Raúl Tellechea por ese entonces hacía casi once años que trabajaba como ingeniero informático en la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan. Era uno, entre otros, de los que estaban al tanto de sus movimientos financieros. Renunció a su trabajo dos semanas antes de ser visto por última vez, después de haber presenciado irregularidades en el destino de los fondos; motivo que lo llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado, y uno al frente para preparar una denuncia contra sus directivos. El lunes 27 fue citado por sus antiguos empleadores para tener una reunión, a la que acudió. No se sabe con exactitud qué se discutió allí dentro, salvo que hubo notorias y marcadas diferencias. Desapareció unas horas más tarde.
La familia del ingeniero habla de su desaparición como un hecho con puntos en común con la desaparición de Jorge Julio López en la ciudad de La Plata, dos años después. Si bien Tellechea desapareció en 2004 en circunstancias distintas, el punto en común es notable, en cuanto implica la complicidad del Estado en ambos casos, y el conocimiento de hechos que involucran directamente al poder político por parte de las víctimas, previa su desaparición. Son casos distintos, es cierto, pero sus vinculaciones comunes constituyen una alarma en sí misma, ya que este caso ni siquiera ha tomado la repercusión que la gravedad del hecho amerita. Hablamos, nuevamente, de una desaparición en democracia.
Basta recordar que la primer intervención judicial que tomó curso en el caso, fue setenta y dos horas después que su familia denunciara el hecho, pero no por su desaparición. Los antiguos empleadores, entonces convertidos ya en flamantes funcionarios públicos del gobierno de Gioja, demandaron penalmente a Tellechea por haberse quedado aparentemente con fondos que no le correspondían. La acusación nunca fue fundada, ni presentó pruebas al respecto; lo que sí fue evidente, es que la denuncia buscó desviar la causa para despejar las dudas que recaían sobre las propias cabezas de los principales responsables. Y aunque resulte increíble tener que aclararlo, por esta causa, Tellechea aún desaparecido, finalmente fue sobreseído.
Durante mucho tiempo, el Juez a cargo de la causa, Leopoldo Raggo Gallo, hizo todo lo que estuvo a su alcance para desdibujar la centralidad del hecho. La familia por su parte, sostuvo desde el principio que se trató de una complicidad política: “no se puede comprender que en una causa de una persona desaparecida, las últimas personas que lo vieron, quienes eran sus jefes, sean funcionarios públicos y no sean investigados, cuando sí fue investigada su propia familia con intervenciones de sus teléfonos, cuentas de correo y conversaciones”. Cualquier similitud con hechos de la actualidad, no es mera coincidencia.
La única respuesta del gobierno provincial al respecto, fue el cinismo de Gioja al dar una palmada en la espalda de Mariana, hija de Tellechea, y decirle: “suerte”. Actualmente, trece años después, los seis funcionarios y ex jefes del ingeniero se encuentran solo imputados. La justicia Federal, luego de innumerables presiones y reclamos de la familia, junto a la agrupación “Todos por Raúl”, caratuló el caso como desaparición forzosa.
Desde CORREPI, acompañamos y nos solidarizamos con la familia Tellechea, en un nuevo aniversario del secuestro de Raúl, y de la impunidad consagrada por la falta de respuestas del Estado. Nos ponemos a su disposición para pelear juntos por el avance de la causa. Sabemos que con vida lo llevaron, y por eso también con vida lo queremos.
