El fusilamiento de Rafael Nahuel en cacería desplegada sobre la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, igual que la persecución en Cushamen, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, pone en evidencia -como pocas veces antes- la naturaleza de la represión como política de estado.
Esta afirmación, que CORREPI sostiene desde siempre, encuentra respaldo en la perfecta sincronización entre el interés de los terratenientes, la decisión legitimadora de la justicia, la ejecución por parte de las fuerzas de seguridad y la defensa irrestricta del crimen y de sus autores materiales por el gobierno y los medios hegemónicos.
Pero, si alguna duda quedaba, ahí están las declaraciones de ayer de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y la conferencia de prensa de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Germán Garavano, de Justicia, para disiparla.
Michetti dijo: “El beneficio de la duda, en todos los casos, debe estar a favor de las fuerzas de seguridad”. Lapidaria, sin molestarse en guardar siquiera las formas de la apariencia, la vicepresidenta mostró que las consignas del sistema son meramente retóricas. Cuando está en juego la protección de intereses “superiores”, como la propiedad privada y los negocios del poder, sinceran que la republicana división de poderes no es más que un ingenioso juego de palabras solemnes.
A su turno, Bullrich, confirmó que, a la hora de reprimir, el estado es una unidad monolítica: “Yo me la banco”, dijo cuando sus gendarmes desaparecieron y mataron a Santiago Maldonado y ahora nos aclara: “No tenemos nada que probar, La versión de las fuerzas es de carácter de verdad para nosotros”. Ni descontrol, ni exceso, ni loco suelto, ni mucho menos autonomía operativa o fuerzas descontroladas: Es política de estado, dirigida por el gobierno de Cambiemos en su más pura versión. “Nosotros actuamos sin límites”, dijo al cierre.
A confesión de parte, relevo de pruebas, reza el dicho.
Hace rato que el estado actúa sin límite haciendo cualquier cosa, contra cualquier trabajador, en cualquier lugar y de cualquier manera.
Desde el muerto diario por el gatillo fácil y la tortura en cárceles abarrotadas de pobres y de presos políticos, a los miles de criminalizados por luchar. Del gas pimienta y las balas de goma contra trabajadores para desalojar una fábrica en la ciudad, hasta una ráfaga de ametralladora con balas 9 mm por la espalda de un trabajador en la montaña, pasando por ahogar y desaparecer a otro, solidario, en un río patagónico.
Sofisticadas maneras de entender la “legalidad”. Legalidad de un sistema cuya principal victoria pretende ser la naturalización de su barbarie, a la que contribuyen con inusitada potencia los mercenarios que ofician de periodistas y los delincuentes empresarios de medios hegemónicos.
“Legalidad” que, sin embargo, no podrá contener la protesta social. Porque los trabajadores no abandonaremos ningún rincón del país, no entregaremos conquistas ni renunciaremos a nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales. La resistencia está en marcha, y no les alcanzará a los custodios del orden con inventar un nuevo enemigo interno a costa de los pueblos originarios. A la lógica del gobierno, que replica aquello de que “la apropiación y concentración de riqueza se hará a sangre y fuego” le seguiremos oponiendo nuestra lógica solidaria y convencida: Cuando tocan a uno tocan a todos.
Parafraseando al gran Roque Dalton, sepan que nuestros muertos son indóciles y que no les alcanzará con su carroña uniformada, que sólo conoce al pueblo como un montón de espaldas que corren para allá.
