“La tortura ha desaparecido del Código. Cosa diferente es que desaparezca de las costumbres”, nos decía el periodista y escritor español Rafael Barret para describir a una de las prácticas más comunes de los estamentos de poder, a la hora de mostrar su supuesta supremacía sobre el resto de los mortales.
Durante la noche del viernes 31 de julio, en una comisaría de Famaillá, provincia de Tucumán, miembros de las fuerzas represivas, tuvieron como resultado de un festejo, con asado y alcohol incluido, una sesión de torturas y diversos tormentos a detenidos de dicha sede policial.
Testigos y víctimas del hecho relataron que agentes de la Guardia de Infantería, ingresaron a los calabozos, sacaron a los detenidos, para luego desnudarlos y hacerlos bailar en el patio, con el agravante de estas temperaturas invernales, los sometieron a golpizas brutales y les arrojaron agua.
La tortura utilizada como diversión de los funcionarios de las fuerzas, demuestra la habitualidad y sistematicidad con la que los mismos la practican. Siendo para ellos, un elemento más en sus conductas, al punto de llevarla adelante en momentos festivos.
Por otra parte, y en algo que también reviste habitualidad y sistematicidad, ningún medio masivo de comunicación, aquellos que se encuentran a la orden del día criminalizando las protestas de las personas privadas de su libertad cuando piden por mejoras, en las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran, se hizo eco de estos aberrantes y criminales hechos.
Solo medios alternativos han abordado la tarea de informar, mientras que otros han hecho hincapié en el estado de ebriedad de los oficiales, como si esto fuera justificativo o atenuara el aberrante crimen que comete quien tortura, sobre todo desde el aval de la legitimidad de la fuerza que otorga el estado.
El Ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, utilizando el latiguillo de estilo, dijo que lo ocurrido se está investigando, mientras que la Fiscalía intervino tomando declaraciones.
Sin embargo, en los hechos, los implicados siguen en funciones, y en contacto con las víctimas de sus actos. Tales justificaciones de la represión no son novedad a lo largo del país: recordemos que también se han encontrado justificaciones -y hasta felicitaciones- como las del ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, justificando las torturas previas al asesinato de Mauro Coronel en la comisaría 10° en mayo; o su par cordobés Alfonso Mosquera, que felicitó a los represores del allanamiento a un comedor en un barrio de la capital provincial en enero de este año; o el bochornoso caso de los oficiales de la comisaría 3° de Fontana, que tras allanar la casa de una familia qom y golpear y abusar de unas jóvenes, se les dio el beneficio de la domiciliaria en medio de una escandalosa renuncia masiva de la plana mayor de la policía provincial, mostrando el “espíritu de cuerpo” que tienen las fuerzas represivas para encubrir y apoyarse bajo el manto de la impunidad.
Que estos hechos transcurran con la total complicidad mediática, política y judicial, no nos sorprende a quienes denunciamos la complicidad de este trinomio a la hora del accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
Y decimos que no nos sorprende, no por estar resignados a que esto ocurra como un hecho natural, sino porque la naturalización viene por parte de quienes utilizan la tortura, los tormentos y el horror, como métodos de disciplinamiento social.
Mientras se enaltecen en los últimos días los discursos proclives a la tristemente célebre “mano dura”, suceden hechos como el de la aplicación de picana eléctrica en una comisaría de Tolosa a un joven de 17 años, la persecución sistemática a vendedores ambulantes de origen africano, y los verdugueos a lxs pibxs en los barrios populares, todo con la excusa del aislamiento social obligatorio.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro, en donde la participación policial en el hecho y en su posterior encubrimiento resulta cada vez más clara, es otra muestra más del accionar de una policía cuya única función resulta ser la de perseguir, detener, atormentar, asesinar y desaparecer, a todxs aquellxs que identifique como enemigxs, según los designios del poder económico y mediático al cual responden.
Desde CORREPI, alentamos la herramienta de la organización como defensa ante esta avanzada represiva que trae dolor, sufrimiento y muerte a nuestro pueblo.
Exigimos no solo el esclarecimiento y el castigo a los responsables de este hecho, y del resto de los que hemos señalado, sino que se garantice la salud, la integridad física y la vida de las personas detenidas.
Contra la represión y la tortura, organización y lucha.
