En distintos años, en diferentes lugares, y con sus respectivas particularidades, el 18 de marzo es una fecha signada por un hecho común para lxs compañerxs militantes y familiares organizadxs en CORREPI: la muerte en manos de las fuerzas represivas, la represión como política de estado.
Nicolás Romero, Pablo Borja, Ramón Oviedo y Marcelo “Peca” Rivero fueron asesinados por las distintas fuerzas avaladas por el aparato represivo estatal, garantizando además la impunidad de sus ejecutores en varios casos, ya sea sin condena o con penas leves.
Marcelo “Peca” Rivero
Todavía soplaban los tibios aires de la “primavera democrática” cuando Marcelo “Peca” Rivero fue fusilado, junto a Orlando Sequeiros, por personal de la comisaría de Rafael Castillo. Era el 18 de marzo de 1989.
Su mamá, Estela, se sumó a otras leonas como María Armas (la abuela de Walter Bulacio), Olga Castro (mamá de Sergio Durán), y Delia Garcilazo (mamá de Rodolfo “Fito” Ríos), y formó con ellas el grupo de familiares que a principios de los años 90 dio forma y le puso garra y corazón a lo que hoy es CORREPI.
Llegamos tarde a la causa judicial. El encubrimiento oficial ya había hecho su tarea y a pesar de los esfuerzos, que no fueron pocos a lo largo de los años, los asesinos quedaron impunes.
Estela, y Ricardo, su compañero, entendieron como pocos que aunque nos cierren la puerta de la justicia del sistema, la pelea es en la calle, y usando todos los recursos a nuestro alcance.
El “Peca” nunca dejó de estar presente en todas las movilizaciones antirrepresivas, y Estela siempre estuvo ahí para acompañar a tantísimos familiares de otras víctimas de la represión estatal, convencida de que la lucha organizada es la única salida.
En 2006, la familia fue golpeada de nuevo, cuando el policía bonaerense Cristian Luján González fusiló a Romina Lemos, de 15 años, sobrina nieta de Estela.
Esta semana nos notificaron de la confirmación de la pena de 11 años de prisión para González por el asesinato de Romina, esa niña que tantas veces vimos en brazos de su tía abuela en las movilizaciones por el Peca.
A 30 años del asesinato del Peca Rivero, queremos homenajear la lucha de su madre, nuestra compañera, por el Peca, por Romina y por todas las víctimas de la represión estatal.
Ramón Oviedo
El 18 de marzo de 2017, Ramón Oviedo cumplía 30 años. Ese mismo día murió en la comisaria de Boulogne. A las 17 hs. entró a una casa, en la esquina de las calles Ipiranga y Gascón, sin intenciones de lastimar a nadie, estaba alterado y delirando. Necesitaba atención médica.
La pareja de personas mayores que lo recibió llamó a la policía. Los efectivos, ante la clara evidencia de que necesitaba asistencia, se lo llevaron a la comisaría a los golpes. Esa fue la última vez que fue visto con vida.
Allegados dicen que los policías le pegaron salvajemente en la puerta de la seccional. Momentos después los médicos del Hospital de Boulogne llegaron al lugar y lo encontraron golpeado y muerto en la entrada de la comisaría, dentro la caja de la camioneta de la policía.
Como decimos siempre, la policía no está para cuidarnos, no existe nada más inseguro que la custodia policial. Las muertes en lugares de detención son la primera causa de muerte en manos del estado, tal como reflejamos en nuestro último informe, representando cerca del 50% del total. La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. La decisión política del gobierno de Cambiemos de intensificar la intercepción de personas para identificar y requisar bajo la excusa de que “lo hacen para cuidarnos”, que en muchísimos casos derivan en detenciones arbitrarias para averiguar antecedentes o imputaciones de contravenciones y delitos como la siempre dúctil “resistencia a la autoridad”, ha incrementado la circulación de personas en comisarías. El gobierno de Macri y Bullrich han potenciado esta modalidad, que es una de las principales a lo largo de todos los gobiernos desde 1983. Esto confirma que es una política de estado, gobierne quien gobierne.
Nicolás Romero y Pablo Borja
Nicolas Romero y Pablo Borja eran amigos de toda la vida. Ambos tenían 18 años y se conocían del barrio en el que habian compartido su infancia.
Nicolas era el mayor de 7 hermanxs, le gustaban las motos y su gran gusto por el canto y la musica lo habian llevado a armarse una banda de cumbia con amigxs del barrio.
Pablo era un pibe muy activo, trabajaba ayudando a su papa en la construcción, con su hermano en una carnicería y además tenia su propia heladería. Al igual que a Nico, a Pablo le encantaban las motos y se la pasaba haciendo amigxs nuevxs, siempre con alegría.
La noche del 18 de marzo del 2015 en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, Matías Héctor Castaño, cabo 1° de la seccional 49 de la Policía Federal, asesinó a Nicolás y a Pablo.
Desde ese 18 de marzo en el que el estado con su política represiva, de la mano de Castaño, les arrebataron a sus seres queridos, las familias de Pablo y Nicolas supieron que debían salir a la calle a luchar.
Queda plasmado en las palabras de Adriana, tía de Nicolas:
“El 18 de marzo de 2015, 4 días antes de que Nicolas cumpla 19 años, el policía Matías Héctor Castaño fue juez y verdugo de Nico amparado por el estado represor que hoy 18 de marzo de 2019 lo volvieron a matar quitándo la posibilidad de sentar al represor en el banquillo de los acusados. Por que el gatillo fácil es ley, porque el estado brinda a los asesinos de nuestros pibes todo su apoyo para que gocen de total impunidad.
Ese 18 de marzo me cambió la vida por completo, tuve que ser fuerte y aprender a luchar para no dejar caer a mi familia porque Nicolás era un pibe alegre con toda una vida por delante que trabajaba en un taller de GNC , que no le gustaba ver mal a nadie, él era la chispa de la familia, siempre salía con algo para hacernos reír. Nunca bajaré los brazos , él sigue vivo en la voz de cada compañero que sale a luchar”
Las familias de Nico y de Pablo los volvieron a llorar tras recibir la noticia de que el asesino de sus seres queridos sería sobreseido del hecho. Por que como sabemos a esta altura, las fuerzas de seguridad no funcionan de manera independiente, sino que se encuentra amparada por el poder judicial, que se encarga de librar de culpa y cargo a lxs asesinos de uniforme.
Aun así, sabemos que la lucha no termina y continua día a día, saliendo a la calle por cada unx de lxs 6564 pibes asesinadxs por el aparato represivo estatal.
Como hemos hecho históricamente, desde CORREPI
sostenemos que esa lucha organizada será la justicia para nuestrxs pibxs y en las calles nos encontraremos quienes ayer y hoy gritamos:
BASTA DE GATILLO FÁCIL
BASTA DE REPRESIÓN
NO ES UN POLICÍA
ES TODA LA INSTITUCIÓN
