La medida inició cerca de las 13:00. Previo al desalojo, la ministra Carolina Stanley y su gabinete recibieron a una delegación de las organizaciones para abrir una “mesa de diálogo”. Los tuvieron más de una hora esperando, y cuando finalmente se sentaron para “analizar la situación” -por no decir rechazar de plano las demandas-, enviaron por otro frente la división de infantería con luz verde para reprimir. Fuego a dos puntas, se acabó el diálogo.
Rápidamente, los medios oficiales se anticiparon a justificar el accionar de las fuerzas de seguridad y a evocar el viejo contraste entre el derecho a la circulación y el de la protesta social, como si fueran lo mismo. Hablaron de “incidentes”, cuando era represión. También de piedrazos y violencia de los manifestantes, pero no de balas de goma, hidrantes, ni el gas lacrimógeno que tiraron. Señalaron que entre los manifestantes hubo rostros tapados, pero no que la lista de demandas era por la declaración de la Emergencia Alimentaria, la Emergencia tarifaria en empresas recuperadas, la restauración plena de las pensiones por discapacidad y un plan de obra pública cooperativa frente a la emergencia laboral que deja cada día cientos de trabajadoras y trabajadores en la calle.
También, como era esperable, no tardaron en llegar las declaraciones oficiales a coro de golpe en pecho. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumió y celebró la decisión política de reprimir a los manifestantes a través de su cuenta de Twitter, donde concluía y felicitaba a los suyos: “Hicieron lo que hay que hacer.”. Siete detenidos; dos mayores, dos menores. Decenas de heridos y heridas. Los ricos cada vez son más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Y si se les ocurre decir algo, esto. Y como esta van…
Desde el principio lo dijimos: el ajuste siempre pasa con represión. Como pasa, depende de nosotros y nosotras. Por ahora, mientras tanto, esperamos que liberen a los detenidos. Denunciamos y hacemos responsable al ministerio de Seguridad y al gobierno nacional por su integridad física.