A las calles contra el ajuste y la represión
Cierre ya de las causas contra luchadores populares
El 11 de septiembre, primer día del largamente esperado último trimestre del gobierno de Cambiemos, la ciudad de Buenos Aires asistió a una enorme movilización de organizaciones sociales -FOL, Polo Obrero, FPDS, FPDS-CN, Barrios de Pie y otras-, frente al ministerio de Desarrollo Social, donde acamparon a la espera de una reunión para exponer sus reclamos de alimentos y trabajo, que se prolongó, al día siguiente, con la movilización al Congreso durante el debate y votación de la Ley de Emergencia Alimentaria.
La respuesta del gobierno, frente a miles de trabajadorxs hambreadxs, fue desplegar un enorme operativo que comenzó por cerrar durante casi todo el día la línea C del subte para impedirles el traslado desde Retiro y Constitución al centro, y continuó con el ataque sobre el acampe, con el saldo de varios heridos y la detención de un compañero de Votamos Luchar, liberado al día siguiente.
En una clara muestra de que el macrismo puede perder las elecciones pero no las mañas, al día siguiente varios medios dieron cuenta de que, por orden y cuenta del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se radicó una denuncia contra el referente de CUBa-MTR-MIDO, Oscar Kuperman, por los delitos de “instigación a cometer delitos” e “instigación a la violencia colectiva”, mientras, a las pocas horas, el referente del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, fue notificado de otra causa en su contra, también vinculada al acampe y la movilización.
El movimiento popular, con las organizaciones y organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en primer lugar, expresó masivamente su repudio a este nuevo capítulo de criminalización de la protesta y la lucha, mientras la ministra denunciante, interrogada sobre la situación de emergencia, disparó: “Si pasan hambre tiene comedores donde ir”, y el diputado de Cambiemos Héctor “Toty” Flores recurría a la tesis de la “sensación”: “El hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere”.
El ataque contra los compañeros Kuperman y Belliboni se suma a lo que sucede en el mismo sentido en otras provincias, como Mendoza, donde el gobierno de Cornejo imputó al el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, y otros referentes por una concentración contra el ajuste, en solidaridad con la lucha docente en Chubut y en reclamo del cierre de la causa contra lxs docentes del SUTE imputadxs por participar de un plenario sindical en junio del año pasado; Neuquén, donde seguimos exigiendo el cierre de la causa contra Patricia Jure, diputada electa y exconcejala del Frente de Izquierda Unidad y trabajadores del Sitramune por una movilización contra la reforma previsional o Córdoba, donde la semana pasada la policía provincial reprimió a delegadxs de luz y fuerza cuando marchaban a entregar un petitorio, deteniendo a siete de ellxs.
La decisión del gobierno nacional y sus socios provinciales de profundizar, al filo de su mandato, la represión sobre lxs trabajadorxs organizadxs, confirma que no erramos cuando planteamos que, lejos de replegarnos a la espera de una “transición ordenada”, debemos sostener e incrementar la presencia en las calles contra el ajuste y la represión y por todas las reivindicaciones populares.
