Entre las diversas consignas, una de las más destacadas fue el pedido de libertad para lxs luchadorxs populares detenidxs por manifestarse en contra del saqueo al pueblo trabajador mediante el paquete de reformas. Estas detenciones tienen la clara finalidad de criminalizar y amedrentar a lxs que luchan y se organizan por sus derechos. Actualmente, dos compañeros del Paritdo Obrero se encuentran detenidos: César Arakaki (desde el 29 de diciembre), y Dimas Fernando Ponce (desde el 9 de enero). A ambos se los acusa de haber lesionado policías durante la manifestación. Pero ello no puede ser contrastada con ninguna prueba o evidencia que la sustente. Por otro lado, aún hay cinco personas privadas de su libertad desde la jornada del 14 de diciembre donde Gendarmería desató una cacería.
Otra vez, el aparato judicial, cómplice del gobierno, continúa negando la excarcelación de lxs compañerxs detenidxs bajo el pretexto de que “podrían entorpecer las investigaciones de las causas”. Esta decisión es una prueba clara del plan sistemático de amedrentamiento y criminalización hacia los sectores en lucha. También continúa la persecución del compañero Sebastián Romero, militante del PSTU, por manifestarse el 18 de diciembre. A él se lo acusa de ser una “pieza clave en un plan de rebelión”; acusación que también carece de sustento alguno.
La convocatoria también motivó la necesidad de manifestarse ante la medida del poder judicial de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a los genocidas de la última dictadura cívico-militar-ecleciástica: Miguel Etchecolatz, Antonio Musa Azar y Norberto Bianco. El hecho constituye un indulto encubierto. Las multitudes ayer en los disintos puntos del país que fueron sede de las movilizaciones gritaron bien fuerte al gobierno nacional –así como lo hicieron durante las jornadas de escrache que hubo en los diferentes lugares en los que están ahora estos genocidas-, que el único lugar para estos asesinos, artífices de los más horrorosos crímenes de lesa humanidad, es la cárcel común.
El pedido de justicia por los compañeros Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, caídos por solidarizarse con la lucha del pueblo mapuche, al cual el gobierno continúa demonizando y criminalizando, fue parte de las banderas levantadas. Asimismo, se repudió a las brutales represiones descargadas contra el pueblo wichí en la provicia de Formosa.
La movilización concluyó con la lectura del documento unificado, redactado en conjunto por todas las organizaciones que componen el EMVyJ. Además de los puntos mecionados, se hizo hincapié en algo que, en estos contextos, es muy importante recordar: es indiscutible que el gobierno de Cambiemos busca cercenar cada vez más los derechos y garantías del pueblo, “intentando instalar un virtual estado de excepción” profundizando las políticas represivas. Pero la resistencia por parte de los sectores en lucha crece día a día a lo largo y a lo ancho del país, y es cada vez más contundente. Seguimos y seguiremos en las calles.
