“En cualquier lugar se encuentra la vida
Y en cualquier rincón se esconde la piedra que busco
Dejando a mi cuerpo de blanco
Dejando a mi cuerpo de blanco
Para los que quieran tirar…” (La Vela Puerca)
Sobre el fin de su gira europea, el presidente Alberto Fernández, en reunión con organismos de DDHH en París, se comprometió a impulsar una ley en Argentina que penalice el negacionismo de la dictadura militar, similar a la “Ley Gayssot”. La norma vigente en Francia contempla penas de multa y de prisión para quienes rechazan el Holocausto o mantienen expresiones tendientes a relativizarlo, así como penaliza actos discriminatorios por racismo, xenofobia u odio, en forma similar a la ley 23.595 (Actos Discriminatorios), sancionada en nuestro país en 1988.
La noticia hizo estallar a los reaccionarios, siempre a tiro para negar –en todo o en parte- la existencia de un plan sistemático de represión organizada desde las estructuras del estado terrorista de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Salieron de inmediato con el caballito de batalla reactualizado durante la gestión de Mauricio Macri: “No fueron 30.000” dicen con pretensión de “rigor” cientificista.
Por eso, durante el gobierno de Cambiemos, tuvimos que salir a las calles los 24 de marzo con la consigna central de “Son 30.000 – Fue genocidio”, para defender la lucha de las compañeras y compañeros desaparecidxs y porque la reafirmación de la historia es un deber insoslayable. La reafirmación de que fueron 30.000 es parte de ese deber, y no es arbitraria ni caprichosa.
Un argumento usual por parte de los falsificadores es que la CONADEP registró “sólo” 8.900 desapariciones forzadas. Omiten el dato de que ese relevamiento se hizo a días del recambio institucional, durante los primeros meses de 1984, con unos 150.000 represores, entre civiles y militares, caminando libremente por las calles y más de 500 centros clandestinos de detención con los candados aún balanceando en sus portones. El terror desparramado entre la población y el carácter disciplinante que adquirió explica que tantas denuncias no se formalizaran entonces.
Es que el estado terrorista desplegó su aparato represivo en una combinación entre lo legal y lo ilegal, pero tuvo en la clandestinidad su denominador común. Por eso no se conocen registros oficiales, aunque no dudamos en la existencia de archivos, cuya apertura siempre hemos reclamado, que permanecen ocultos todavía.
Aunque no es con el reclamo de “pruebas jurídicas” que se resuelve la cuestión, porque lejos está de ser una cuestión técnica, hay abundante evidencia de que fueron –al menos- 30.000. Por ejemplo, en el contexto del Plan Cóndor, el coronel Luis Felipe Alemparte Díaz (seudónimo del genocida chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel), reportó a la DINA CHILENA que los militares argentinos contabilizaban en 22.000 los “elementos subversivos muertos por izquierda” hasta 1978. En enero de 1976, el compañero Haroldo Conti envió al escritor cubano Fernández Retamar una carta en la que le confía que un cuñado suyo, vinculado a altos mandos del ejército, le deslizó que habría “un golpe de estado sangriento para el fin del verano con una cuota mínima de 30 mil muertos”. La carta forma parte del patrimonio cultural de la Casa de las Américas. Jorge Luis Borges, insospechado de “subversivo”, dijo en un reportaje del diario francés Le Monde, publicado a doble página el domingo 6 de mayo de 1984: “Aquí se usa ese eufemismo de desaparecidos, pero la realidad es mucho más terrible: esas personas no desaparecieron, fueron secuestradas, quizás torturadas y seguramente asesinadas. El general (Ramón) Camps da la cifra de treinta mil”. La nota fue reproducida por el vespertino La Razón de Buenos Aires, diario dirigido por Félix Laiño, un hombre que respondía al Ejército Argentino, que era el verdadero propietario del medio, el lunes 7 de mayo de 1984. Y un sencillo cálculo a partir de la cantidad de CCDs confirma que “alojaron” mucho más de ocho mil personas
Sin embargo, y sin dejar de destacar la valiente tarea de los organismos defensores de DDHH en todos los estrados judiciales del mundo evidenciando la magnitud del genocidio, no es al pueblo agredido a quien le corresponde demostrar nada, sino al estado que cometió los crímenes de lesa humanidad.
Negacionismo no es sólo una cuestión de número, es un concepto que va más allá de ciertos fuegos de artificios con los que se suele simplificar la discusión. Negacionismo es también ocultar la entidad de la lucha desplegada por las y los 30 mil compañeras y compañeros. Ocultar desde su valentía hasta la coherencia que lxs caracterizaba, portadores de un idealismo y una moral consecuentes, es también negacionismo. No son ni el pasado romántico ni el presente pragmático, aunque a la luz del futuro que llegó el tiempo les dio la razón: Había que cambiarlo todo. Vaciar de contenido la historia es una forma particular del negacionismo.
Mucho menos se puede subestimar o relativizar la gravedad del negacionismo, a la luz de la recurrencia actual a los golpes de estado en Nuestramérica, con intervención decisiva de las FFAA y de Seguridad cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Para que el negacionismo sea derrotado no alcanza con una ley que penalice su invocación. Se deben atender los reclamos históricos de los organismos, como la unificación de los juicios por circuitos represivos para evitar que las distancias, constituciones de diversos tribunales, y otras dilaciones, consagren impunidades a través de beneficios procesales o causas naturales como las propias muertes (en el último año ha habido 14% más de represores fallecidos impunes). Debe terminar el desguace de las causas, para que se juzgue a los represores por los delitos cometidos contra todos los compañeros y compañeras doblemente victimizadxs al tener que deambular por diversos tribunales del país.
Para que el negacionismo sea derrotado, deben integrarse los Tribunales Federales pendientes y crearse los que faltan. Para este año sólo se prevén ocho juicios para 56 represores (un 30% menos que en el 2019), sobre 589 en trámite. Con más de 500 centros clandestinos de detención y exterminio comprobados, apenas cinco genocidas fueron juzgados por cada uno de ellos hasta el momento.
Para que el negacionismo sea derrotado, es necesario frenar el mecanismo liberatorio que el macrismo duplicó, invirtiendo las reglas de la excepcionalidad: más de 600 genocidas gozan arresto domiciliario y apenas 200 están efectivamente presos.
Para que el negacionismo sea derrotado se impone saber què actividad concreta se està desarrollando desde el estado para dar con los 29 genocidas procesados pero prófugos de la justicia.
Para que el negacionismo sea derrotado, deben impulsarse los juicios contra los empresarios asociados al terrorismo de estado, como Acindar, Chacra de Méndez, Comisión Nacional de Valores, Ford, La Nueva Provincia, La Veloz del Norte, Las Marías, Ledesma, Loma Negra, Mercedes Benz, Minera El Aguilar o Papel Prensa, así como el resto de civiles, funcionarios judiciales y representantes de la iglesia, que continúan impunes.
Insistimos, para que el negacionismo sea derrotado se necesita más que una ley que penalice su invocación, se necesita la decisión política innegociable de ir a fondo por la memoria, la verdad y la justicia.
Frente al fascismo no puede haber titubeos ni vacilaciones.
