbitrarias:
- Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
- Fin de los programas de reconocimiento facial que provocan identificaciones erróneas a diario.
- Derogación de la Resolución 845/2019 que sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes.
- Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
- Legislación penal,
contravencional y procesal:
- Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
- Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de ninxs y adolescentes.
- Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
- Derogación de la Resolución 598/2019 que creó el “servicio cívico voluntario en valores” a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud.
- Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
- Estructura y protocolos de
actuación de las fuerzas:
- Derogación del uso de las picanas Taser.
- Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
- Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
- Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
- Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
Por nuestra parte, seguiremos en las calles, impulsando la lucha organizada, con protagonismo popular, contra todas las formas de la represión estatal.
CORREPI, 18 de octubre de 2019.
