Sergio tenía 17 años cuando, el 6 de agosto de 1992, fue detenido por “averiguación de antecedentes” y trasladado a la Comisaría 1ª de Morón, de donde salió moribundo 12 horas después. Llegó muerto al hospital. En la primera autopsia, el forense dijo que había fallecido por “una intoxicación por sustancias que hubiere ingerido”, sin especificar cuáles, y que las marcas que tenía en los testículos correspondían a “señales de rascado”. No había ningún análisis químico que avalara esa hipótesis, y en el informe no se hacía referencia al origen traumático de varias lesiones que presentaba el cuerpo.
Los familiares de Sergio, junto con CORREPI, comenzaron un largo peregrinaje que incluyó marchas, escraches y hasta una huelga de hambre frente al juzgado de Morón. Finalmente lograron arrancar una nueva autopsia, que determinó que la víctima había sido torturada durante más de ocho horas con el “submarino seco” (una bolsa de polietileno en la cabeza para provocar asfixia) y con picana eléctrica en los testículos. Las nuevas pericias también determinaron que el joven había sufrido lo que se llama “masturbación violenta”, una práctica sádica para aumentar el dolor de la picana hasta límites inaguantables.
La muerte, decía el nuevo informe, se produjo por un “un mecanismo reflejo que causó un paro cardio-respiratorio”. En otras palabras: Sergio murió de dolor.
Era la primera vez, desde 1983, que se comprobaba la utilización de la picana en una comisaría de la policía bonaerense, fuerza que inventó esa herramienta de tortura casi un siglo atrás.
Hasta que el informe anátomo-patológico probó el pasaje de corriente eléctrica en los testículos, por el asesinato sólo estaba detenido el subinspector Jorge Ramón Fernández, quien antes de las torturas había sacado a Sergio de la celda diciéndole “Vení pibe, que ya te vas”. Cercado, Fernández acusó a cuatro de sus compañeros por las torturas: el subcomisario Miguel Angel Rojido, el cabo Raúl Rodolfo Gastelú, el oficial Luis Alberto Farese y el cabo Hugo Nicolosi. Los cuatro integraban el servicio de calle de la comisaría. Allí se los vio por última vez: mientras el juez redactaba las órdenes de captura, todos se dieron misteriosamente a la fuga.
En los primeros días de octubre de 1995 el subinspector Fernández fue condenado, en soledad, a cadena perpetua como partícipe necesario del delito de aplicación de tormentos seguida de muerte.
Las “pesquisas” oficiales continuaron, pero todos los operativos ordenados por la justicia y la fiscalía fracasaron: cuando daban con ellos, los prófugos se escapaban caminando o por los techos. En cambio, la familia, los testigos y los militantes de CORREPI sufrieron todo tipo de presiones. Los presos de la comisaría que atestiguaron lo que vieron, padecieron armados de causas por supuestos motines, y varios de ellos murieron sospechosamente. Uno de los abogados de CORREPI que llevaba la causa, enfrentó un proceso por desacato cuando denunció que en torno al caso se había tejido un “pacto policial-judicial”.
En octubre de 1996, Rojido y Gastelú fueron ubicados por CORREPI y los familiares de Sergio. Estaban prófugos en su propia casa, a la vista de todo el mundo, menos de la justicia y la policía. CORREPI, con la colaboración de un solidario programa de televisión, instaló cámaras ocultas frente a ambos domicilios, logrando el documento que obligó a su detención. Con los videos en la mano, CORREPI fue donde el juez Jorge Carreras, que terminó trabajando de madrugada para detener a los poco escondidos prófugos; sacó de la cama al entonces flamante jefe de la policía bonaerense, el comisario Vitelli y lo comprometió personalmente con las detenciones. El Día de la Madre de 1996, ambos policías fueron detenidos en sus domicilios.
Un año después, fue descubierto el tercer prófugo, Luis Alberto Farese, quien, a pesar del pedido de captura en su contra, seguía cobrando su sueldo de policía normalmente. Sin embargo, la historia de los prófugos de fuga fácil no terminó allí. El 4 de febrero de 1998, Farese se escapó caminando, vestido con uniforme policial, de la comisaría donde estaba alojado.
En 1999, al cumplirse tres años de su detención sin que se realizara el juicio, la Cámara de Morón dio el privilegio de la excarcelación a Rojido y Gastelú.
El 20 octubre de 2003, once años después del crimen, comenzó el segundo juicio oral contra Nicolosi, detenido, y Rojido y Gastelú, excarcelados. Ninguno de los dos se presentó el primer día de audiencia. El 21 de octubre de ese año, se libró nueva orden de captura nacional e internacional contra los dos torturadores. El juicio continuó sólo contra Nicolosi, que fue condenado a prisión perpetua como coautor del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Sergio Gustavo Durán.
