Archivo 2019: Cada 19 horas el estado asesina a una persona.
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2019
En el siguiente link podés descargar el informe y listados completos del Archivo 2019 de Casos de Personas Asesinadas por el estado: En este link
Contenido:
1) ¿Por qué hacemos el archivo?
2) ¿Cómo hacemos el archivo?
3) Las conclusiones
Contra la represión: ¡Siempre en las calles!
El gobierno del ajuste…
Hace cuatro años, pocos días después de la segunda vuelta electoral que dio el triunfo a la alianza Cambiemos, dijimos en Plaza de Mayo que el nuevo gobierno iba a descargar el ajuste con todo sobre las espaldas de nuestro pueblo trabajador, y que esas medidas llegarían, necesariamente, de la mano de más represión.
No era la primera vez que nos tocaba hacer la presentación de los datos del Archivo de CORREPI en el cierre de un ciclo de gobierno y el inicio de otro, pero sabíamos que esa vez iba a ser muy diferente: La derecha más conservadora había llegado al poder por la vía institucional. La “alegría” de la que hablaban sería sólo para ellos, para los gerentes de monopolios, para los CEO’s, para los ricos que siempre quieren ser más ricos.
El ciclo corto del macrismo, para algunos el mayor fracaso de la historia argentina reciente, fue el más osado intento por consolidar el proyecto capitalista al que algunos denominan “neoliberalismo”. En un proceso mundial de recomposición hegemónica del capital, el gobierno de la alianza Cambiemos cumplió las reglas del manual del sistema: concentración y consolidación de riqueza en pocas manos, con comando concentrado del aparato represivo del estado para garantizarlo.
La financierización y el endeudamiento fueron las claves de la economía macrista que, junto a la reprimarización del campo y el extractivismo, liquidó toda posibilidad de desarrollo industrial e incorporación de valor agregado, descargando sus consecuencias sobre la clase trabajadora.
El endeudamiento a 100 años que contrajeron en 2017 a una tasa cercana al 8% anual, catalogada como “la locura más grande” según una encuesta de los propios grupos financieros afines, detonó la crisis que repercutió severamente en la cotidianeidad de los sectores populares.
En diciembre de ese año, el multitudinario levantamiento popular contra la reforma previsional -proyecto que significó la apropiación de fondos del pueblo para garantizar ese endeudamiento- marcó el comienzo del fin del gobierno, que no trepidó en desplegar una de las represiones más violentas de las que se tenga memoria en democracia, acompañada de la criminalización de la protesta en sede judicial.
La posterior decisión de recurrir al FMI, con el mayor endeudamiento de la historia de ese organismo internacional, de la mano de un ajuste todavía más severo (“nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que cayera el gobierno” dijo el entonces ministro Dujovne) indica el nivel de compromiso y obcecación antipopular que invistió a la gestión. Recesión por más de tres años, inflación total de la gestión del orden del 311% y una caída del 3% del PBI, derivaron en una desocupación del 10,6%, con proyección al 12% a diciembre de este año, mientras la capacidad instalada de las empresas bajó al 60,5%.
Es en la pobreza estructural del 35%, en desenfrenado aumento, donde más se percibe la realidad: 16 millones de personas han caído en sus condiciones materiales de vida. La situación de indigencia creció a más del 7% y los índices de pobreza extrema llegan al 57,1%. Uno de cada dos pibes son pobres después de la gestión de Macri.
Expresada en dólares, la deuda externa total asciende a 276 mil millones, lo que representa el 97,7% del PBI. No vamos a ver nada de eso en obras, servicios ni mejoras para el pueblo. La razón central del despojo son los 82 mil millones de dólares que se han fugado con este perverso mecanismo para beneficiar a un reducido grupo de allegados al poder.
Este cuadro de situación explica por sí solo la centralidad, la multiplicidad y la sofisticación que adquirió el despliegue represivo desde diciembre de 2015. La represión macrista fue directamente proporcional al nivel de saqueo y promoción de políticas antipopulares que caracterizó su gestión.
… y de la represión
A poco de andar, quedó claro que esa reestructuración profunda y a largo plazo de la relación capital-trabajo requería echar mano a todos los recursos represivos existentes, ampliarlos, profundizarlos, y generar formas novedosas. Desde los primeros meses de gobierno fue evidente que, para avanzar sobre nuestros derechos, tenían que atacarnos para disciplinar todas las formas de protesta, a la vez que desarrollaban un aumento exponencial de las estrategias para el control social a punta de reglamentaria en las calles.
