Pasaron ocho meses desde que el ministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera, hizo la presentación de una nueva cúpula policial con Gustavo Vélez al frente de la policía provincial, reemplazando a Julio Suárez, quien fue denunciado por amenazar al periodista Dante Leguizamón.
En ese entonces el puesto de director general de Seguridad Capital estaba encabezado por el comisario mayor Gustavo Piva; hoy ese puesto es ocupado por la comisario mayor Liliana Zárate Belletti. Es que en solo un par de meses se tuvieron que mover las fichas de la primera plana policial. Las declaraciones del subdirector de la zona sur Gonzalo Cumplido tras el asesinato de Valentino Blas Correas, no hicieron más que evidenciar, un accionar policial que venimos denunciando hace casi treinta años: el encubrimiento por parte de la policía en los casos de gatillo fácil. Que el arma, que la persecución, que el intercambio de balas; todas estas frases las hemos escuchado mil veces por cada caso de gatillo fácil en Córdoba. Pero, el que este hecho se haya producido en pleno centro, a diferencia de lo que pasa en los barrios populares, fue imposible limpiar la escena del crimen sin un accionar alevoso.
En Córdoba, desde el fin de la dictadura hasta fines de 2019, las muertes por parte del aparato represivo estatal alcanzan las 463 en diferentes modalidades, de las cuales un 26% corresponden a fusilamientos. Con diferentes gestiones, entre radicales y peronistas, el estado ha puesto a las fuerzas represivas al servicio de sus intereses y el de grandes capitales.
A Mosquera no le quedó otra que cambiar la cúpula, para que no cambie nada. Desde que el Partido Justicialista hizo su ingreso al gobierno provincial, en el año 1999 con De la Sota a la cabeza de Unión Por Córdoba, la avanzada represiva no ha hecho más que aumentar año tras año. Las cúpulas policiales cambiaron una y otra vez, sin embargo quedan en la historia los asesinatos de diciembre de 2001 de Sergio Ferreyra y David Moreno en una de las represiones más brutales que se hayan vivido en el país, los escándalos de la titulada “narco policía”, la desaparición de Facundo Rivera Alegre, la policía barrial caminando y hostigando los barrios de Córdoba, las miles de cámaras de seguridad, los miles de millones que se invierten anualmente en reforzar las fuerzas represivas, las armas perdidas en el camino, las amenazas de un jefe de policía, y un larguísimo etcétera que incluyen cursos de derechos humanos. El resultado ha sido siempre el mismo: más pibxs asesinadxs por las fuerzas policiales. Convirtiendo a Córdoba en la tercera provincia con más casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, sólo por detrás de Buenos Aires y Santa Fe, con el gatillo fácil y la muertes en lugares de detención como principales protagonistas. En cuanto a los casos de gatillo fácil la principal fuerza asesina ha sido la policía provincial.
Desde CORREPI sabemos que un recambio policial es una salida elegante para un problema de fondo, luego de que venimos denunciando el sistemático accionar represivo que ha tenido a las barriadas de Córdoba en vilo. Es que la idea represiva no cambia con cambiar los puestos ni tener en la plana mayor a un comisario mujer. Sabemos que sus uniformes no distinguen de género cuando se trata de cumplir con su función social de reprimir, ya sea que se encuentren patrullando las calles y saturando los barrios o detrás de un escritorio dando las órdenes.
¡No es un policía es toda la institución!
¡Contra la represión: unidad, organización y lucha!
