El bombardeo de noticias sobre el ARA San Juan, el “vaciamiento de las fuerzas armadas”, el terrorismo, narcotráfico y la tan preciada falta de “seguridad” esbozada por los medios hegemónicos de desinformación, les abrió el paso para insistir nuevamente con el intento de desplegar a los militares a la calle como en la época cercana más siniestra.
El control social es, sin lugar a dudas, el hecho que los impulsa a tomar la decisión, no es casual que el pedido de reforma de la FFAA venga justo después de las inmensas movilizaciones contra el proyecto de reforma previsional que impulsó el gobierno de macri en diciembre.
El ministro de defensa Oscar Aguad creo a pedido del presidente el “Grupo de trabajo ley de personal militar”. No sorprende que le sea encomendado a él, ya que es abiertamente defensor de genocidas, (recordemos que en Córdoba nombró y defendió al conocido torturador Carlos “Tucán” Yanicelli al frente de la jefatura de inteligencia de la policía provincial, hoy condenado a prisión perpetua).
El discurso oficial es el intento de reestructuración y reducción de gasto con la modificación de la Ley 19101, que rige desde 1975, donde se adelantó que prefectura será absorbida por la armada, la fuerza aérea sederá bases navales, habrá una separación de las ramas operativa y administrativa, se unificarán en un solo edifício el ejército la armada y la fuerza aérea y habrá un mayor control civil, entre otras.
Al margen de las pantallas de humo que hacen sus justificaciones, nosotrxs sabemos que cualquier intento de reforma es un ataque pensado a los sectores populares. Las directrices son más que obvias, buscan imponer a como dé lugar sus políticas de ajuste, las herramientas son muchas y todas apuntan a mejorar las condiciones de la clase dominante.
A esto tenemos que sumar el intento constante de instalar la llamada “reconciliación” con los genocidas. Sin ir más lejos hace unos días se realizó un homenaje para recordar a los militares caídos en el asalto realizado por el ERP a la guarnición de Azul encabezado por el jefe del estado mayor Sergio Suñer; donde se escucharon las repudiables palabras del diputado del pro Nicolás Massot en una entrevista con Clarín “con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación”, las palabras de Macri desconociendo a los 30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs, o el avance de la pata judicial del estado otorgando a diestra y siniestra prisiones domiciliarias a personajes nefastos de nuestra historia; son una muestra más de esta política macabra de atacar a la memoria y avanzar contra el pedido de justicia del grueso de la población.
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La única salida para enfrentar estos embestidas son la unidad y la resistencia, hay que sacar conclusiones de las jornadas diciembre, donde a pesar de que haya pasado la reforma previsional, el costo político no fue menor: tuvieron que dar marcha atrás con el intento de aprobar la reforma laboral como un paquete único, ahora intentan hacerla con una atomización por sectores, a cuenta gotas, y el ataque a las paritarias, convirtiéndolas en paritarias testigo.
Repudiamos enérgicamente el patrullaje interno de las diferentes fuerzas y la militarización en nuestros barrios, sabemos que eso solo trae más persecución, hostigamiento, aprietes y muerte para nuestrxs pibxs, esta reforma quiere afianzar y agudizar aún más la escalada represiva, desplegando militares en el territorio. Reconciliación y represión van de la mano para la alianza Cambiemos.