Unos días antes que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación, se anunciaron su gabinete, y los de la Ciudad y provincia de Buenos Aires. CORREPI publicó la semblanza de los elegidos para dirigir la política represiva en ese escenario, con el nunca tan oportuno título de “Comando unificado para la represión”. Es que, bajo el mando coordinado de Patricia Bullrich, Martín Ocampo y Cristian Ritondo, secundados por especímenes similares, como Eugenio Burzaco, Diego Santilli y Pablo Nocetti, por primera vez en nuestra historia reciente la policía federal, la policía bonaerense, la metropolitana, la gendarmería, la prefectura y la PSA, con todo su poder de fuego, estarían contenidas en un mismo puño de hierro. A eso había que sumar los aparatos represivos de Jujuy, Mendoza y Corrientes, gobernadas por Cambiemos a través de la UCR, y la obvia coordinación que tendrían con las provincias conducidas por el PJ o por expresiones de historia no menos letal en la materia, como el sapaguismo en Neuquén o el Partido Socialista en Santa Fe.
Lejos estábamos de imaginar entonces que el título de nuestra nota de diciembre de 2015, “Comando Unificado”, sería, desde diciembre de 2017, el nombre oficialmente elegido para denominar uno de los mecanismos represivos novedosos que veríamos desplegarse en todo el país para aplastar la resistencia popular, con las fuerzas federales y provinciales coordinadas bajo mando común.
Es imposible resumir en pocas palabras las iniciativas represivas del gobierno de Cambiemos. Algunas fueron derrotadas con la movilización, como el protocolo antipiquete o el corralito para encerrar a las y los trabajadores de prensa en manifestaciones. Otras, la mayoría, fueron consagradas, como la declaración de emergencia nacional en seguridad ciudadana, la profundización del uso de las herramientas para interceptar y detener personas arbitrariamente, la militarización extrema de las barriadas populares, las reformas represivas de la legislación penal, contravencional y procesal, la creación de la Policía de la Ciudad, el “comando unificado” de fuerzas federales y locales para la intervención en manifestaciones, el incremento de la presencia policial de civil y la infiltración y espionaje sobre organizaciones y militantes.
A mediados del año 2017, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva del gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil en Córdoba esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.
En el mismo cuadro hay que incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de inexactitudes y mentiras para deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y convertir en el “enemigo interno” a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como, frenado por la movilización popular el intento del 2×1, el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas de la dictadura con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva contra el pueblo trabajador. La justicia federal fue la primera encargada de prolongar las detenciones en movilizaciones, y de agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria y usando todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión. Los fallos de los jueces y la Cámara Federal en las causas contra lxs manifestantes del 1º de septiembre, el 12, 14 y el 18 de diciembre, instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables. Llevó muchos meses de lucha, incluso casi un año, lograr las libertades de compañeros y compañeras que aún hoy siguen sometidos a proceso por movilizarse, como es el caso de César Arakaki (PO) y Daniel Ruiz (PSTU) por el 18/12; Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone (RNMA) por el 1/9 o Natalia Pérez y Hernán Centeno (CS) por el 12/12, mientras sigue perseguido, también por la movilización del 18/12, Sebastián Romero (PSTU).
La irrupción de la DOCTRINA CHOCOBAR en diciembre de 2017 completó un escenario que sólo pudimos definir como “estado de excepción”. Era evidente la suspensión provisional y extraordinaria del orden jurídico, con la restricción de derechos fundamentales de la población, convertida en paradigma normal de gobierno.
Con el abrazo presidencial al policía bonaerense fusilador y la frase “Ud. es un héroe, necesitamos más policías como usted”, se dio a todos los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que contarían con la defensa de sus jefes políticos: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”, confirmó Bullrich.
Enfrentamos, durante estos cuatro años, un gobierno que reivindicó el terrorismo de estado de la dictadura, que nos forzó a salir a las calles a reafirmar “¡Fueron 30.000 y es genocidio!”, que trató como “víctimas” a los represores, los hizo participar de desfiles oficiales, los recibió en sus despachos y, cuando frenamos el intento del 2×1, recurrió al “indulto a cuentagotas” de las domiciliarias.
