Tras 36 horas de agonía, murió Cristian Cortez, el chico de 18 años linchado por un grupo de vecinos del Gran San Juan que lo sindicó como autor de la tentativa de robo de un teléfono celular.
Si bien aún falta saber qué rol cumplió la policía en esta ocasión (la familia de la víctima denunció, si no la participación activa compartiendo la agresión, al menos la omisión permisiva), cobra vigencia lo expresado por CORREPI cuando en 2014, esa vez en Rosario, otra horda de vecinos “indignados” mató de la misma manera a David Moreira.
Decíamos entonces que “estos episodios revelan hasta dónde la subjetividad popular está infectada por la psicosis del robo y el discurso del temor y el manodurismo que todo lo permite, hasta el asesinato”.
Pero esto no es sólo el producto de la propaganda o la formulación mediática, que vaya si tiene responsabilidades en cada una de estas muertes. Hay una tensión social que se expresa como consecuencia de las políticas económicas que sólo pueden aplicarse -y legitimarse- con un despliegue represivo de incomparable magnitud.
El gobierno de Cambiemos ha desatado con saña y cinismo sobre las grandes mayorías populares una combinación de actos represivos que, completados con el accionar judicial legitimador, hace del estado de excepción la regla de su mandato.
La “doctrina Chocobar” no es otra cosa que la autorización oficial para que estas conductas se generalicen. Los aplausos y el reconocimiento de las más altas autoridades a los uniformados por sus prácticas de gatillo fácil y torturas en sitios de detención, estimulan que en similares ocasiones otros hagan lo mismo.
En medio de una crisis como la que atravesamos, estas prácticas se incrustan en el tejido social hasta convertirse en una auténtica válvula de escape de las peores reacciones.
Es probable que ni siquiera reparen los “honestos ciudadanos que pagan sus impuestos” y que suelen aplaudir o directamente protagonizar estos cobardes crímenes, que se hanconvertido en asesinos en mérito a la defensa del derecho de propiedad.
Probablemente en la naturalización de sus barbaries, se resuma el “éxito” al que nos condena como sociedad el capitalismo,
“Si mi hermano era un chorro, ellos son asesinos”, expresó brutal pero inmejorablemente la hermana de José Luis Díaz, otra víctima de la misma conducta en junio de 2014, en Córdoba.
Definición en la que entran también aquellas altas autoridades empeñadas en regar con sangre joven y pobre los cuatro rumbos cardinales del país que gobiernan: Cristian Cortez, con 18 años, fue linchado en San Juan casi en simultáneo con las declaraciones de la ministra Bullrich, que avaló y alentó la matanza de pibes en los barrios al calificar como “defensivo” el fusilamiento de Facundo Ferreyra, el pibe de 12 años masacrado en Tucumán por la policía del gobernador Manzur.
A diferencia del gatillo o la tortura, el linchamiento no es un crimen preparado, pero no existen dudas que el estado lo andaba buscando.
