La noticia pasó inadvertida para la mayoría de los “medios grandes”: “Rodrigo Etchudez, un joven músico y comerciante de la ciudad de Monte Quemado al norte de la Pcia de Santiago del Estero, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por una nutrida delegación policial que, sin orden judicial, lo esposó y se lo llevó detenido a la seccional local. El motivo: una publicación en su cuenta de Facebook rechazando la actitud represiva del gobierno provincial”.
Casi en simultáneo, en plena Ciudad de Buenos Aires, con la firma de la
ministra de Seguridad de la Nación, se emitió la resolución 144/2020, que
establece en cabeza de las fuerzas de seguridad la facultad de hacer tareas de
“prevención sobre plataformas y fuentes digitales públicas que no constituyan
violación a la intimidad”.
En términos menos académicos, bien podríamos calificarla como un Manual para el
ciberpatrullaje o el “control legal” de la disidencia política e ideológica.
Cuantas más facultades suma el aparato represivo del estado, más amenazado se
encuentra el cuerpo social que administra.
La decisión de su formulación constituye una inequívoca decisión política: el
ciberespionaje, en tanto herramienta de control social, integra el menú de
medidas persecutorias que, bajo la apariencia de una necesidad regulada,
esconde una limitación inadmisible a derechos elementales de la población. Que
la resolución pretenda que no tendrá validez si se vulnera la intimidad de los
ciudadanos, no garantiza que no se atropelle su pública necesidad de protestar:
Cualquier red social (ése es el nuevo “territorio” a invadir por el estado) es
hoy empleada por organizaciones del pueblo para convocar, movilizar, reclamar,
denunciar, exigir. El gobierno abrió la puerta para que expresamente ese
avasallamiento se realice.
Desde 1983, son incontables las ocasiones en que el estado fue descubierto en
tareas como las que ahora viene a regular. Como en los tiempos de Alfonsín, con
su DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) convertido luego
en División de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado, protegido
por el menemato y la misma justicia que invocaba la categoría de “secreto de
estado” para legitimar la información mal habida sobre más de 250 militantes
del arco de la izquierda, o el despliegue de pinchaduras de teléfonos y
seguimientos de la SIDE (hoy AFI) y de la inteligencia propia de la PFA, que
fue un clásico de la época.
El año 2001 fue emblemático en materia de espionaje, como ocurrió sobre las organizaciones que se movilizaron ante la Casa de la Provincia de Salta en repudio a los asesinatos de dos piqueteros en un corte de ruta. “En función de tareas de inteligencia previa…” comenzaba cada sumario de detenciones producidas en medio de actos de protestas masivas a lo largo y ancho del país, como en agosto de 2004 o en diciembre de 2005. Infiltraciones, como la sufrida por la Agencia Rodolfo Walsh, listas negras de abogadxs en el servicio penitenciario, y el denominado Proyecto X que, descubierto en 2013, con los cuadros de Gendarmería encargados de escuchar, espiar, seguir e informar sobre todo activista sindical, estudiantil, social y político. En todos esos casos, CORREPI patrocinó junto a otras organizaciones las correspondientes denuncias, incluyendo cuando nos tocó ser víctimas directas. Ni hablar de las escuchas macristas por mano del “Fino” Palacios y Ciro James, causa en la que Mauricio fue sobreseído 12 días después de asumir como presidente.
Hoy se suman las redes sociales con el “ciberpatrullaje”, con un detalle que, sin embargo, no tiene nada de novedoso: La resolución firmada por la ministra Frederic se ampara en la “prevención de narcotráfico y terrorismo”, expresiones propias del andamiaje represivo con el que -desde la caída de las Torres Gemelas y agravada por la crisis capitalista del 2008- se justifican mundialmente todo tipo de persecuciones.
La nota periodística de Santiago del Estero amplía: “La simple opinión de un ciudadano expresada en una red social bastó
para que las autoridades activen un importante operativo policial destinado a
aprehender a Etchudez, detenido este domingo en su propia casa por una gran
cantidad de efectivos que procedieron a esposarlo e ingresarlo a la comisaría
de Monte Quemado, donde permaneció durante más de 9 horas.”
La paradoja más grande es que todo esto sale a la luz en simultáneo con la mega
causa de espionaje, escuchas y otras canalladas que ponen al descubierto la
verdadera naturaleza política y moral del macrismo y sus aliados. Un escándalo
mayúsculo, del que nos enteramos –a diferencia de los episodios anteriores,
descubiertos por las víctimas- por la denuncia efectuada ante la justicia por
la interventora de la AFI, que aportó registros digitales y fichas que prueban
el espionaje a organizaciones políticas, como el PTS; gremiales, como el SUTE
(Sindicato Único de Trabajadorxs de la Educación de Mendoza); a trabajadorxs de
prensa (más de 100 afiliadxs al SiPreBA) y a funcionarios y referentes públicos
de la oposición y del propio partido de gobierno.
Lo que parecen no entender es que el problema no está en la legalidad o
ilegalidad del espionaje, sino en la naturaleza misma del acto de espiar, que
es acechar, amenazar, vigilar. Y que es siempre, en todos los casos, una
repudiable decisión política.
