Hoy se cumplen dos años de aquel 1° de agosto de 2017, cuando nos llegó la noticia de que Santiago Maldonado había sido desaparecido por la Gendarmería, en el contexto de una brutal represión desatada contra la comunidad Mapuche de la Pu Lof Cushamen. Ya en enero de ese mismo año, la policía de Chubut y Gendarmería Nacional unían fuerzas para reprimir al pueblo mapuche que aún resiste la usurpación de sus tierras ancestrales por parte de la empresa Benetton y otros terratenientes. Santiago, guiado por sus convicciones y su fuerte sentimiento solidario, había decidido acompañar esa lucha.
El operativo desatado el 1° de agosto fue cuidadosamente orquestado por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Nunca tuvimos dudas que Santiago se encontraba en la Pu Lof en el momento que Gendarmería invadió el territorio mapuche, aunque negarlo fue la primera de una larga series de mentiras oficialmente instaladas con el fundamental aporte de los medios hegemónicos. Santiago permaneció desaparecido por 78 días, hasta que el 17 de octubre su cuerpo sin vida fue hallado en el Río Chubut.
Cabe mencionar que el 1° de septiembre de ese mismo año, al cumplirse un mes de la desaparición, una movilización multitudinaria reclamó al gobierno de Cambiemos la aparición con vida de Santiago y el castigo a los responsables. Al momento de la desconcentración, el gobierno desató una represión que terminó con más de treinta compañerxs detenidxs, entre lxs cuales se encontraban cuatro trabajadorxs de prensa de medios alternativos, comunitarios y populares, lo cual demostró una intencionalidad clara de disciplinar a quienes registran el accionar violento de las fuerzas represivas.
Desde un primer momento, el gobierno de Cambiemos apuntó todos sus esfuerzos a garantizar la impunidad de las fuerzas represivas y de los responsables políticos del hecho. Los medios hegemónicos de comunicación se ocuparon de difundir versiones falsas acerca de posibles paraderos de Santiago, y también fueron configurando su nuevo enemigo interno: el pueblo Mapuche. La construcción de esa idea venía gestándose desde 2016, cuando Bullrich anunció la publicación del informe “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”. Ahí ya se dejaba ver cómo el gobierno había puesto todo su aparato represivo y de espionaje apuntando a la criminalización y persecución del pueblo Mapuche, buscando instalar versiones de supuestas conexiones con el “terrorismo internacional”. Macri y sus aliados dejaron en claro uno de los principales objetivos de su política represiva: la lucha de los pueblos originarios que se organizan para defender sus territorios ancestrales, en contra de los intereses de las empresas multinacionales que imponen sus megaproyectos extractivistas.
Instalar la mentira, garantizar la impunidad
Todas las declaraciones que los principales voceros del gobierno hicieron en los medios sobre el caso desde un principio apuntaron a desligar la responsabilidad de Gendarmería en el hecho, y a criminalizar la lucha. Esas declaraciones no se quedaron en las palabras, sino que se tradujeron en hechos, como por ejemplo, el ascenso del sub-alférez Emanuel Echazú -único imputado la causa- al rango de alférez. Bullrich no solo no tiró “ningún gendarme por la ventana”, sino que dejó bien claro el absoluto respaldo del gobierno a sus perros guardianes.
El punto máximo de esa garantía de impunidad se expresó el 29 de noviembre del año pasado, cuando, en el marco de los preparativos para la cumbre del G20, el juez federal Lleral anunció que la causa se cerraba, estableciendo que la muerte de Santiago había sido un lamentable accidente sin responsables. Lxs familiares de Santiago apelaron esta resolución, señalando la enorme cantidad de irregularidades y mentiras contenidas en ese fallo, como obviar que se trató de una muerte violenta, además de muchas medidas de prueba nunca ordenadas, como la falta de pericia sobre los billetes encontrados intactos en el pantalón de Santiago, o el no hallazgo de su mochila y su celular. Tanto el primer juez a cargo de la causa, Otranto, como su sucesor Lleral, pusieron de manifiesto la falta de voluntad del poder judicial de que se sepan las verdaderas circunstancias de la muerte de Santiago.
Rafael Nahuel
El 25 de noviembre del mismo año de la desaparición de Santiago, volvió a estremecernos otra noticia desde la Patagonia. El joven mapuche Rafael Nahuel había sido asesinado por la espalda por el prefecto Francisco Javier Pintos, un miembro del Grupo Albatros tras la represión contra la comunidad mapuche de la Lof Lafken Winkul Mapu. Toda la primera línea del poder ejecutivo reaccionó rápidamente para respaldar a la prefectura, con declaraciones como “hay que volver a respetar la voz de alto” y “…no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, le damos a su versión el carácter de verdad”. Estas declaraciones fueron la antesala de la llamada doctrina Chocobar, que consiste en aplicar esa misma lógica en la criminalización de la juventud y la pobreza.
Lejos de encarcelar al prefecto Pintos, autor del fusilamiento, el juez a cargo de la causa, Leónidas Moldes, imputó a Fausto Jones Huala y a Luciano González (que estaban con Nahuel en el momento de su muerte) por usurpación, atentado y resistencia a la autoridad. Tiempo después, procesó a Pintos apenas por exceso en la legítima defensa, dando por cierta la versión de la prefectura de que los mapuches, con “armas de grueso calibre que cortaron de cuajo ramas de 20 centímetros de diámetro, lanzas con cuchillos en las puntas y máscaras anti-gas”, los habían atacado. Recientemente, el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Fiske Menuco puso en evidencia cómo el Poder Ejecutivo Nacional y, en especial el ministerio de Seguridad, operaron para construir un relato que apuntaba a la criminalización del pueblo Mapuche y a garantizar la impunidad de los represores. La Cámara resolvió la prisión preventiva de Pintos y ratificó que no existió ataque alguno hacia los prefectos, sino que fueron ellos los que iniciaron una verdadera cacería.
La ministra Bullrich se desentendió de estas acusaciones que apuntan directamente contra ella y toda la primera línea del Poder Ejecutivo, apelando nuevamente a la mentira, diciendo que la Cámara de Fiske Menuco tiene vinculaciones con el narcotráfico. Fruto de esa presión, poco después, sin modificar la calificación legal, la misma cámara excarceló al prefecto.
Estado de excepción y “voto bala”
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado, así como el asesinato de Rafael Nahuel y posteriormente el de Juan Pablo Kukoc a manos del policía Chocobar, constituyeron hitos fundamentales para la instalación de un estado de excepción no declarado. A través de la construcción de un enemigo interno, Cambiemos comenzó a apelar a los sectores más conservadores de la sociedad para poder llevar adelante una profundización y recrudecimiento de la represión, contando con un cierto nivel de consenso social en torno a ello. Valiéndose de discursos como el de la inseguridad, el terrorismo y el narcotráfico, el gobierno, y todo el aparato mediático a su disposición, buscaron instalar en el sentido común la necesidad de implementar el manodurismo, lo cual no significa más que la suspensión de las garantías constitucionales, y la implementación de un aparato represivo cada vez más sofisticado a disposición de los intereses del FMI y los grandes capitales transnacionales.
Así, por ejemplo, a los fusilamientos de Rafael Nahuel y de Juan Pablo Kukoc le siguieron no sólo la justificación y la reivindicación del accionar de los represores, sino también la resolución 956/18, que amplía las posibilidades para el uso de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales, el programa “Restituir”, que volvió a poner en funciones a once policías imputados por casos de gatillo fácil, y el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que busca, entre otras cosas, expandir el rango de posibilidades para el espionaje, el endurecimiento de las penas a quienes luchen y se organicen, y la legalización definitiva del gatillo fácil. Las consecuencias de estas medidas se reflejan claramente en los números que presentamos en la actualización de nuestro Archivo de Casos 2018, que demostró que en la actualidad el estado mata una persona cada 21 horas.
Apoyados por los sectores más concentrados del capital financiero, y también por cierto consenso social generado a través de la operación de los medios de comunicación hegemónicos, Cambiemos ha decidido centrar su campaña electoral en la profundización del camino de la mano dura. Al no haber generado ni una sola medida en favor de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, su única estrategia es la de apuntar a los sectores más conservadores y reaccionarios a través de este tipo de medidas. Es en ese marco que, hace pocos días, el ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario, destinado a jóvenes entre 16 y 20 años, y a cargo nada más y nada menos que de la misma fuerza responsable de la desaparición de Santiago. Para sumarle una cuota de cinismo, la inscripción a este Servicio Cívico Voluntario comenzó este martes, a tan solo dos días de un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Santiago.
Y por si esto fuera poco, la justificación empleada por la ministra Bullrich para la creación del Servicio Cívico Voluntario fue que “Gendarmería es la institución más valorada del país, mucho más que la educación pública”. Sin duda lo es para ellos, dado que son quienes velan en defensa de sus propios intereses y en contra del pueblo en lucha. El vaciamiento de recursos para la educación pública, las paritarias a la baja y la criminalización de la lucha docente, contrastados con el reciente “refuerzo” del sueldo para los miembros de las fuerzas represivas, demuestran claramente hacia dónde inclina la balanza el gobierno de Macri y compañía.
Organización y lucha para frenar el ajuste y la represión
Retomando el ejemplo de Santiago y de Rafita, de Maxi y de Darío, de Carlos “Petete” Almirón, y de tantxs otrxs compañerxs que pusieron el cuerpo en la lucha del pueblo por su liberación hasta las últimas consecuencias, este 1° de agosto debemos inundar las calles nuevamente, para demostrarle al gobierno nuestro más contundente repudio a sus políticas de ajuste y represión, que todos los días hunden al pueblo en la miseria y en el hambre, y que nos matan a una persona cada 21 horas en manos de su aparato represivo. No queremos para nuestrxs jóvenes el adoctrinamiento del Servicio Cívico Voluntario, queremos una juventud rebelde y solidaria, como la de Santiago, que dejó todo para apoyar la lucha del pueblo Mapuche por su legítimo derecho a permanecer en sus tierras. Debemos organizarnos en cada barrio, cada lugar de estudio y de trabajo, para ejercer esa verdadera democracia que tanto anhelamos, en la que el pueblo mande y el gobierno obedezca. Por eso es que una vez más saldremos a las calles para decir:
