El pasado lunes 13 noviembre, compañeras de la Corriente Villera Independiente se encontraban pegando afiches en las inmediaciones de la Villa 31 para invitar a los vecinos del barrio a una marcha villera. En esta ocasión fueron emboscadas por la Policía de la Ciudad en un violento operativo que terminó con la detención de una de las compañeras.
Asimismo, en el día de ayer, 15 de noviembre, han sido detenidos en Constitución tres militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de CTEP en un contexto sistemático de detenciones ilegales a lxs trabajadorxs migrantes de la vía pública. Queda así expuesto el carácter xenófobo de la política migratoria del estado, que criminaliza al migrante, con una manipulación del discurso público a través de una agenda anti-delincuencia o de “lucha y combate al narcotráfico”, que busca esconder su verdadero carácter represivo.
A través del DNU 70/2017 el Gobierno de Mauricio Macri pretende llevar adelante deportaciones inmediatas sin previo proceso legal. Esta política anti-migratoria convierte el derecho humano a migrar en una política de “seguridad”, en lugar de una política social, tergiversando estadisticas, criminalizando al migrante, avanzando sobre el derecho a la unidad familiar, a la vivienda y al trabajo.
Este accionar de las fuerzas represivas no es novedoso, recientemente se han visto casos como los allanamientos ilegales a locales de organizaciones políticas y bibliotecas populares en la Ciudad de Córdoba y en otras organizaciones a lo largo del país, como también en detenciones arbitrarias de militantes, persecución y hostigamiento constante a lxs que luchan. Ejemplo de esto son las detenciones y posterior procesamiento de comunicadores el 1ero de septiembre, tras la marcha por Santiago Maldonado.
Sabemos que tal respuesta del estado a la organización del pueblo responde a una política represiva, llevada a cabo desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por la tristemente célebre Patricia Bullrich. Esta política, de la mano de una estrategia comunicacional de los servicios de inteligencia, serviles al poder empresarial y corporativo, intenta acallar la disidencia y convertir la protesta social en un delito, y a lxs que luchan en delincuentes.
Denunciamos la penalización de la protesta social como una política de control social, como también los constantes y abusivos controles de identidad y las ‘razias’ por parte de la policía que, yendo contra el derecho ambulatorio de las personas, atenta contra la democracia y contra lo que todos los sectores políticos llaman y pregonan como “estado social de derecho”. Estamos ante una avanzada reaccionaria que pretende perseguir y criminalizar el derecho humano a la protesta social y la organización de la vida pública.
Nuestra solidaridad a todxs lxs perseguidxs y a todas las organizaciones del campo popular que son parte de la lista negra del gobierno neoliberal y represor de Mauricio Macri.
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