Enfrentamos un gobierno que decretó la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminalizó y persiguió militantes y organizaciones del campo popular, y usó el aparato judicial para encarcelar a sus opositores.
Enfrentamos, en estos cuatro años, un escenario de excepción, con record absoluto de muertes por el gatillo fácil y la tortura en democracia y el mayor índice de la historia en detenciones arbitrarias.
Enfrentamos en las calles operativos con un despliegue bélico cada vez más marcado, con decenas de heridos de arma de fuego en las movilizaciones, con presas y presos políticos, y centenares de nuevas causas con imputaciones gravísimas contra manifestantes.
El gobierno de Macri y Bullrich nos deja un aparato de seguridad recargado, con las picanas Taser y la doctrina Chocobar, consagrada en la resolución 956/2018 e incluida en el proyecto de reforma del código penal; con nuestros pibes y pibas arrojados al “servicio cívico voluntario en valores” de gendarmería; con el sistema de reconocimiento facial y la resolución 845/2019 que masifican la intercepción, identificación y detención de personas en los medios de transporte; con el hostigamiento y persecución constante a migrantes y a quienes sobreviven con tareas precarias en la vía pública.
Cambiemos nos deja un sistema penal especializado en criminalizar pobres, con cárceles con una superpoblación como nunca se vio en Argentina, mientras genocidas y represores de la democracia se van a sus casas.
Una agenda urgente para llevar a las calles
Durante estos cuatro años pusimos todo nuestro esfuerzo en fortalecer la organización de la lucha popular, con la mayor unidad y coordinación posibles, para enfrentar el peor período en materia represiva desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica.
A pesar de la complicidad y la entrega de las cúpulas sindicales burocráticas, a pesar de las campañas deslegitimadoras de la protesta en los medios hegemónicos, el pueblo trabajador estuvo en las calles, contra el ajuste y contra la represión. Con dificultades y altibajos, porque nos falta mucho por andar, cada ataque fue respondido con movilizaciones, algunas sectoriales, otras masivas y con capacidad para poner en crisis parte del proyecto macrista, como las de diciembre de 2017, que pusieron un freno parcial a la reforma laboral.
La denuncia y la movilización contra la represión estuvieron a la par de las luchas contra el ajuste, los tarifazos, los despidos y la pobreza. La masividad de algunas movilizaciones, como la que repudió el 2×1 a los genocidas o las posteriores a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, mostró que nuestro pueblo tampoco se deja arrebatar sin pelea sus conquistas en materia de DDHH.
Hoy iniciamos una nueva etapa, con cambios pero con continuidades. El Frente de Todos, con su heterogénea amplitud, asume la gestión del gobierno nacional y de la mayoría de las provincias, entre ellas la de Buenos Aires. El macrismo continúa gobernando la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.
Nos queda, como saldo de estos cuatro años de Cambiemos, la más profunda crisis económico-social de las últimas décadas, y también nos queda todo lo que lograron avanzar en la profunda transformación de la política represiva en el país.
Por eso, hoy exigimos al nuevo gobierno algunas medidas urgentes e imprescindibles para terminar con la doctrina Chocobar, para frenar la militarización de los barrios y calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil:
- Derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las FFSS en cualquier circunstancia.
- Derogación del Programa Restituir. Vigencia efectiva de las normas que imponen la separación provisoria del servicio activo de los integrantes de las fuerzas sometidos a procesos penales, y la inhabilitación para la reincorporación a cualquier fuerza en caso de condena.
- Fin de la provisión por parte del estado de defensa penal gratuita y calificada a policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios a través de las direcciones jurídicas de los ministerios de Seguridad, a costa de quienes, en casos similares, debemos optar entre la defensa oficial o pagar un abogado particular.
- Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
- Fin de los programas de reconocimiento facial que provocan identificaciones erróneas a diario.
- Derogación de la Resolución 845/2019 que sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes.
- Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
- Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
- Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñas, niños y adolescentes.
- Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
- Derogación de la Resolución 598/2019 que creó el “servicio cívico voluntario en valores” a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud.
- Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
- Prohibición del uso de las picanas Taser.
- Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
- Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
- Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y defensas particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
- Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
Después de cuatro años de Cambiemos, nos queda la imperiosa necesidad de exigir respuesta a estas mínimas demandas populares con el método y en el lugar donde mejor nos hacemos oír:
Siempre con la lucha organizada, con protagonismo popular y en las calles, para enfrentar la represión.
