Desde el 20 de marzo pasado, a pesar de las dificultades obvias para el adecuado chequeo de los casos, ya que no podemos encontrarnos con las familias ni concurrir a tribunales a ver las causas, hemos confirmado 71 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
De ese total, 36 son muertes ocurridas en cárceles (22) y comisarías (14), todas de exclusiva responsabilidad estatal, y, a pesar de que es mucho menor la circulación de personas en las calles, 24 fueron fusilamientos de gatillo fácil. A eso se suman dos femicidios y un femicidio relacionado cometidos por miembros de fuerzas de seguridad; dos son muertes “intrafuerza” y uno resultado de otro hecho de criminalidad policial; dos corresponden a “otras modalidades” (los dos chicos arrollados deliberadamente por un patrullero en San Nicolás) y tres son desapariciones forzadas (Luis Armando Espinoza en Tucumán, Francisco Valentín Cruz en Florencio Varela, ambos encontrados sin vida días después de ser detenidos por personal policial, y Facundo Astudillo Castro, del que nada sabemos hace casi tres meses).
Entre el 20 y el 31 de marzo registramos 13 casos; en el mes de abril, 18; en mayo, 16; en junio, 14, y en lo que va de julio, 10.
Aparecen como responsables todas las fuerzas de seguridad, federales y provinciales:
Policía de la Ciudad: 7 casos (todos gatillo fácil, 1 en CABA, 6 en provincia de Buenos Aires).
Policía Federal: 3 casos (todos gatillo fácil y en provincia de Buenos Aires).
Gendarmería: 1 caso (gatillo fácil en CABA).
Servicio Penitenciario Federal: 2 casos (una muerte en cárcel federal, una intrafuerza).
Servicios Penitenciarios provinciales: 19 casos (Santa Fe 9; Mendoza 3; Buenos Aires 3; San Luis 3; Corrientes 1).
Policías provinciales: 37 casos (Buenos Aires 21; Tucumán 4; San Luis 3; Santa Cruz 3; Córdoba, 2; Corrientes 1; Jujuy 1; Santiago del Estero 1; Chubut 1).
Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal.
Por eso denunciamos el reciente acuerdo celebrado entre la provincia de Buenos Aires y la Nación para desplegar todavía más fuerzas federales en localidades del conurbano bonaerense, con la excusa de operativos de control que den “mayor eficiencia preventiva” a la presencia de las fuerzas en la provincia de Buenos Aires, que sólo aportará más represión y más muerte.
Hoy nos vemos obligadxs a defendernos colectivamente, tanto del virus como de la represión, con lucha organizada.
Basta de gatillo fácil
Basta de represión
Aparición con vida de Facundo
