El contexto actual, nos encuentra con un aumento de la represión hacia las disidencias. Desde el Ministerio de Seguridad reglamentaron el “Protocolo general de actuación de registros personales y detención para personas pertenecientes al colectivo LGBT”. Esta normativa -casualmente publicada pocos días antes de celebrarse la marcha- se jacta del respeto por los derechos de las personas LGTBIQ+, sancionados en la Ley 26.743 de Identidad de Género. Sin embargo, solo constituye una herramienta más para reprimir al colectivo disidente, un cínico lavado de cara al ministerio dirigido por Patricia Bulrrich, una de las principales responsables políticas de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El protocolo contempla, por ejemplo, cursos sobre “diversidad” para lxs integrantes de las fuerzas represivas. La iniciativa nos recuerda a los cursos de derechos humanos, impartidos a los mismos que son responsables del asesinato de unx pibx cada 25 horas víctima del gatillo fácil. Ante estas medidas, sabemos que la única formación que le interesa garantizar al gobierno es la orientada al perfeccionamiento de la represión para el disciplinamiento a los sectores organizados en contra de la violencia patriarcal.
Durante 2017, atestiguamos la razzia en el 8M, la persecución policial de dos adolescentes que se besaban en una plaza de Morón, las muertes de las compañeras trans Angie y Pamela en el penal de Florencio Varela, el hostigamiento a las compañeras travestis en Constitución, el travesticidio de Ayelén Gómez en Tucumán – años después de haber sido violada por dos policías provinciales aún impunes-, la criminalización de Higui por ser lesbiana y defenderse de un intento de violación correctiva, y la reciente detención de Mariana Gómez por besar a su esposa en un espacio público, entre otros casos. A todo esto se le agrega la falta de justicia por el travesticidio de la compañera Amancay Diana Sacayán.
Sin embargo, el estado represor se enfrenta a un colectivo que viene forjándose al calor de las luchas históricas contra los edictos policiales y los aún vigentes códigos contravencionales y de faltas y avanza en su organización.
Si el ajuste y la represión crecen, la lucha también, ¡porque a la cárcel y al armario no volvemos nunca más!