1. ¿Por qué hacemos el Archivo?
En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los casos de los familiares organizados en CORREPI y siguieron con los contactos del interior del país. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones desde fin de 1983.
Cerca de fin de año, presentamos el Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos, en Plaza de Mayo. Mientras transcurría la radio abierta, una delegación de los familiares cruzó la calle Balcarce y entregó una copia en la mesa de entradas del ministerio del Interior, indicando que le traían al ministro Corach la lista de los nombres que había pedido.
La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo.
Volvimos a la plaza cada año. El Archivo siguió creciendo, fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hacia el Informe Anual de la Situación Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represión, no sólo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora. Más de veinte años después, aquella lista a mano en el cuadernito de Delia es una base de datos con miles de registros, al que aportan sistemáticamente organizaciones compañeras y contactos desde distintos lugares del país. El acto de su presentación anual se convirtió en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, según los vientos que corran, visibilizar masivamente lo más silenciado e invisibilizado de la política represiva de los sucesivos gobiernos.
Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, así, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva. Por eso, convocamos a todo el que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta.
Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Solo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. En particular, resulta difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, de las que, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares, solo conocemos informes oficiales como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para el sistema federal, o los de la Comisión Provincial por la Memoria, para la provincia de Buenos Aires. Esas muertes, que totalizan centenares al año, solo son conocidas en esos pocos distritos, y al año siguiente de producidas, lo que demora su incorporación al Archivo.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.
Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares sean los esfuerzos sistemáticos del gobierno de Cambiemos por desacreditarla, que culminaron con el patético contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre pasado.
Como explicamos pormenorizadamente en las dos sucesivas notas que pueden leerse en nuestro sitio web el mismo día y al día siguiente, Bullrich no hizo otra cosa que confirmar la precisión de los datos contenidos en este Archivo, incluso completando algunos registros en los que no contábamos con el nombre o grado del victimario, o ignorábamos la resolución judicial. No pudo señalar un solo caso como falso. En su cuenta mágica para bajar los números, descartó las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limitó su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluyó los casos considerados “legítima defensa” por “sus fuentes”, a las que tuvo a bien enumerar para que no queden dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
2. ¿Cómo hacemos el Archivo?
Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
- Incluimos todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
- Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
- Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
- A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones y de femicidios.
- Tradicionalmente cerrábamos la búsqueda de datos entre fines de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.
- Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés.
3. Las conclusiones
Los datos registrados, con una acumulación de más de dos décadas, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa.
Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡Contra la represión, organización y lucha!
Cuatro años de gobierno de Cambiemos:
El gobierno más represor desde 1983
Terminada –afortunadamente- la gestión de Cambiemos a nivel nacional, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y que superó con creces los propios.
Por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en 2017 el gobierno macrista superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar, concluida su gestión, al inédito promedio de una muerte a manos de su aparato represivo cada 19 horas.
Para comprender la gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 46 horas a uno cada 30. El macrismo, en apenas cuatro años, incrementó a más del doble la frecuencia.
Un total de 1.833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos en 1.435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019).
Esa impresionante cifra, que representa casi el 26% del total desde diciembre de 1983 en menos de 4 años, se desglosa de la siguiente manera:
En 2019, incorporamos 529 casos al Archivo, totalizando 7.093 hasta mediados de noviembre de 2019, contra 6.564 que teníamos registrados hace un año.
Es necesario aclarar que en 3 casos de 2012 y 2014 estaba mal registrada la fecha, ya que correspondían a 2011, 2013 y 2016. Ubicamos la fecha de un caso que no estaba datado.
Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, incorporamos este año 157 casos de 2018, que no conocíamos cuando cerramos la actualización de ese año, la mayoría muertes en lugares de detención, que los organismos oficiales a nivel federal (Procuración Penitenciaria de la Nación) y provinciales publican en el curso del año siguiente. Respecto de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal el promedio de muertes en prisión fue de 140/150 casos al año, conforme el relevamiento que realiza la Comisión Provincial por la Memoria. Al cierre de esta actualización, sólo pudimos identificar 24 casos, por lo que muy prudentemente consignamos 100 como N.N., a la espera del Informe 2019 de ese organismo.
G R Á F I C O N ° 1: Casos por año 1983/2018
El gráfico muestra la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989, 2000/2001, 2010, 2013). Se evidencia el brutal incremento a partir de fin de 2015, sostenido en los años siguientes, a pesar de los datos que nos faltan aún de 2019 (el cierre de carga de datos de esta actualización fue el 15/11/2019).
