Desde el mes de mayo, oficiales de la policía de Schiaretti, acompañados por alguien que dice ser el dueño de la propiedad pero que nunca acercó pruebas de ello, junto con topadoras vienen amedrentando, golpeando y destruyendo las viviendas precarias de personas que se encuentran habitando un asentamiento en barrio Cabildo Anexo.
Estos intentos de desalojo pudieron ser frenados gracias a la organización popular, llegando a confirmar que todos esos intentos se hicieron de manera ilegal, sin previo aviso al mismo, y sin presentar ningún pedido de desalojo firmado por ningún juez. Solamente con un grupo de oficiales, topadoras y quien dice ser el dueño de las tierras; mientras los uniformados, sin identificarse, leen textos desde un celular donde supuestamente estaría este pedido.
En este tiempo y por medio de topadoras se les ha destrozado las precarias viviendas hechas de madera, chapa y nylon a estas personas que se van quedando sin un techo donde resguardarse, mientras el frío del invierno parece calar cada vez más y en medio de una crisis sanitaria que llega a picos de contagios todas las semanas.
La policía por su parte ha dejado de forma fija un puesto con oficiales en el lugar para impedir que estas viviendas puedan volver a construirse, no dejando pasar materiales al lugar, y permaneciendo en las adyacencias al mismo durante todo el día y la noche.
Tanto en el mes de mayo como hace pocos días la policía irrumpió en esos terrenos disparando balas de goma, golpeando y destruyendo viviendas que tenían personas en su interior. Dentro de estas personas que fueron golpeadas se encuentra una joven embarazada, a la cual golpearon en el estómago, en una gravísima muestra de cómo funciona la violencia patriarcal cuando se viste de uniforme.
El hostigamiento es constante hacia las familias, con la presencia de policías pidiéndoles que se identifiquen, con imputaciones, y demás formas que encuentran las fuerzas represivas para amedrentar a quienes intentan tener un lugar donde vivir, pero también contra lxs vecinxs que se solidarizan con esta causa, transformando a toda una zona en un foco de la represión policial.
La Unidad Judicial II está a cargo de estos procedimientos, donde se encuentra también la comisaría 18 de Villa El Libertador, un barrio que lleva años exigiendo a la municipalidad de Córdoba por un plan de obras de cloacas y alcantarillado, donde las viviendas se caen por la falta de las mismas. Es la misma comisaría a la que pertenecen los oficiales que asesinaron de un gatillo fácil a José Ávila hace solo un par de semanas. La misma que participó hace un par de días del amedrentamiento a quienes reclaman por la apertura del Equipo de Atención Comunitaria en Salud Mental. Lo que demuestra que este tipo de accionar no es nuevo, ni una excepción a lxs vecinxs de la zona. Como tampoco lo son los desalojos en la Córdoba que gobierna el oficialismo desde hace más de 20 años. Incluso algunos han quedado grabados en la retina de lxs cordobeses, y en la memoria y la lucha, como el desalojo de Villa La Maternidad, por la figura de la lucha por la vivienda encarnada por Heraldo Eslava en 2004; o el de Juarez Celman, en julio de 2018. Sin olvidar que durante esta pandemia también hubo un intento de desalojo y represión a personas que ocupaban terrenos en Estación Ferreyra, con agresiones que incluyeron balas de goma y golpes a más de cien familias.
En una provincia donde se ha evidenciado que una persona puede morir de frío en una plaza, con un creciente índice de contagios por COVID-19, y donde un tercio de lxs cordobeses viven en precariedad habitacional y casi la mitad no puede pagar el alquiler, mientras los índices de pobreza trepan de forma alarmante, la única respuesta que da el estado a quienes buscan tener un techo es la represión.
Es por eso que desde CORREPI venimos denunciando estas prácticas que se acentúan sobre el pueblo organizado que busca, por medio de la lucha, conquistar el derecho a la vivienda.
