El 17 de mayo de 1990, luego de décadas de lucha del colectivo LGTBIQ+, la OMS sacaba la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Sin embargo, ese día no terminó la persecución, represión y criminalización de este colectivo.
Las calles nos han encontrado luchando contra los edictos policiales, los códigos contravencionales y de faltas, contra el protocolo de Bullrich, recientemente derogado por la actual gestión, gracias a la lucha sostenida, y contra la criminalización ejercida desde las fuerzas represivas y la justicia heterocispatriarcal.
Desde que se dictó el DNU 297/20, la suspensión de las garantías constitucionales que contiene esta norma, como consecuencia del estado de excepción que se vive a nivel mundial producto de la pandemia y el consecuente aumento de prerrogativas dadas a las fuerzas represivas, aumentaron los riesgos de los sectores de la población más vulnerados estructuralmente. Dentro de estos sectores, el colectivo LGTBIQ+ se está llevando una de las peores partes. La discrecionalidad utilizada por las fuerzas represivas para perseguir, violentar y detener arbitrariamente a este colectivo, y, en particular y con mucha saña, a las compañeras travestis y trans, sigue quedando al desnudo.
También son sistemáticos los hostigamientos a compañerxs trabajadorxs sexuales o en situación de prostitución -actividad con la que subsiste el 90 por ciento de las travestis y mujeres trans-. Los uniformados aprovechan para llevarlxs detenidxs, con la excusa de que “seguro están trabajando y violando el aislamiento”. El “quedate en casa”, para gran parte de ellxs, no es posible porque no tienen una, ya que en este contexto no tienen ingresos para comer y pagar donde vivir.
Por último, la situación de las cárceles afecta profundamente a este colectivo y en especial al colectivo travesti trans, que presenta una situación extrema. Por ejemplo, el 73% de las personas de este colectivo detenidas en la provincia de Buenos Aires padece enfermedades crónicas, y la inmensa mayoría de estas personas -76%- no tienen condena firme.
Hoy, a treinta años de ese 17 de mayo de 1990, con la memoria de compañerxs como Carlos Jauregui, Lohana Berkins, Maite Amaya, Vanessa Ledesma, las compañeras trans y travestis muertas en Panamericana escapando de la policía, seguimos alertas y luchando contra la represión y la precarización de nuestras vidas.
Seguimos exigiendo la liberación de las personas privadas de su libertad por delitos menores sin condena firme, la implementación de políticas públicas para que las personas que están en la informalidad puedan cumplir la cuarentena sin tener que sufrir hambre o quedarse sin techo, el cupo laboral travesti trans y el cese de la persecución policial a personas del colectivo LGBTIQ+.
Seguimos exigiendo la absolución de Higui, Marian Gómez, Joe Lemonge y Luz Aimé Díaz.
También este día decimos que al virus y a la represión los enfrentamos colectivamente, con orgullo, organización y lucha.
