En la mañana del 20 de Abril de 1991, Graciela, la madre de Walter, estaba tranquila en su casa creyendo que su hijo, que la noche anterior había ido a un recital de rock, se había ido muy temprano al campo de golf en el que trabajaba como “caddie”. En ese momento, llegó un amigo de Walter que le da la terrible noticia: Walter estaba detenido en la comisaría 35°, luego de que se lo llevara la policía junto a más de cien chicxs que esperaban en las inmediaciones del estadio para entrar al recital. Graciela llamó a Víctor, padre de Walter, y ambos fueron corriendo a la comisaría para saber qué le había pasado a su hijo. Al llegar, les dijeron que su hijo estaba internado en el Hospital Pirovano, porque estaba “borracho y drogado”. Una vez en el hospital, le comunicaron a Graciela y a Víctor que su hijo había sido trasladado al Hospital Fernández porque necesitaban hacerle unas radiografías que el Pirovano no podía cubrir por falta de insumos. Recién pasadas las once de la noche, pudieron ver a su hijo, que para ese entonces casi no podía hablar. Finalmente, luego de que fue trasladado al Sanatorio Mitre, Walter falleció el 26 de abril de 1991. El Dr. Fabián Vítolo, quien lo recibió en el Hospital Fernández, contó que Walter llegó a decirle que había sido la Policía la que lo había golpeado.
La familia de Walter no estaba sola. Lxs estudiantes del Nacional Rivadavia realizaron una marcha desde el colegio al Congreso. Miles de jóvenes acudieron a la convocatoria, y tanto Víctor como María Armas, abuela de Walter encabezaron esa marcha. Desde un primer momento, fueron conscientes de que el estado intentaría ocultar la muerte de su hijo tras un halo de impunidad, que la única forma de hacer justicia era movilizándose y visibilizando el caso. También fueron conscientes de la magnitud del monstruo al que se enfrentaban: el aparato represivo estatal. Nunca esperaron nada de parte del estado, ese mismo estado que había asesinado a su hijo, y por eso decidieron llevar la lucha de manera independiente, sumándose a un incipiente movimiento antirrepresivo que había tenido su germen durante las movilizaciones de vecinxs por la Masacre de Budge, el fusilamiento del “Peca” Rivero en la Matanza, y otros hechos que habían dejado bien en claro que la tortura y los fusilamientos por parte del aparato represivo del estado no habían desaparecido con la llegada de la democracia.
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Las movilizaciones continuaron y fueron convocando a cada vez más gente. La lucha que comenzó en las calles empezó a tomar cauce por la vía judicial, buscando que se castigue a los responsables de la muerte de Walter. En 1992, después de nueve meses de secreto de sumario y dos de declaraciones testimoniales, el comisario Espósito, el jefe del operativo en el que se desplegó la razzia aquella noche y el que había golpeado a Walter, fue sentenciado a prisión preventiva para ser excarcelado dos horas más tarde. Tiempo después sería sobreseído por la sala 6° de la Cámara de Apelaciones. La querella de la familia interpuso un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia gracias al cual se logró que se lo vuelva a procesar a Espósito, pero solamente por el acto de “privación ilegal de la libertad”. Recién en 1996, la fiscal Mónica Cuñarro y la querella presentaron sus acusaciones pidiendo que se apliquen penas: la fiscal pidió 15 años de prisión y 30 de inhabilitación absoluta para Espósito, y la querella pidió que se aplique la pena máxima de 6 años por el delito juzgado. Luego de esto la causa fue paralizada por un año, hasta que desde CORREPI junto al CELS y el CEJIL denunciamos al estado argentino por las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los ataques por parte de la justicia burguesa a la familia de Walter continuaron, y la sala 6° de la Cámara de Apelaciones resolvió apartar de la querella a la madre de Walter, justificándose que era legítima su participación en una causa relacionada específicamente a la muerte de Walter, pero no en la de privación ilegal de la libertad. Luego de esto, se decretó la prescripción de la acción penal. Un año más tarde, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino, pidiendo que se llegue en un lapso razonable a la sentencia correspondiente, y obligándole al estado derogar las leyes que permiten las detenciones arbitrarias. Ninguno de los dos pedidos fueron escuchados. Por un lado, continuó poniendo palos en la rueda de los familiares y los organismos de DDHH que continuaban su incansable lucha para conseguir justicia por Walter, y por el otro, continuó profundizando cada vez más las razzias, las detenciones arbitrarias, las torturas y los fusilamientos llevados adelante por parte de su aparato represivo, buscando disciplinar a los sectores en lucha.
