Como venimos denunciando desde la CORREPI, la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el respaldo del gobierno al asesino de Juan Pablo Kukoc, Luis Chocobar, marcan el recrudecimiento de la política represiva de Cambiemos. Estos acontecimientos, que marcan la agenda nacional, tuvieron su correlato a nivel local.
Mientras Patricia Bullrich, a nivel nacional, publicita los fusilamientos perpetrados por miembros de las “fuerzas de seguridad”; Cristian Ritondo, a nivel provincial, promueve saturar los barrios del conurbano con 12 mil policías. Mientras tanto, en José C. Paz se multiplican los casos de gatillo fácil.
En el Gran Buenos Aires, las consecuencias de la miseria planificada no se hacen esperar. Las balas del Estado hacen estragos entre lxs pibxs de las barriadas. Basta recordar cómo, desde 1983 hasta fines de 2017, en toda la zona norte del Gran Buenos Aires (José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tigre y San Fernando), contamos con 400 asesinadxs por el aparato represivo estatal.
Cuando las palabras duelen más que las balas
Para los grandes medios de comunicación (en sintonía con el discurso político/patronal y judicial) el gatillo fácil no es más que el daño colateral “del cumplimiento del deber” de las fuerzas de “seguridad”. Para nosotrxs, son el resultado concreto de una de las metodologías represivas con las que el Estado se sirve para oprimir a los sectores populares. En un distrito gobernado hace más de 20 años por Mario Alberto Ishii, personaje histórico del PJ bonaerense (reconocido amigo de Aldo Rico e impulsor fiel del retorno del servicio militar obligatorio) la mano dura se despliega con furia sobre las juventudes de los barrios.
Comienza 2018 y, en el mes de enero, Brian Barrientos fue asesinado por la espalda un policía bonaerense en Gaspar Campos y la 197. ¿El motivo? Un supuesto intento de robo oculta, en realidad, un fusilamiento. Se invoca, de esta manera, la falacia de la “legítima defensa”.
El mes de mayo, nos trae la noticia de que se produjeron tres casos. Enzo Villagra tenía 17 años cuando, el 3 de mayo, fue fusilado por Gendarmería en la intersección de las calles Federico Lacroze y Roma, en las cercanías de Barrio Frino.
Rodrigo Moreta, de 19 años, fallece ese fatídico 3 de mayo, tras los disparos efectuados por parte del Policía de la Ciudad, Juan Ignacio Negrete, en la esquina de Florida y Washington, en el mismo barrio que Enzo.
Dos semanas después, durante la madrugada del 20 de mayo, Brandon López, del barrio 25 de mayo, fue perseguido por dos patrulleros de la Gendarmería Nacional y pierde la vida en un choque. El joven de 15 años, volvía en moto a su hogar luego de festejar el cumpleaños de su hermano mayor a unas pocas cuadras, acompañado por su amigo Nicolás (21), quién resultó gravemente herido tras el accidente.
El último caso, que tenemos registrado, es el de Marcelo Rubén Navarro de 20 años. El “Mono”, como le llamaban sus amigos, fue fusilado el 13 de julio por un policía bonaerense, en Juan Díaz de Solís y General Pinto.
En la cobertura de todos los casos, los medios solo se limitan a transcribir la versión policial. Se omite, adrede, que tanto Brian como Rodrigo, estaban desarmados cuando perdieron la vida. No se explica las irregularidades que presenta la causa de Enzo, quien fuera perseguido (junto a tres amigos) para luego perder la vida en el asiento de atrás de un VW Gol gris. En el caso de Brandon, los medios se limitan a hablar de “motochorros” sin siquiera tener en cuenta testimonios directos de familiares y testigos, menos aun la presencia de cámaras en el lugar del hecho. En el caso de Marcelo, se oculta sutilmente la manera en que policías realizan “servicios adicionales” en los comercios de la zona y se jactan de su impunidad al mencionar la relación de parentesco con Rodrigo (eran primos) burlándose y minimizando la actividad que CORREPI organizaba en el barrio (previo a la muerte del “Mono”) para denunciar el caso y el hostigamiento que sufren constantemente lxs pibxs.
Estigmatizando a las juventudes de las barriadas populares
Hace tiempo que la pena de muerte de hecho recorre nuestros barrios. El Estado no solo se lleva la vida de nuestros pibxs, sino que luego dispone del porvenir de nuestras familias intentando aplacar sus ánimos de lucha.
No naturalizamos estos hechos. No hacemos distinciones selectivas, abonando la hipótesis de que hay víctimas inocentes y/o culpables. No le hacemos el juego a la Doctrina Chocobar que hoy se está llevando la vida de mas de un pibe por día. Denunciamos estas políticas que hoy se pretenden legitimar a través del proyecto de reforma del Código Penal.
De nuestra parte, seguiremos haciendo lo mismo que hace casi 30 años: denunciar la política represiva estatal y reivindicar mediante la organización popular, la vida de nuestros pibes.
Por ello, el próximo 27 de agosto nos movilizaremos junto a otras organizaciones del campo popular a Plaza de Mayo una vez más en una nueva y más potente Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
¡Seguimos en las calles, en las plazas y en cada barrio con unidad, organización y lucha!