Nuevamente, frente a la inacción deliberada estatal, CORREPI buscó a Gastelú, y lo encontró antes que la justicia y la policía. En abril de 2004, gracias a la ayuda de los vecinos del Barrio Trujuy, en Moreno, se comprobó que el torturador vivía en el mismo domicilio que figuraba en su legajo policial y caminaba apaciblemente por las calles. Las filmaciones obtenidas tras varios meses de paciente y prolijo seguimiento fueron entregadas a la justicia, que encomendó la captura al ministerio de Seguridad provincial. El ministro León Arslanián estrenó para la ocasión una brigada “antiprófugo”, que protagonizó un fenomenal blooper en Moreno. Alertado por el escandaloso operativo, nuevamente Gastelú escapó. La pantomima quedó retratada en una nota de Pagina 12 de julio de 2004, escrita por el periodista Carlos Rodríguez, titulada “Una nueva perlita del grupo Halcón“.
Una nueva campaña de CORREPI con afiches con la cara del prófugo, que pregonaban “Si lo ve, NO le avise a la policía”, permitió que Gastelú fue recapturado en la Nochebuena de 2004, en la misma zona oeste del conurbano donde siempre se movió. En el tercer juicio del inacabable proceso, a fin de abril de 2005, el cabo fue condenado, como los dos anteriores, a prisión perpetua por el delito de tortura seguido de muerte. Rojido y Farese seguían prófugos.
En 2008, un anónimo llegado por correo electrónico denunció a CORREPI que el oficial subinspector Jorge Ramón Fernández, el primer condenado por el crimen, estaba en libertad hacía tiempo, y trabajaba como Jefe de Operaciones en la empresa de seguridad y vigilancia privada Segur Part SA, en la calle Bartolomé Mitre 1131 de la ciudad de Morón, a cuatro cuadras de los tribunales y a ciento cincuenta metros de la comisaría donde Sergio Durán murió en la tortura.
El 16 de diciembre de 2003, al cumplirse diez años de su detención, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón le concedió la excarcelación. La denuncia pública que hizo CORREPI sobre la escandalosa situación de un condenado por tortura seguida de muerte trabajando con permiso de la justicia y el poder ejecutivo provincial en una empresa de seguridad privada logró, apenas, que lo echaran del trabajo. Hoy Jorge Ramón Fernández sigue libre, y es frecuente verlo en los pasillos de los tribunales de Morón, ya que usó su tiempo libre con subsidio oficial para recibirse de abogado en la Universidad de Morón. Nicolosi y Gastelú, los otros dos condenados, también salieron en libertad hace rato.
El caso de Sergio Duran, el “Gondi”, como cariñosamente lo recuerdan sus familiares y allegados, fue un caso testigo que evidenció cómo se reprime en democracia, en particular con el resultado fatal de las muertes en lugares de detención, que a febrero de este año, de acuerdo a nuestro Archivo de Casos, suma 3.074 asesinadxs desde 1983. Además, demostró cómo funciona el dispositivo estatal para garantizar la impunidad para garantizar las fugas consecutivas de los torturadores.
Pero como contraparte, también puso sobre la mesa la necesidad de generar y promover la organización independiente y la lucha consecuente para poder visibilizar la situación y denunciar al Estado y sus verdugos.
Olga Castro, la mamá de Gondi, y Marcela, su hermana, se calzaron la mochila al hombro y junto con otrxs compañerxs familiares (Delia Garcilazo, Estela Rivero y María Armas) y compañerxs militantes fueron el primer núcleo organizativo que vio nacer y crecer a CORREPI.
Las compañeras supieron hacer de la lucha una escuela constante de militancia para quienes se sumarían luego a pelear contra el aparato represivo estatal, producto de las balas que dispararon distintos gobiernos, pero bajo la misma premisa histórica: defender sus intereses de clase.
27 años después, la lucha por el Gondi sigue más vigente que nunca, en momentos en que la doctrina Bullrich hace estragos con la clase trabajadora y la juventud. Hoy, los pibxs de 17 años, como Sergio, caen bajo las balas estatales autorizadas por la Resolución 956/18, o lxs quieren adoctrinar gendarmes represores, con el Servicio Cívico Voluntario en Valores.
El 24 de julio de 2013, despedimos a la mama de Sergio, Olga Castro, que legó a su hija Marcela un álbum donde están registrados los primeros 21 años de pelea sin tregua contra el olvido.
En un viejo volante del año 1998, en el 6º aniversario de su muerte, familiares y amigxs denunciaban que desde el 6 de agosto de 1992 “no hubo paz para nosotros, todos sufrimos la persecución tremenda que trató de silenciar nuestros reclamos de justicia. Su madre, hermanos, esposa, hijo y amigos no olvidamos a Sergio y lo llevamos en nuestro corazón, pidiendo una vez más unir nuestras fuerzas para que no haya otros Sergios ni otras familias sometidas a injusticias. Para que los culpables no queden impunes”.
Ese capital histórico, lo seguimos construyendo, saliendo todos los días a pelear contra la represión estatal, mientras levantamos la foto y el recuerdo de Sergio y homenajeamos a Olga de la mejor manera posible: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Luchamos.
Y seguimos buscando a los prófugos Miguel Angel Rojido y Luis Alberto Farese.
