En recientes declaraciones televisivas, el ex multifuncionario Eduardo Duhalde -sucesivamente intendente, vicepresidente, gobernador y presidente- manifestó que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones legislativas en el país“, anticipando la posibilidad de un golpe de estado, y, no conforme con eso, agregó que “llega una anarquía con olor a sangre“.
En una situación de profunda crisis como la que estamos atravesando, que afecta al conjunto de la población afectada por la brutal pérdida de ingresos y puestos de trabajo, más la acuciante situación de los sectores precarizados y desocupados, lanzar esas temerarias afirmaciones sólo puede merecer el repudio más absoluto.
Más aún si, a partir del valioso ejercicio de la memoria, recordamos que quien así se expresó fue el responsable político de innumerables ataques al pueblo trabajador, y de centenares de muertes por la intervención de las fuerzas de seguridad estatales que sucesivamente comandó desde cada uno de sus cargos ejecutivos.
Duhalde era el intendente de Lomas de Zamora cuando la policía provincial fusiló, en ese municipio, a Oscar Aredes, Roberto Argañaraz y Agustín Olivera, en la célebre masacre de Budge, además de al menos otros cuatro casos de gatillo fácil en esa localidad entre el 11 de diciembre de 1983 y el 10 de diciembre de 1987.
Luego, como vicepresidente de Carlos Saúl Menem, compartió con éste la responsabilidad por 132 muertes por gatillo fácil o en lugares de detención, ocurridas entre el 09/07/1989 y el 10/12/1991.
A partir del día siguiente a su renuncia a la vicepresidencia, asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, durante la cual, hasta el 10 de diciembre de 1999, 255 personas murieron en territorio bonaerense, bajo las balas policiales o en celdas y calabozos provinciales.
Finalmente, fue presidente de la Nación entre el 2 de enero de 2001 y el 24 de mayo de 2003, lapso en el que, entre las 258 muertes a manos del aparato represivo estatal bajo su mando, se destaca el ataque criminal contra los movimientos sociales en Avellaneda el 26 de junio de 2002, con el asesinato de los compañeros Darío y Maxi, por el que sigue impune.
Si algo no necesita el pueblo trabajador en esta dura etapa, son “pronósticos”, ni menos aún “consejos” del responsable, a lo largo de sus sucesivas gestiones, más de 650 muertes de personas a manos de las fuerzas de seguridad que comandó.
