La lucha en Mendoza por el agua pura, contra el fracking y contra la Megaminería, viene constituyéndose como uno de los ejes centrales de la resistencia a los sucesivos gobiernos provinciales que buscan intensificar el modelo económico agrominero exportador, saqueador y contaminante del territorio.
A finales del 2017 y sobre todo durante el 2018, comenzaron a desarrollarse extracciones de petróleo en distintos puntos del sur provincial, empleando técnicas no convencionales y altamente cuestionadas a nivel internacional. Ante el creciente clima de descontento que esto provocó en la población, el gobernador Alfredo Cornejo, a través del decreto 248/18, habilitó el uso del fracking para la explotación de petróleo con esta técnica clausurando todo debate y análisis de su viabilidad/seguridad. Como respuesta, amplios sectores de la sociedad salieron a repudiar enérgicamente la medida: cortes de ruta, acampes en plazas, tomas de municipios departamentales, marchas en centros urbanos, escraches a los principales políticos responsables y un estado de asamblea permanente. Esto puso en evidencia que la sociedad mendocina no está dispuesta a negociar su bien común fundamental, el agua.
La respuesta desde el Estado a estas expresiones fue la persecución, la represión y la criminalización de la protesta, empleando para ello toda una gama de estrategias. A un año del comienzo de estos episodios, desde CORREPI queremos presentar los principales casos de represión selectiva hacia quienes luchan, como un activo ejercicio de memoria y reflexión, contra el extractivismo contaminante y el saqueo de bienes naturales.
El 26 de abril del 2018, en Eugenio Bustos, Departamento de San Carlos (a 100 kilómetros al sur de la capital provincial), un grupo de aproximadamente 400 vecinos y vecinas cortaron la Ruta Nacional 40, tratando de evitar que los camiones trasladaran tanques para el desarrollo de explotación de fracking en la zona de Puesto Rojas, en el departamento de Malargüe. El Juez Walter Bento ordenó despejar la ruta, acudiendo al operativo fuerzas policiales y de gendarmería nacional. Después de momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, aproximadamente 50 agentes procedieron al desalojo del que resultaron 11 imputados.
El 22 de mayo del 2018, en el Departamento de San Rafael, al sur de la provincia, durante una manifestación en repudio a la Directora de Protección Ambiental Miriam Skalany, un agente de policía fingió una agresión para detener e imputar a un manifestante, Mauricio Guajardo Villegas, por lesiones dolosas graves y agravadas. Dos días después, dirigentes de Cambia Mendoza de San Rafael denunciaron penalmente a la docente Gisela Gauvron por difundir un audio de WhatsApp donde generaba, según ellos, “miedo en la población”, y postularon que con la explotación de fracking, Mendoza se convertirá en un área de sacrificio.
El 8 de septiembre, durante una de las movilizaciones más numerosas que se organizaron contra el fracking en la capital de Mendoza, el municipio aplicó el código de convivencia sancionando con multas de hasta $53.000 a varios manifestantes, por alterar el normal funcionamiento del tránsito y por ruidos molestos. Dos asambleístas fueron multados con infracciones inexistentes e inventadas.
Un año ha transcurrido desde aquellos acontecimientos y las asambleas populares por el agua pura continúan exigiendo una ley que prohíba la utilización fracking en Mendoza. Denuncian, a su vez, las iniciativas de varios funcionarios públicos que buscan alterar la ya conseguida ley 7722, una legislación que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección y/o industrialización de minerales obtenidos a través de cualquier método extractivo. Y que fue una histórica conquista del pueblo organizado.
En este 2019, e independientemente del resultado electoral, los gobiernos nacional y provincial, continuarán atropellando las soberanías territoriales. Y ante la falta de mecanismos más “civilizados” para garantizar sus fabulosos negocios, avanzarán con sus mecanismos represivos tradicionales: el código contravencional modificado, que ya se está aplicando con ferocidad sobre los sectores del pueblo trabajador, y las reformas planificadas del código penal, así como el proyecto de baja a la edad de punibilidad serán viejos instrumentos (pero perfeccionados para el disciplinamiento a los sectores organizados y en resistencia).
Es por eso que resulta necesario mantener la lucha en las calles y sumar con participación activa, a las organizaciones que se plantan contra la expoliación de nuestros bienes comunes.