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En el 2011, Espósito tuvo que enfrentar la instancia del juicio oral, solo por privación ilegal de libertad. El viernes 8 de noviembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 dictó una sentencia insignificante para un torturador: tres años de condena en suspenso. Desde CORREPI respondimos en ese momento frente al fallo: “Ésa es la respuesta del poder judicial argentino, 22 años y medio después, frente a una razzia en la que se detuvo sin razón alguna casi un centenar de jóvenes, que fueron trasladados a palazo limpio a la comisaría, para luego ser paulatinamente liberados, tan discrecionalmente como se los detuvo. Tres años de prisión en suspenso para uno solo de los responsables, el que dirigió el procedimiento y conducía la comisaría”.
Al día de hoy, podemos ver cómo el mismo estado que asesinó a Walter hace ya 27 años, continuó profundizando sus políticas represivas dirigidas a disciplinar y callar a los sectores en lucha. A lo largo y a lo ancho del país son miles los casos que vemos diariamente de detenciones arbitrarias que, como afirmamos siempre, son la puerta de entrada a las torturas seguidas de muertes en cárceles y comisarías. Esa facultad que otorga el estado de permitir a sus perros guardianes guiarse por su olfato, no es más que una medida tomada con la finalidad de mantener a lxs jóvenes de nuestros barrios callados y con miedo de alzar su voz frente a las injusticias a las que son sometidos día a día.
Pero si hay algo que debemos recoger como enseñanza de luchadorxs como Mary, Víctor y Graciela, es que no debemos rendirnos nunca en la búsqueda de justicia. A pesar del laberinto judicial en el que cayó la causa por la muerte de Walter, a pesar de los intentos de la justicia burguesa de congelar la causa, ellxs alzaron su voz y llevaron la lucha hasta las últimas consecuencias. “Yo aprendí a luchar cuando la policía mató a Walter”, decía Mary cuando le preguntaban de dónde sacaba la fuerza. Tenía 62 años cuando su nieto de 17 fue asesinado por la policía, y pasaban los años y la encontrábamos en cada marcha, cada movilización, cada juzgado. Porque ella, la abuela de todxs, veía en cada pibe a Walter y en cada Policía a Espósito; sabía que la lucha era estando en las calles. A partir de entonces, su cara humilde y sufrida, detrás de esos anteojos que le sirvieron para conocer las atrocidades de un sistema aniquilador y desquiciado, se convirtió en el ícono de la lucha antirrepresiva. A su paso floreció ese movimiento antirrepresivo que tomó la imagen de Walter como bandera, y que continúa creciendo cada vez más. Congregando cada vez más gente que no está dispuesta a resignarse y sale a las calles, como lo hicieron los familiares de Walter y esos miles de estudiantes y jóvenes en 1991, para gritarle bien fuerte al estado represor que no van a soportar la injusticia, y no dejarán caer en el olvido a sus seres queridos. Hoy, 27 años después, continuamos en la misma lucha, en la búsqueda de justicia por Walter y por todas las vidas que nos arranca este estado al servicio de los intereses de los poderosos, este estado represor y asesino. Por eso, seguimos y seguiremos diciendo:
CONTRA LA REPRESIÓN
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA
WALTER BULACIO
¡¡PRESENTE!!
