Una de las pruebas contundentes de que el gatillo fácil es política de estado es la conducta judicial, que aplica con toda naturalidad criterios bien diferentes según que los imputados vistan o no uniforme. Decimos hace años que, si se aplicaran al conjunto de personas acusadas de haber cometido delitos los mismos parámetros que usan cuando se trata de miembros de las fuerzas de seguridad, habría que recurrir a extras para que hagan de presos, pues las cárceles quedarían vacías.
La práctica judicial de nuestro país demuestra, especialmente en estos últimos años, que, aunque la regla formal es que el procesado, salvo razones bien puntuales de posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación, debe esperar el juicio en libertad, casi un 80% de las personas encarceladas no tuvieron juicio ni condena. De esa cantidad, sólo una mínima parte está acusada por delitos graves contra las personas.
La reciente excarcelación del policía de la Ciudad Ramón Pérez, autor de varios de los 9 disparos contra el trabajador Claudio Romano, y presumiblemente autor del disparo fatal, sólo confirma esa norma no escrita.
Nos hacemos eco de las palabras de Lucía, compañera de Claudio, en nombre de su familia: “A Claudio lo mató la policía. Pedimos JUSTICIA y cadena perpetua para los asesinos con uniforme. Esto no tiene que pasar NUNCA MAS“.
Y con la misma fuerza decimos
¡Cárcel a los represores!
¡Basta de gatillo fácil!
CORREPI, 15 de octubre de 2019.
