En la última década, la violencia machista en Argentina generó un incremento evidente en el porcentaje de femicidios. El registro pasó de uno cada 40hs. en 2008 a uno cada 18hs. en la actualidad. Desde la primera convocatoria en Congreso con la consigna “Ni una menos”, el 3 de junio 2015, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, agrupaciones y colectivos feministas, le dieron una enorme visibilidad al reclamo.
En CORREPI sostenemos que perpetuar la violencia patriarcal es responsabilidad estatal. Los gobiernos nacional y provincial redujeron el presupuesto para las políticas de prevención y asistencia de violencia de género; el sistema judicial ejecuta fallos revictimizantes (como la impunidad de los femicidas de Lucía Perez), y las consecuencias del endeudamiento con el FMI impactan con mayor fuerza sobre mujeres y disidencias.
Para sostener este entramado patriarcal y capitalista, es necesario el aparato represivo del estado. Por eso, denunciamos la responsabilidad de la policía y las fuerzas armadas en los casos de encubrimiento frente a las denuncias de violencia machista; la complicidad íntegra en el armado y funcionamiento de redes de trata; y la tortura en situaciones de encierro, (como los casos de Elsa y Janet, muertas en la Cárcel de Bower en la Ciudad de Córdoba debido a las pésimas condiciones de detención y a la represión sufrida por reclamar mejoras reales).
Denunciamos que la primera causa de los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad estatal hacia mujeres, trans y travestis responden directamente a la opresión de género. En nuestro último archivo de casos, registramos que una de cada cinco víctimas de femicidio es, a la vez, víctima de las fuerzas represivas. El porcentaje de femicidas policías, gendarmes y de las FFAA, incrementó al 30% en lo que va de 2019.
También, registramos que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar, son a la vez femicidios de uniforme. 38 femicidios relacionados (casos en que también son asesinados otros familiares, nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima) y casi un tercio de estos femicidios relacionados, tienen a niñxs como víctimas.
Otro capítulo desgarrador es el caso de las compañeras travestis y trans. En lo que va del año, se contabilizaron, sólo de casos publicados en los medios, más de 30 travesticidios y transfemicidios (que incluyen crímenes de odio y travesticidios sociales). En este colectivo, históricamente reprimido y segregado, hay una muerta cada 96 hs y el estado es el principal verdugo.
También seguimos exigiendo justicia por los casos lesboodiantes de represión policial, como el de Mariana Gomez. Mariana fue violentada y detenida en la estación de Constitución por besar a su esposa. Hace diez años está aprobada la ley de matrimonio igualitario pero la heteronorma castiga estas expresiones con persecución y violencia.
Otro caso más es el de Analía “Higui” de Jesús, procesada por defenderse de un ataque que pretendía realizar una violación grupal. Higui ya había sufrido innumerables ataques por ser lesbiana. Y hoy está libre gracias a la lucha en las calles, aunque todavía exigimos su absolución.
Este 3 de junio, salimos a las calles en la columna de la Campaña Nacional contra las Violencias hacias las Mujeres, gritamos por lxs que ya no tienen voz y exigimos
