“De todo lo cual resultó que el miedo al tormento fue mayor que el que se tenía a la misma hoguera, y muchos, completamente inocentes, vencidos por el terror que les infundía, confesaron todo cuanto se les acusaba”.
De este extracto de las crónicas del sacerdote jesuita Pedro de León (1545-1632), recopiladas en sus épocas de capellán de la cárcel de Sevilla (donde supieron estar figuras célebres como Miguel de Cervantes), se puede desprender parte de lo que se vio hoy en la audiencia por el juicio seguido a lxs compañerxs Natalia Pérez (referente de la Defensoría de Géneros de Luján) y a Hernán Centeno (Docente de SUTEBA de Escobar), que fueron representadxs en su defensa por nuestrxs compañerxs Ismael Jalil y María del Carmen Verdú.
En su afán disciplinador e inquisidor de toda movilización social, nuevamente el aparato judicial intentó criminalizar a dos militantes, por el solo hecho de cuestionar el escenario de hambre y dominación que se quiso instaurar durante el gobierno de Macri, con organizaciones del establishment económico internacional, como la Organización Mundial de Comercio, oficiando de garantes de dichas políticas.
En un escenario virtual, que por momentos rozó la comicidad y por otros lo dantesco, desfilaron como testigos cinco funcionarios de la Policía de la Ciudad que intervinieron en la represión de aquel 12 de diciembre de 2017.
Ninguno pudo aportar elemento alguno que impusiera aunque sea una mínima sospecha de que lxs compañerxs habrían cometido alguno de los delitos de los que se lxs acusaba, y por los cuales ellos mismos habían oficiado como sus aprehensores.
Que se olvidaron, que pasó mucho tiempo, que en su carrera tuvieron muchas detenciones, que necesitarían que les lean lo que ya habían declarado con anterioridad para recordar lo que había sucedido, fueron algunos de los “consistentes y firmes” testimonios que pudieron dar los policías aportados por la acusación llevada adelante por la Fiscalía.
Sin embargo, lo que sí se pudo probar durante la audiencia, fue la maquinaria de criminalización de la protesta social, que tiene sus distintos elementos dentro de un engranaje que abarca a todo el Estado.
De la boca de los propios policías se escuchó como se detienen personas durante una protesta por “especificaciones” dadas desde las centrales de monitoreo urbano (que analizan las cámaras puestas por el GCBA). Es decir, solo alcanza con que coincida la descripción verbal que le da un funcionario desde un lugar completamente alejado a los hechos que transcurren durante una movilización, para que un policía detenga a una persona y se inicie un proceso judicial en su contra.
Por otra parte, también quedó demostrado que ni siquiera son los mismos policías que detienen a alguien, los que terminan dando fe de esa detención y las circunstancias en que se han producido, mediante la confecciones de las “actas de procedimiento”, sino que estas son tercerizadas. O sea, alguien que no sabe nada de esa detención, es quien cuenta cómo se produjo y qué elementos de prueba pueden haberse obtenido en la misma.
Unx podría pensar que luego esto es corroborado seriamente, con imágenes, contrastados los testimonios, con un rigor de análisis serio que permita la verificación clara y sin contradicción alguna, de que aquella persona detenida es la que cometió el delito por el que se la acusa.
Pero no, y el debate de hoy dio muestras claras de ello.
La propia Agente Fiscal, que no había tenido reparos en impulsar una acusación furibunda contra lxs compañerxs imputadxs, por hechos que, según sus dichos, “revestían una gravedad institucional que ponía en riesgo la convivencia democrática”, fue la que ante este escenario de inconsistencias en los testigos de cargo, decidió no acusarlxs, posibilitando su absolución.
Entonces cabe una sencilla pregunta, ¿Por qué la justicia, con el Ministerio Público Fiscal, los jueces que ofician durante las investigaciones y luego los Tribunales de Juicio, se prestan a llevar a una persona ante los estrados públicos sin que existan pruebas en su contra? ¿Cómo es que un poder entero del Estado, en complicidad con otro, se prestan a semejante circo disfrazado de juicio oral?
La respuesta a eso es la cita con la que arranca esta nota.
No se busca encontrar “culpables”, aunque a veces recaigan penas arbitrarias sobre algunxs de lxs que la “justicia” señala, sino que se busca desmotivar la presencia en manifestaciones sociales.
El mensaje no es para las personas acusadas, sino para el resto de lxs militantes y para quienes se animen a salir a las calles a manifestar su descontento contra un sistema que nos quiere condenar a infelicidad, cada vez más.
Hoy se le pudo dar un golpe directo a este criminal accionar estatal, pero no es, ni será, la última vez que esto suceda.
Y trayendo nuevamente a Cervantes, la única forma de poder hacer frente a un escenario de confrontación cuasi quijotesco, es a través de la organización, como hoy quedó demostrado en una audiencia en la que no sólo estuvieron presentes lxs acusadxs y sus defensas, sino también compañerxs de distintas organizaciones que apoyaron su pedido de absolución.
Celebramos el cierre de esta causa contra lxs compañerxs Natalia Pérez y Hernán Centeno, y su inminente absolución, repitiendo una vez más y hasta el cansancio:
