Después de reiteradas bravuconadas públicas, en las que la ministra Patricia Bullrich anunció que el gobierno iba a “mostrar que CORREPI sólo dice mentiras”, finalmente el ministerio de Seguridad presentó el “informe” que pretende desmentir los datos del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que construimos desde 1996.
Según publicó el diario Clarín –que se atribuyó un especial “acceso” al documento-, “…la tasa de fallecidos a manos de integrantes de las tres fuerzas (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) bajó en los últimos cuatro años. En 2013, bajo la gestión kirchnerista, fue de 9,4 cada cien mil efectivos (83 casos). En 2017 disminuyó a 4,6 (38 casos)”.
Aunque no se dio a conocer la base de datos –como desde hace más de dos décadas hacemos nosotros, con lo que cualquier persona puede chequear nombres, fechas, lugares y circunstancias de los casos contabilizados- es evidente la manipulación realizada para sesgar a su gusto los datos, empezando con el truco de sacar un índice por cantidad de efectivos, que obviamente baja al aumentar el reclutamiento, como sistemáticamente venimos denunciando.
En primer lugar, sólo habla de “civiles muertos por disparos de PFA, GNA y PNA”, lo que deja de lado los casos de muertes en cárceles, comisarías y otros lugares de detención, que representan casi la mitad de nuestro Archivo, y no incluye al Servicio Penitenciario Federal, fuerza que depende del ministerio de Justicia, ni al personal de los centros de detención de menores que depende del ministerio de Desarrollo Social. Tampoco incluye casos de fusilamientos a manos de otras fuerzas como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las fuerzas armadas (hay casos en nuestro Archivo de Ejército, Marina y Fuerza Aérea), ni los de miembros de agencias de seguridad privada supervisadas por el gobierno nacional.
Respecto específicamente de las “muertes por disparos”, como dice este informe, vale reiterar que CORREPI no lleva un simple conteo de “civiles muertos por disparos”, sino específicamente de aquellos calificables como casos de gatillo fácil (ver “Cómo hacemos el Archivo” en http://www.correpi.org/2017/archivo-2017-cada-23-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/). Aun con esa diferencia, que hace que no incluyamos cualquier caso, sino sólo los fusilamientos de personas que no representaban peligro alguno para su matador ni terceros al momento del hecho, nuestros números son demoledoramente superiores. O en el ministerio no saben contar, o lisa y llanamente mienten. Veamos.
“En 2013 hubo 83 civiles muertos por disparos de agentes federales, en 2014 hubo 96, en 2015 hubo 83, en 2016 hubo 46 y en 2017 hubo 38”. Nos limitaremos, para no cansar, a los datos desde diciembre de 2015. Los anteriores, gobierno por gobierno desde 1983, están a disposición en nuestro sitio. Hemos actualizado parcialmente los datos publicados en diciembre de 2017, y hoy afirmamos que registramos 774 personas asesinadas por alguna fuerza de seguridad del estado desde el inicio de la gestión de este gobierno.
De esos 774 casos, 20 ocurrieron entre el 11 y el 31 de diciembre de 2015; 441 en el curso de 2016; 268 son los relevados hasta ahora en 2017 (no hemos incorporado aún alrededor de 200 muertes en cárceles, la mayoría de la provincia de Buenos Aires, ya que los datos oficiales se publican a mediados del año siguiente) y 45 ocurrieron en los dos primeros meses de 2018.
Ver infografía en video de nuestro Archivo de Casos en: Un muerto cada 23 hs en manos de las fuerzas represivas del Estado, en dos años de Gobierno de Cambiemos.
Si repetimos el mecanismo del ministerio y excluimos las fuerzas provinciales y locales, son 199 casos en ese lapso. Concretamente, frente a los 46 casos de 2016 de los que habla el ministerio, nosotros 84, y frente a los 38 de 2017, tenemos 94. Y sin olvidar que casi 20.000 efectivos de la PFA dejaron de depender del ministerio de Seguridad de la Nación desde el 1º de enero de 2017, para pasar a integrar, junto a los 6.000 efectivos de la ex metropolitana, la Policía de la Ciudad, con lo que es natural que su conteo excluyendo fuerzas locales le de “menos casos de la PFA” a la ministra, sencillamente porque esa fuerza, en lo que hace a personal de comisarías, no existe más. Justamente el dato distintivo del Archivo 2017 fue la cantidad de casos de la “nueva” Policía de la Ciudad, con un récord impresionante de 24 fusilamientos en 11 meses –hoy ya convertido, con los casos posteriores a diciembre, en 27 casos.
Hoy, nuestro Archivo suma 5.519 nombres desde diciembre de 1983, y en los pocos meses transcurridos desde la publicación del Archivo 2017 se sigue confirmando que éste es el gobierno más represor desde entonces, con un promedio de 1,1 persona asesinada por su aparato represivo por día, es decir, una cada 23 horas. Índice que, como consecuencia directa de la “doctrina Chocobar”, no hace más que crecer, al calor del incentivo de Mauricio Macri y su pandilla.
Finalmente, resulta interesante verificar que la ministra, cuando le conviene, sólo se refiere a algunas de las fuerzas bajo su comando, y se desentiende de las restantes y en particular de las provinciales. Sin embargo, a la hora de defender al asesino Luis Chocobar, ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri ni el resto del gobierno nacional repararon en su condición de policía bonaerense, lo que demuestra que, como decimos hace más de 25 años, el gatillo fácil y la tortura son política de estado, llevada adelante por el gobierno nacional y sus socios provinciales con el mismo impulso.
Esta vez, le salió mal el tiro a la ministra. Nosotros y nosotras, las y los “nadies” que militamos en CORREPI, sin otro recurso que la fuerza de los principios y la prepotencia de la convicción, podemos desenmascarar sus mentiras y mostrar el verdadero alcance y extensión de las políticas represivas estatales.
Éste es el gobierno más represor desde el fin de la dictadura, el único gobierno desde diciembre de 1983 que públicamente reivindica el gatillo fácil, el gobierno que tiene presas y presos políticos, el que impone el indulto encubierto de genocidas con las domiciliarias, el que tiene las manos manchadas con la sangre de casi 800 personas en dos años de gestión, como Facundo Burgos, un nene tucumano de 12 años.
Macri es gatillo fácil. Macri es represión.
