El 13 de julio pasado, ante el ingreso de un joven que había sido trasladado a un hospital para ser hisopado para Covid-19, test que resultó positivo, los 27 presos de la comisaría de Marcos Paz iniciaron una protesta pacífica, con huelga de hambre, para exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el hisopado de toda la población.
La respuesta oficial fue, una vez más, la represión, con golpes, palazos y balas de goma. A continuación, fueron trasladados a distintas comisaría cercanas, como Luján. Allí, en represalia por la protesta anterior siguen hasta ahora sufriendo golpizas y manguerazos de agua helada.
Mientras tanto, el comisario Correa, titular de la comisaría de Marcos Paz, declaró al Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz que la policía utilizó “la mínima fuerza aplicable” y sólo resultaron heridos levemente dos detenidos. “Tratamos de ser lo más profesionales que podamos y estar a disposición“, finalizó Correa.
Basta comparar esas palabras con las fotos que ilustran esta nota, que un joven trasladado a Luján, Nicolás Espósito, logró hacer llegar a su madre y hermanos, quienes a su vez nos las reenviaron. Su mamá pudo grabar parte de la conversación telefónica desde Luján, que también nos hicieron llegar, para desbaratar la mentira oficial.
La situación en los lugares de encierro, tanto cárceles como comisarías, era ya alarmante antes del inicio de la pandemia, por el hacinamiento y las inhumanas condiciones de alojamiento para la población general, privada de los privilegios que reciben los pocos represores y genocidas detenidos y sistemáticamente sometida a vejámenes y torturas. Ante la exigencia de medidas de emergencia para evitar la propagación del virus intramuros, a la respuesta represiva en cárceles y comisarías de todo el país, se sumó la presión de los sectores más reaccionarios, que, con datos falsos, instalaron en los medios hegemónicos que había una “masiva liberación de delincuentes” que jamás estuvo ni cerca de producirse.
Hoy, en el diario Página/12, se publica una entrevista al presidente Alberto Fernández en la que dijo: “Hay que ser muy estrictos, muy severos con las fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlas en contra nuestro. Hay que ser absolutamente firmes“, y señaló que instruyó a la ministra de Seguridad, en relación a las desapariciones de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza y las torturas a la familia Qom, hechos cometidos por policías de las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Chaco, para “que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca“.
Aunque el hecho que aquí denunciamos sea responsabilidad directa del gobierno bonaerense, de las propias palabras del presidente surge la obligación -y la facultad- del gobierno nacional de intervenir para garantizar la salud, la integridad física y la vida de las personas detenidas. Así lo exigimos.
Basta de represión
El estado es responsable