G R Á F I C O N ° 2: Casos acumulados por Archivo
Este gráfico muestra la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo cuarta, en 2019.
G R Á F I C O N ° 3: Casos por Gobierno
Esta tabla y este gráfico muestran el total de casos de cada gobierno, y el porcentaje sobre el total de casos registrados:
G R Á F I C O N ° 4: Muertes por día
Más impactante aún es el resultado si obtenemos el promedio diario, en función del tiempo de gobierno: 1.833 asesinados por la represión estatal en 1.435 días de gobierno.
G R Á F I C O N ° 5: Casos por fuerza
En esta tabla y gráfico se advierte que la mayoría de las muertes (47,71%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, y que le siguen de cerca los servicios penitenciarios de todo el país (37,25%). Si se vincula este cuadro con el de las distintas modalidades, se advierte la gran incidencia de muertes en cárceles y comisarías con exclusión de niñxs y adolescentes (el personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial). Indudablemente la decisión política del gobierno de Cambiemos de intensificar al máximo la intercepción de personas para identificar y requisar, que en muchísimos casos derivan en detenciones arbitrarias para averiguar antecedentes o imputaciones de contravenciones y delitos como la siempre dúctil “resistencia a la autoridad”, ha incrementado la circulación de personas en comisarías, y por eso la cantidad total de muertes con intervención de las policías en general resulta bastante superior a los casos estrictamente de gatillo fácil en la vía pública, que aumentaron también, pero en menor proporción.
Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los 90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada también su participación, después del protagonismo excluyente que tuvieron, en 2017, en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”, y, como ya se señalara, el personal de lugares de detención de niñxs y adolescentes.
Desde el 1º de enero de 2017 comenzó a operar en CABA la Policía de la Ciudad, fruto de la fusión de la Policía Metropolitana, creada por el mismo Mauricio Macri en 2008 durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño, con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Así, quedó constituida una mega fuerza de 27.000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo. Y todo esto sin retirar, sino incrementar, la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios, más los efectivos de la Policía Federal “residual”, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que ya ha comenzado a registrar casos, y los vigiladores privados, muchos también policías o de otras fuerzas.
Opacando los 22 casos de la Policía Metropolitana entre 2011 y 2017, hoy registramos 68 de la Policía de la Ciudad desde enero de 2017. Asimismo, disminuyó la incidencia de la Policía Federal, porque la fuerza quedó reducida a unas pocas dependencias en la Ciudad de Buenos Aires y las delegaciones en las provincias.
En sus tres años de existencia, además, la Policía de la Ciudad logró el récord de duplicar la cantidad de casos registrados por la Metropolitana en cuatro veces más tiempo (PC, 68 casos en 36 meses, PM, 22 en 8 años). La Policía de la Ciudad mató 68 personas en 36 meses. Otro gran éxito de Cambiemos.
Si reducimos el gráfico de intervención de las fuerzas al período macrista, se advierte con claridad que la aparente baja de casos de la PFA corresponde al personal traspasado a la PC:
G R Á F I C O N ° 6: Modalidades represivas
En este gráfico se ponen de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (48,14%) y los fusilamientos de gatillo fácil (37,49%).
Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio.
Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. En estos cuatro años se dio una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras las muertes bajo custodia y los fusilamientos de personas desarmadas crecieron a un ritmo nunca antes visto, fue cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema. A la vez, se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por la prensa hegemónica. El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía fusiladora Carla Céspedes son las dos fotos que ilustran uno de los rasgos distintivos de la gestión Cambiemos: la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de estado, que se complementa con medidas normativas, como la Resolución 956/18 y el Programa Restituir.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, etc.).
