Ayer, 4 de septiembre, se llevó adelante en todo el país una jornada nacional de cortes y ollas populares para reclamar por la emergencia alimentaria y la recomposición salarial para afrontar el hambre de miles de familias de nuestros barrios.
La provincia de Mendoza no fue la excepción. Organizaciones sociales y sindicatos concentramos en el Nudo Vial, para luego marchar a Casa de Gobierno por las demandas más urgentes que se viven en el día a día.
Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo no dio ninguna respuesta a los reclamos, pero hoy, cerca del mediodía, anunció la imputación por el delito de “entorpecimiento de medios de transporte” a once compañerxs. En la lista se encuentran Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE y Víctor Da Vila, senador por el FIT, junto a compañerxs del Polo Obrero, FOL y el FPDS-CN.
Esta acusación es un nuevo avance de la criminalización de la protesta y el conflicto social, que se suma, en la provincia,a la situación que ya enfrentan otrxs compañerxs del SUTE, procesadxs por haber participado de un plenario del sindicato. Es una nueva vuelta de tuerca del plan para perseguir y criminalizar a lxs trabajadorxs organizadxs.
Ante la agudización del conflicto social, la única respuesta del ejecutivo es la represión, en este caso valiéndose nuevamente del poder judicial para castigar a quienes salen a luchar, y así meter miedo, desarticular la organización y aleccionar al conjunto de lxs trabajadorxs con la amenaza creciente de la persecución penal.
Hoy, a las 18:00, en la Plaza Independencia de Mendoza, CORREPI se suma a la convocatoria, en el marco del paro nacional, en solidaridad a la represión sobre lxs trabajadores de la educación de Chubut, para exigir el cierre de esta causa y todas las que buscan criminalizar la protesta y para seguir denunciando la persecución política y sindical.
