El gobierno dice que no hay presupuesto. Motivo por el cual –argumentaron- nuestros hijos e hijas, y sus nietos, van a ser quienes terminen de pagar la renovación del bono adquirido por deuda externa, de acá a cien años. Nadie sabe a dónde fueron los fondos que entraron. El trabajo disminuye de a miles. La salud, la educación y el derecho a la vivienda se deterioran. La inflación y las tarifas no paran de subir, mientras la pobreza y la desocupación crecen. Los ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Y sin mencionar la asignación absurda de fondos -como el destino de cuatro millones en publicidad PRO día, y la creación insólita de la Dirección de Movilidad en Bicicleta-, hay un área donde siempre hay presupuesto para avanzar un casillero más: Seguridad. ¿Por qué?
Hablemos de prioridades. Es sabido que cualquier gobierno llegar al poder para defender su modelo de país. En el caso de Cambiemos, los resultados -como explicamos antes- son notables. La pregunta es, ¿cómo hacen para que toda la población que sufre esas consecuencias no salga a las calles y los invite, mínimamente, a escapar en helicóptero? Bien. Ahí entra lo que ellos llaman “Seguridad”. Al decir de la ministra en la materia, Patricia Bullrich, “lo que hay que hacer”.
Hace dos meses, Cambiemos presentó su propuesta electoral en la Ciudad de Buenos Aires con el lanzamiento del Sistema Integral de Seguridad Pública, bajo la consigna “fortalecer la presencia del Estado en las calles”. Aumentaron la partida presupuestaria un 150% -3,75% del nacional- para establecer dos “centros de monitoreo”, 315 cámaras, un “anillo digital” que centralice el funcionamiento de los 73 destacamentos policiales, a lo que sumaron 1.000 nuevos efectivos (lo que hace al día de hoy un en total 36.137, según informó el propio Rodríguez Larreta). Veamos los resultados.
El miércoles 28 de junio, el gobierno ordenó desalojar una concentración de movimientos sociales que movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para presentar los reclamos de cientos de familias por condiciones de trabajo y vivienda dignas. Carros hidrantes, gas lacrimógeno, balas de goma, y palo a quien alcanzaran. El operativo estuvo a cargo de la flamante Policía de la Ciudad y la vieja División de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la PFA, dependiente de la Dirección General de Antiterrorismo, que hace rato no intervenía en situaciones similares. Decenas de heridos y detenidos, cazados literalmente por personal de civil sin identificación (ilegal, según el Art. 100 de la Ley de Seguridad Pública). Tan solo unos días después, en el marco de una manifestación frente a Tribunales por la liberación del lonko mapuche Facundo Jones Huala, más palos, más balas, y más detenidos. Siete esta vez.
En ambos casos, además de la ya conocida y clásica “resistencia a la autoridad”, se aplicó una nueva figura diseñada especialmente para criminalizar la protesta social: la “intimidación pública”. Por este motivo, cada uno y una de las detenidas permanecieron más de 24 horas encerrados, totalmente incomunicados, sin posibilidad de corroborar su estado de salud, y con una imputación mayor en términos penales. Así las cosas, el avance represivo se hizo notorio, y por demás efectivo.
La campaña está en marcha. Todos los días, estas prácticas son justificadas desde la tribuna oficial y las herramientas siempre disponibles de sus medios aliados, como una aplicación necesaria para terminar con ese fantasma que recorre la ciudad, que es la “inseguridad”. La misma que ellos construyen, promueven, y garantizan. Desde entonces, hay mucha tropa riendo en las calles. Pero también hay muchos más de nosotros y nosotras.
La semana pasada un jubilado se pegó un tiro en el ANSES de Mar del Plata porque no llegaba a fin de mes. Antes de jalar el gatillo, dijo “este es mi destino”. Ese no es el destino de nadie. No esperemos más, pueblo. Hay que cambiar las cosas, pero de verdad.