En los pocos casos en los que podemos acceder a datos oficiales, como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las cárceles federales, o los de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, constatamos que también en este “rubro” el gobierno de Cambiemos muestra su eficacia represiva, con un promedio cercano a las 150 muertes al año solo en unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros. En las cárceles federales, con una capacidad para 12.235 personas, se hacinan hoy 14.409, mientras que las unidades bonaerenses (cárceles, alcaidías y comisarías), con una capacidad total que apenas supera las 30.000 plazas, hay más de 50.000, según un informe oficial del Tribunal de Casación Penal bonaerense de octubre de este año. Según la misma fuente oficial, en 2015 el total de personas detenidas en la provincia eran 34.000. Esto explica el exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención durante la gestión de Cambiemos, muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, que registra el 50% del total de personas privadas de la libertad del país. Así se advierte en esta tabla y gráfico, del que surge que en estos cuatro años las muertes bajo custodia duplicaron los fusilamientos de gatillo fácil:
Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría de las muertes corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarían la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
Las casi 200 desapariciones registradas no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como con muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Así, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los casos en que la víctima fue fusilada y luego desaparecida están bajo la modalidad gatillo fácil, y Santiago Maldonado, se sumó, junto a Rafael Nahuel, al listado de asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios. Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 91 desde 1995. El gobierno de Cambiemos inauguró en 2017 su cuenta, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, por mano de GNA y PNA respectivamente, y sumó, en 2018, los asesinatos de Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza.
G R Á F I C O N ° 7: Rango de edad
Disciplinar desde la cuna
El 43% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. Hay un 17% del total sin datos suficientes. Aun así, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años. El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social.
G R Á F I C O N ° 8: Edad de las víctimas
Los rangos de edad que muestra el gráfico anterior, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 41% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y supera el 65% si se suman los menores de 15 y los de 26 a 35 años.
En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas suman de conjunto el 12%.
Es necesario destacar que el 23% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisión, de los que es muy difícil conseguir información. La Procuración Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en cárceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las víctimas. A la inversa, la Comisión Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qué unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias periodísticas, por contacto con familiares o amigos o por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que la mayoría de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.
La misma dificultad aparece con la causa y circunstancias de la muerte, a veces oficialmente listada como “accidente en el marco de una medida de fuerza”, que traducido del eufemismo oficial al castellano puede significar, por ejemplo, que murió asfixiado/a porque no le abrieron la reja durante una protesta o reclamo con quema de colchones, como en la comisaría de Pergamino o la de Transradio. No tenemos dudas de que las muertes en cárceles es uno de los segmentos más sub-registrados en este Archivo, ya que no contamos con fuentes oficiales del resto del país.
G R Á F I C O N ° 9: Casos por provincias
De Ushuaia a La Quiaca
Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 52,85% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.
Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.550 casos de una con los 277 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.
G R Á F I C O N ° 1 0: Índice por provincias
Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:
Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable, como es el caso de San Juan, donde no contamos con ninguna fuente excepto medios de comunicación.
La provincia de Buenos Aires continúa primera, con muy poca diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. En un segundo pelotón también muy parejo siguen La Pampa, Río Negro, CABA, Córdoba y Santiago del Estero. Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación.
G R Á F I C O N ° 1 1: Femicidios de uniforme
Ni unx menos
Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.
Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.
Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 381 femicidios sobre un total de 647 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. Registramos, además, 44 femicidios relacionados, es decir, hijos u otros familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 343 casos de víctimas mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 333 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:
En algunos casos, que han crecido en estos últimos dos años, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas.
El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2019, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.
G R Á F I C O N ° 1 2: Muertxs por luchar
Las muertes en la represión a la protesta
Desde 1983, se registran 91 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinadxs, de lxs cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 20, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, ya superados Mauricio Macri, que, en 2018, sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza.
