Sin prisión preventiva, imputó a esos compañeros y compañeras la comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con la manda que el gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el proceso electoral.
A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo. Apoyado únicamente en los testimonios de la policía de la Ciudad y Federal, la resolución permite a los verdaderos provocadores, luego represores, deslindar responsabilidades sobre hechos tan graves como burdamente justificados por sus mandamases políticos.
Con acusaciones que se contradicen en las pruebas de descargo (filmaciones, registros fílmicos y fotográficos, envío de mensajes telefónicos que contradicen a los policías) el juez no sólo avala lo escrito por la fuerza de seguridad. Además intenta poner un cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los efectivos cometieron y que fueron denunciados por los detenidos.
Consta en el expediente no sólo el modo “al voleo” de las detenciones –con excepción de los trabajadores de prensa, deliberadamente seleccionados- y la violencia desplegada por los efectivos, también denuncias concretas de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la dignidad de los detenidos. Actos ilegales y violatorios de los derechos humanos que el juez ha ignorado para proteger a la fuerza policial que esa noche, como en otras del pasado más negro, dispuso de la calle como perros de caza hambrientos de jóvenes y luchadores populares.
El juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía, ni describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad.
La increíble justificación de la detención de los trabajadores de prensa es otra palmaria muestra de su parcialidad: no repara en las explicaciones e imágenes que explican dónde estaban y qué hacían los trabajadores, y en cambio da fe de un acta policial que inventa otras circunstancias. Nunca investigó, se limitó a recoger la versión policial y con eso construyó un mediocre acto procesal que sin dudas lo coloca entre los jueces predilectos a la hora de resolver rápidamente los conflictos que permiten criminalizar a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los luchadores.
Vale la pena recordarlo, Marcelo Martínez de Giorgi es el mismo juez que procesó y elevó a juicio la causa contra los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, a instancias no del fiscal, sino de la empresa de seguridad privada PROSEGUR. Es el mismo juez que, intimado por la Corte Suprema a avanzar en la causa contra el empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota, amparada por la policía, a la redacción del diario autogestionado Tiempo Argentino, esta misma semana, por tercera vez, se declaró “incompetente” para facilitar la impunidad de los socios del poder.
Ahora, hasta suma la provocación de establecer embargos multimillonarios a los compañeros y compañeras, con el claro objetivo de generar suficiente ruido mediático que construya falsos consensos, indispensables a la hora de completar el proceso criminalizador.
En el contexto de profundización y agravamiento del despliegue represivo estatal, “la gran Otranto” del juez Martínez di Giorgi se inscribe en lo que ya es un clásico del gobierno de Cambiemos: desviar la atención sobre lo esencial de su política, que se expresa de modo inapelable en la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.
Desde CORREPI, sostenemos la incondicional defensa de las compañeras y compañeros criminalizados, y no será sólo en los tribunales donde continuaremos dando batalla. No habrá calle que no sepa de este reclamo.
Por eso el 1° de noviembre seremos un puño una vez más en la marcha que exigirá justicia para Santiago Maldonado, porque lo mató la gendarmería, y el gobierno es responsable.
Ese mismo gobierno que, con un juez a su medida, intenta cerrar el círculo de impunidad que alienta sus fuerzas represivas a perseguir y criminalizar la protesta y la indignación social.
Una vez más, no se trata de la justicia cómplice. Hay un sistema que se basa en la provocación, la represión, y la impunidad que se integra con ella.
Queda demostrado: la provocación policial tiene un juez a su medida. Y en ese escenario nos paramos para exigir el cierre de todas las causas, y responder con el mismo compromiso y la responsabilidad histórica que se nos impone: más organización, más unidad, y más lucha.
