Germán Moldes, fiscal ante la Cámara Federal porteña, presentó ayer ante la Sala II un pedido de nueva detención de los militantes del Partido Obrero, César Arakaki y Dimas Ponce, antes detenidos y liberados en el marco de la causa iniciada luego de la represión sobre la gigantesca movilización del 18 de diciembre contra el despojo previsional y de la AUH.
Moldes propone que sea aplicada la figura de rebelión, que contempla penas de 5 a 15 años de prisión, delito que consiste en alzarse en armas contra el orden constitucional. Pese al absurdo manifiesto, el dislate jurídico pasa a segundo plano. En una sociedad que late entre intereses antagónicos permanentes, Moldes personifica la aspiración máxima de los operadores judiciales del sistema: que rija sin límite alguno el derecho de la clase dominante.
Sabido es que la protesta social tiene en la casta de “juristas” del nivel de Moldes, la concreta posibilidad de vulnerar el límite que los enunciados del estado de derecho y la democracia institucional le ponen al uso monopólico de la fuerza por parte del estado y que nosotros catalogamos como REPRESIÓN.
Es que Moldes sabe, como lo sabe el gobierno al que responde, que los niveles de conflictividad social que generan sus políticas de ajuste, despidos masivos y profundización de la brecha social entre los pocos que mucho tienen y los muchos que poco y nada poseen, entran en colisión con esos enunciados abstractos.
Por eso su tarea es la de rastrillar el código penal y elastizar las figuras todo lo que se pueda, hasta aplicar las penas más duras, aun a riesgo de incurrir en aberrantes prácticas y desafiantes criterios restrictivos del ejercicio de los derechos, con apariencia de legalidad.
El gobierno tiene, en el fiscal Moldes, un ministro sin cartera. Gobernar con el Código Penal en la mano es indispensable para llevar adelante su política. Instalar estas bravuconadas, perseguir con el énfasis que lo hace Moldes, al punto de llamar “agresiva caterva” a los que se manifiestan, junto con “socorristas, profesionales, comunicadores, y organizaciones sociales”, sirve para fundar sus editoriales.
Cualquiera sabe que estos delitos rara vez sirven para condenar, pero resultan útiles para tratar de desalojar las calles a través de la extorsiva prisión preventiva. Disciplinamiento, al más puro y concreto estilo de la democracia formal y procedimental, en pleno estado de excepción, que el fiscal Moldes defiende como cruzado.
Moldes es el gobierno en Comodoro Py. El gobierno, que teme a las masas, tiene un fiscal que las estereotipa y estigmatiza. Todo lo que es expresión genuina del pueblo, destinado a poner límites al hambre y a la creciente miseria, es reprimido con las fuerzas de seguridad primero, y perseguido, después, con los heraldos de Retiro.
El despliegue de fuerzas -nunca antes visto-, el pertrechamiento, el vallado que sitió al centro de la ciudad, la feroz y encarnizada represión desatada sobre miles de manifestantes, no entran en la valoración del fiscal Moldes, para quien la violencia la ejercen siempre los que protestan. La justicia, según Moldes, debería determinar que convocar a una movilización es un acto preparatorio del delito, movilizarse es en sí mismo un delito de peligro, y defenderse de la provocación es consumar el “delito de protesta”.
Es que Moldes, sin ponerse colorado, apela al misticismo religioso para mostrarnos de qué lado se para la justicia: le agradece a Dios estar atento y alerta pues sin su mano milagrosa no hubiéramos evitado tener consecuencias letales. Si alguno pretende que Santiago Maldonado y Rafael Nahuel lo hayan sido, se equivoca, forman parte de la “agresiva caterva”.
Más que fina sintonía y misma frecuencia, mucho más que el espanto, a Moldes y al gobierno que felicita a policías de gatillo fácil y promueve a gendarmes y prefectos que persiguen y matan por ahogamiento o por la espalda, los une una comunidad de intereses. El gobierno ejecuta en las calles y Moldes lo completa en Comodoro Py. Los empresarios celebran en sus barrios privados. Unos y otros responden a esa particular manera de expresar su “división del trabajo”.
Le queda al pueblo construir con paciencia, inteligencia y perseverancia el rechazo a estas políticas de estado. Mientras tanto, y a pesar del gobierno y de su fiscal de Cámara, seguiremos llenando las calles de protesta y movilización, de bombos redoblando en las ventanas de sus despachos, de unidad y más unidad, de resistencia y más resistencia, de solidaridad, organización y lucha.
¡Libertad a lxs compañerxs detenidos del 14 de diciembre!
Cierre de las causas contra lxs manifestantes del 1 de septiembre, el 11, 14 y 18 de diciembre.
Basta de perseguir a Dimas Ponce, César Arakaki y Sebastián Romero.
¡Basta de criminalizar la protesta!