| Nombre | Fecha | Lugar | Gestión responsable |
| LAROSA, José | 29/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| MAZZI, Juana Amelia | 29/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 29/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| CHOQUE, Víctor | 12/04/1995 | TIERRA DEL FUEGO | Menem |
| RODRÍGUEZ, Teresa | 12/04/1997 | NEUQUEN | Menem |
| OJEDA, Mauro César | 17/12/1999 | CORRIENTES | De La Rua |
| ESCOBAR, Francisco | 17/12/1999 | CORRIENTES | De La Rua |
| VERÓN, Aníbal | 10/11/2000 | SALTA | De La Rua |
| MOLINA, Ramón | 23/11/2000 | CHACO | De La Rua |
| CARRANZA, Félix Fernando | 26/12/2000 | CORDOBA | De La Rua |
| SANTILLÁN, Carlos | 16/06/2001 | SALTA | De La Rua |
| BARRIOS, José Oscar | 16/06/2001 | SALTA | De La Rua |
| VILLALBA, Ricardo | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| SPINELLI, Carlos Manuel | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ACOSTA, Graciela | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| SALAS, Ariel Maximiliano | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| PACINI, Miguel | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| LEPRATTI, Claudio “Pocho” | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| PEREYRA, Rubén | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| PEDERNERA, Sergio | 19/12/2001 | CORDOBA | De La Rua |
| RAMÍREZ, Damián Vicente | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| DELGADO, Juan | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| GARCÍA, Yanina | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| GRAMAJO, Roberto Agustín | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ENRIQUEZ, Víctor Ariel | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ALMIRÓN, Carlos “Petete” | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| ÁLVAREZ Villalba, Ricardo | 20/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| PANIAGUA, Rosa Eloísa | 20/12/2001 | ENTRE RIOS | De La Rua |
| ARAPI, Ramón Alberto | 20/12/2001 | CORRIENTES | De La Rua |
| AREDES, Rubén | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| AVACA, Elvira | 20/12/2001 | RIO NEGRO | De La Rua |
| VEGA, José | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| BENEDETTO, Gustavo Ariel | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| LEGEMBRE, Cristian E. | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ITURAIN, Romina | 20/12/2001 | ENTRE RIOS | De La Rua |
| GUÍAS, Pablo Marcelo | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| FERNÁNDEZ, Luis Alberto | 20/12/2001 | TUCUMAN | De La Rua |
| FLORES, Julio Hernán | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| MORENO, David Ernesto | 20/12/2001 | CORDOBA | De La Rua |
| LAMAGNA, Diego | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| MÁRQUEZ, Alberto | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| ÁVILA, Diego | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| RIVA, Gastón Marcelo | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| RODRÍGUEZ, José Daniel | 20/12/2001 | ENTRE RIOS | De La Rua |
| ROSALES, Mariela | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| TORRES, Juan Alberto | 20/12/2001 | CORRIENTES | De La Rua |
| RÍOS, Sandra | 20/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| CAMPOS, Walter | 21/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| CÁRDENAS, Jorge* | 02/08/2002 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| FERREIRA, Sergio Miguel* | 26/12/2002 | CORDOBA | De La Rua |
| KOSTEKI, Maximiliano | 26/06/2002 | BUENOS AIRES | Puerta/R. Saá/Duhalde |
| SANTILLÁN, Darío | 26/06/2002 | BUENOS AIRES | Puerta/R. Saá/Duhalde |
| CUÉLLAR, Luis Marcelo | 10/10/2003 | JUJUY | Kirchner |
| FUENTEALBA, Carlos | 04/04/2007 | NEUQUEN | Kirchner |
| ERAZO, Juan Carlos | 05/04/2008 | MENDOZA | CFK |
| VARGAS, Facundo | 16/01/2010 | BUENOS AIRES | CFK |
| CARRASCO, Nicolás | 17/06/2010 | RIO NEGRO | CFK |
| CÁRDENAS, Sergio | 17/06/2010 | RIO NEGRO | CFK |
| FERREYRA, Mariano | 20/10/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| LÓPEZ, Roberto | 23/11/2010 | FORMOSA | CFK |
| LÓPEZ, Mario | 25/11/2010 | FORMOSA | CFK |
| CHURAPUÑA, Rosemary | 07/12/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| SALGUEIRO, Bernardo | 07/12/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| CANAVIRI Álvarez, Emilio | 09/12/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| VELÁZQUEZ, Juan José | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| MÉNDEZ, Esteban | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| REYES, Felix | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| FARFÁN, Ariel | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| SOLANO, Daniel Francisco | 05/11/2011 | RIO NEGRO | CFK |
| FERREYRA, Cristian | 16/11/2011 | SANTIAGO DEL ESTERO | CFK |
| GALVÁN, Miguel | 10/10/2012 | SANTIAGO DEL ESTERO | CFK |
| TERCERO, Gerardo Gabriel | 18/05/2013 | SALTA | CFK |
| DÍAZ, Florentín | 22/05/2013 | CHACO | CFK |
| VERÓN, Ángel | 18/10/2015 | CHACO | CFK |
| MALDONADO, Santiago | 01/08/2017 | CHUBUT | Macri |
| NAHUEL, Rafael | 25/11/2017 | RIO NEGRO | Macri |
| RAMÍREZ, Ismael | 03/09/2018 | CHACO | Macri |
| ORELLANA, Rodolfo “Ronald” | 22/11/2018 | BUENOS AIRES | Macri |
