El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, siempre prolífico a la hora de estallar provocaciones, estrenó una nueva variante en la larga lista de excusas oficiales para justificar el gatillo fácil y lavarle la cara al gobierno responsable. Esta vez, a propósito del inminente juicio oral al policía bonaerense Luis Chocobar –hoy su subordinado, dicho sea de paso- dijo que, si bien su accionar fue “incorrecto, no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención”, y redujo la responsabilidad estatal al viejo argumento del “mal entrenamiento”.
Por décadas CORREPI ha señalado y controvertido cada una de esas “excusas”, que tienen en común presentar los fusilamientos policiales o de otras fuerzas como hechos aislados, desvinculados de las políticas de estado, para disimular la realidad material que subyace frente a cada hecho de represión policial: el brazo armado del sistema, cumpliendo su deber.
Hemos confrontado así contra las tesis del loquito suelto, la noticia fácil, el resabio de la dictadura o la burocracia autónoma, cada una con sus variantes, a la que se suma ahora esta versión renovada del “mal entrenamiento”, que no resiste un simple dato de la realidad: si “mal entrenados” ponen sistemáticamente la bala en la nuca, la espalda o la sien, no queremos verlos mejor entrenados. Ni hablar de lo que significa afirmar que un policía que disparó siete veces a la espalda de una persona que huye desarmada haya actuado “con la mejor intención”.
Así como, por estos días, debimos reafirmar que genocidio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica no fue la simple suma de “inconductas de algunos”, porque no hubo errores ni excesos, sino un plan sistemático de exterminio bajo la forma del terrorismo de estado, frente a las declaraciones exculpatorias del ministro Berni volvemos a decir que el gatillo fácil es una política de estado, de la que los gobiernos son plenamente responsables.
En el caso puntual, conviene recordar que el 22 de agosto de 2018, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires, visitó a Chocobar en su domicilio para anunciarle la plena reincorporación a la fuerza, a pesar de que ya estaba con procesamiento firme por el homicidio perpetrado el 8 de diciembre de 2017.
No hemos sabido que Sergio Berni, actual jefe político de la policía bonaerense, modificara esa situación y cumpliera las normas que imponen la disponibilidad, aunque sea preventiva, del personal policial afectado a causas penales. Luis Chocobar llegará a la sala de juicio el próximo 11 de marzo no sólo en libertad, sino en actividad como policía bonaerense. El mantenimiento de esa situación de privilegio es, desde el 10 de diciembre pasado, responsabilidad directa y excluyente del ministro Berni.
La realidad descarnada nos muestra que ni el fusilamiento de Juan Pablo Kukoc, ni ninguno de los miles de hechos similares, son casos aislados, fruto de la mala preparación o de desbordes individuales. Tampoco son resultado de políticas autónomas de una u otra fuerza, de insuficiente preparación “democrática” o del autoritarismo naturalizado de las burocracias.
Los hechos, y el análisis del funcionamiento cotidiano del aparato estatal en su conjunto, incluyendo las agencias de sus tres poderes, demuestran que son sistemática aplicación de una política de estado, dirigida a ejercer el control social sobre las mayorías populares, ésas que para que perdure una sociedad dividida en clases deben ser acostumbradas a callar y obedecer.
Basta de gatillo fácil
Contra la represión, ¡organización y lucha!
