Apenas iniciada la segunda etapa del aislamiento, oficializada anoche mediante un nuevo DNU hasta el 12 de abril próximo, arrecian las noticias de graves hechos represivos protagonizados por las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. En la mayoría absoluta de los casos, las víctimas son personas que circulaban por necesidades impostergables que constituyen excepciones válidas, o por situaciones materiales que les impiden permanecer puertas adentro. Es reiterada, además de la violencia, los golpes, las amenazas y el uso de armas, la discrecionalidad con la que los uniformados interpretan, a su antojo y con todo tipo de variantes, las disposiciones del DNU 297/2020. En los barrios populares, salir para hacer compras de primera necesidad o buscar mercadería básica en lugares que la proveen solidariamente, es permanentemente motivo de intercepción, que, en muchas ocasiones, se complementan con la detención, y se acompañan con todo tipo de vejaciones y tratos aberrantes. La excusa para la intervención del aparato represivo sobre las personas más vulnerables se genera, sistemáticamente en el marco de las mismas actividades que se toleran, incluso con exceso, en los barrios privilegiados, en los que es apenas visible la presencia policial.
Probablemente las imágenes que más indignaron en estas últimas horas sean las del niño de 12 años, apaleado brutalmente por la policía bonaerense frente al Hospital Fiorito de Avellaneda, mientras lo acusaban de haber robado una bolsa con comida que vecinos solidarios le habían regalado. La fortuita circunstancia de que alguien registrara en video y publicara las imágenes permitió que, en este caso puntual, las autoridades identificaran a los policías y se iniciaran acciones penales, como lo difundió el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Naturalmente, a diferencia de lo que viene sucediendo con miles de personas que siguen al día de hoy detenidas porque la policía afirma que violaron el aislamiento, los perpetradores siguen en libertad.
En Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, policías de la DDI ingresaron a un domicilio, golpearon y detuvieron a un joven de 17 años, acusándolo de incumplir el aislamiento, y, como su padre intentó interceder, también lo detuvieron, con el comodín siempre a mano del “atentado y resistencia a la autoridad”.
En Mendoza, un trabajador que vende verduras en forma ambulante fue rodeado y detenido por la policía. Las vecinas, que salieron a defenderlo, recibieron fuertes amenazas de detención. Hasta ahora no fue posible averiguar dónde fue conducido.
En Alta Gracia, Córdoba, la policía entró por la fuerza a un domicilio, armados con Ithakas, para detener a un joven que habían visto salir de una despensa vecina. Golpearon a su madre y su padre, personas de edad y con problemas de salud, mientras que sus hermanos, que intentaron explicar que había ido a comprar comida para la familia, fueron amenazados con las escopetas. El nombre del joven es Eduardo Agustín Freytes (23), y esta mañana lo trasladaron desde la comisaría de Alta Gracia hasta el EP 9 de la capital provincial.
Recibimos informaciones similares de muchos otros barrios, como La Cava, en el conurbano norte, donde la policía realizó disparos para forzar a las personas a ingresar a sus casas, o la Villa 20 en CABA, en la que otro chico muy joven fue apaleado y detenido en medio de los gritos de lxs vecinxs que no pudieron evitarlo.
Particularmente grave fue la situación vivida por la comunidad mapuche Pu Lof Buenuleo en Bariloche. Su territorio, reconocido desde 1908 como lote pastoril, fue usurpado en 2014 por un empresario, por lo que poco después comenzó la lucha por su recuperación. Violando ostensiblemente las disposiciones vigentes, incluso en materia de desalojos, desde el 28 de marzo se sucedieron una serie de ataques de patotas armadas, amparadas por la policía provincial. La comunidad resiste, en total estado de alerta.
El domingo pasado, en Ituzaingó, una trabajadora de prensa de medios de la zona oeste salió a las 20:00 en su auto, para buscar una farmacia de turno porque debía comprar medicación para atender un esguince de pie. A la vuelta de su casa, fue detenida en un retén de cerca de 20 efectivos de la UTOI. Explicó las razones de la salida, y recibió como respuesta que “no era el horario de ir a una farmacia”, como si el DNU estableciera alguno. A partir de allí, se sucedieron una serie de demandas igualmente descabelladas, como exigirle el uso de barbijo y guantes, tener receta para un medicamento de venta libre, haber ido en auto y no a pie, lo que la mantuvo demorada hasta que, tras muchos cabildeos, finalmente logró seguir su camino.
Nos hacemos eco en este reporte del pedido de ayuda de la familia de Ariel Jorge Luis Gómez, un joven de Rafael Castillo La Matanza, del que no tienen noticias desde el domingo, cuando avisó que saldría un momento de su casa para dirigirse a cinco cuadras de distancia. Sin novedades de la denuncia que ya radicaron, pusieron a disposición el teléfono 11-5766-1195 para quienes puedan aportar alguna información.
El párrafo final de este reporte debe necesariamente centrarse en la resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dictada el 27 de marzo, que dispuso destinar la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida “Juana Azurduy”, eufemístico nombre para no decir “cárcel para mujeres entre 13 y 20 años de edad”, como lugar de detención de niñxs y adolescentes detenidxs durante la vigencia de la medida de aislamiento obligatorio. En criollo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en lugar de proveer alguna medida concreta para auxiliar en la emergencia a lxs niñxs y adolescentes pobres de la ciudad, ya tiene rejas habilitadas para encerrarlxs. Alertamos sobre esta gravísima decisión, que deja bien claras las prioridades del GCBA.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
