Por unanimidad, el Tribunal Oral nº 1 de Lomas de Zamora consideró nula la indagatoria tomada al policía bonaerense Giuliano Fattori tras el fusilamiento de Leonel Sotelo, suspendió el juicio y reenvió la causa a instrucción para corregir la descripción de los hechos imputados.
Es que el 1º de diciembre de 2016, apenas unas horas después de que Fattori disparara al menos nueve veces contra el adolescente desarmado, y lo matara por la espalda, el Dr. Pablo Rossi consideró que el policía no había cometido ningún delito, y dejó expresa constancia que lo iba a indagar por mera formalidad, “sin perjuicio de requerir, inmediatamente después, su sobreseimiento”. Era el fiscal a cargo de la Unidad Temática de “Violencia Institucional”, digamos de paso.
Apenas Noemí Robelli, mamá de Leo, se presentara en la causa con patrocinio de CORREPI, dijimos ante el Juzgado de Garantías nº 6: “Se lo indagó por un no delito. El fiscal prejuzgó, sin ver la autopsia, sin ver la herida por la espalda ni contar siquiera las 9 vainas, todas de la Bersa Thunder reglamentaria, que son las únicas encontradas en la escena por los colegas del homicida, y le describió los hechos de acuerdo a la propia versión del policía”.
Tiempo después, cuando la causa llegó a la Fiscalía General de Lomas de Zamora, el Dr. Ferrari resolvió que era necesario elevar la causa a juicio oral contra Fattori, y designó a la fiscal Monti en reemplazo de Rossi. Pero no anuló la “no indagatoria”, con la que llegamos a la primera audiencia de debate el 13 de junio pasado.
Recién entonces, la tercera fiscal de la causa, Viviana Simón, dijo lo que desde el principio era obvio: ese acto fue de absoluta nulidad, y es necesario imputar correctamente los hechos al policía Fattori para poder juzgarlo con un mínimo de imparcialidad.
Dos años y medio fueron necesarios para volver al principio y acusar al policía por el homicidio que cometió. Dos años y medio de lucha permanente de Noemí, su familia y sus compañerxs de CORREPI, que hoy festejamos que en el próximo juicio no vamos a arrancar con una absolución preestablecida sobre la mesa.
Sabemos que este justo pero tardío reconocimiento, hoy, de que todo se hizo mal -y no porque sí- para favorecer al policía no nos permite descansar y bajar los brazos, sino que tendremos que redoblar los esfuerzos de cara al próximo juicio, al tiempo que seguimos denunciando, en las calles y con todos los medios disponibles, que el gatillo fácil es política pública de Estado, firmemente promovida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Ganamos esta pequeña batalla el mismo día que nos conmocionamos con el disparo policial en la frente de Silvia Maldonado, de 17 años, que cayó al suelo con su beba de dos años en brazos por negarse a abrir la puerta de su casa, en un barrio de Santiago del Estero, a policías que pretendían allanarla sin orden judicial para buscar una amoladora robada.
Ganamos esta pequeña batalla a horas de que se cumpla un mes de la masacre de Monte, mientras celebramos la lenta recuperación de Rocío, la única sobreviviente de 13 años, y nos aprestamos a viajar a acompañar a las familias y vecinxs en una nueva movilización el día 20.
La lucha antirrepresiva se nutre de pequeños y grandes triunfos, y también de las derrotas, que enfrentamos con la misma fuerza, porque la pelea es por la conciencia que construimos entre todxs, contra toda forma de represión.
