Aislamiento social obligatorio: algunos criterios de seguridad

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La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provinciales para contener su propagación nos confrontan con múltiples desafíos. Por una parte, es necesario que todxs aportemos a la que parece ser, de acuerdo a la experiencia internacional, la mejor vía para contener la circulación del virus, que es limitar al máximo posible el contacto entre las personas para reducir la posibilidad de circulación comunitaria del virus.

Por la otra, el aislamiento social obligatorio dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia 297/2020, tiene graves consecuencias para un enorme universo de personas (trabajadorxs precarizadxs, en negro, quienes dependen de changas, personas en situación de calle, etc.), que, si obedecen la medida, no pueden garantizar una subsistencia diaria. Es decir, para atravesar la cuarentena con dignidad es imprescindible que se contemple la situación de ese 40% de la población que vive en la informalidad. Sabemos, también, que hay muchísimxs trabajadorxs que aún se encuentran yendo a trabajar porque sus patrones no otorgan las licencias correspondientes.

En tercer lugar, quienes por una u otra razón transiten la vía pública, se encontrarán con un despliegue de las fuerzas de seguridad ante quienes deberán dar cuenta de las razones de su desplazamiento, bajo amenaza de imputación penal por los delitos de los artículos 205 (incumplimiento de las medidas tomadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia) y 239 (desobediencia) del código penal.

No podemos desconocer que, si bien hoy, el motivo esgrimido es preservar la situación sanitaria, son las mismas fuerzas de seguridad que vienen cumpliendo su rol represivo frente a los sectores más castigados de nuestro pueblo, responsables de los miles de casos de gatillo fácil y torturas que desde esta organización denunciamos sistemáticamente.

Frente a las disposiciones generales contenidas en el DNU, sugerimos tomar los siguientes recaudos:

•    En cualquier caso que debamos salir a la calle, incluso para pasear al perro, llevar el DNI.

•    En caso de estar exceptuados del aislamiento por razones laborales, llevar un certificado o constancia en el que conste lugar de trabajo y actividad (cada empleador debe proveerlo).

•    En caso de concurrir a asistir personas mayores o enfermas, llevar copia de su DNI.

•    En caso de salir para comprar alimentos o medicamentos, hacerlo en comercios de proximidad al domicilio y elegir zonas con la menor circulación posible.

•    En cualquiera de los casos, avisar a alguien que saliste y para qué, y luego avisar el regreso al domicilio.

•    En caso de ser interceptadx por miembros de las fuerzas de seguridad, mantener la calma y responder clara y tranquilamente el motivo de la salida, exhibiendo la documentación que justifique la salida (pueden ser útiles fotos en el teléfono del lugar de trabajo o del pariente o amigx que se está yendo a cuidar). No nos expongamos a ninguna situación conflictiva innecesaria que habilite la reacción de los uniformados. No les demos excusas para que nos lleven detenidxs.

Seamos conscientes que nada facilita más la implementación del control social que una situación de excepción como la que estamos viviendo, y que de nosotrxs depende que, como escribió Albert Camus en La Peste, la solidaridad prevalezca sobre la especulación y el autoritarismo.

Nos parece sumamente importante que establezcamos redes de comunicación entre las organizaciones del campo popular para estar atentxs ante cualquier situación de arbitrariedad o represión.

CORREPI estará alerta para denunciar cada hecho represivo, porque ante la pandemia las medidas deben ser para cuidar al pueblo y no para someterlo y reprimirlo.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

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