Este jueves 15 de octubre se cumple el plazo establecido por el juez Martín Rizzo mediante el cual habilita al gobierno bonaerense a desalojar a las miles de familias que reclaman por su derecho a una vivienda digna en Guernica. La respuesta no puede ser la represión.
A principios de agosto, ante la acuciante situación económica, sanitaria y laboral que atraviesan millones de personas en nuestro país, profundizada por la pandemia, miles de familias de los barrios San Martín, Numancia Sur y Numancia se organizaron para ocupar terrenos en desuso en la ciudad de Guernica y exigir al estado por su derecho a una vivienda digna. La toma de Guernica, junto a otras tomas que se dieron en la provincia de Buenos Aires en distintas localidades (San Fernando, La Matanza, La Plata) y también en Río Negro (El Bolsón, Bariloche) pone de manifiesto una problemática que se agravó con el paso del tiempo por la inacción estatal: el déficit habitacional.
Según los datos del propio Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, el déficit actual de la jurisdicción es de 900.000 viviendas. Es decir, 900.000 familias que no tienen acceso a un techo bajo el cual vivir. En 2012, la legislatura bonaerense aprobó una modificación de la ley 8912/77, que regula el uso del suelo, y estableció que los grandes emprendimientos inmobiliarios debían ceder el 10% del terreno para la construcción de “viviendas sociales”, y habilita a la gobernación a expropiar predios en desuso por un lapso mayor a 5 años. Sin embargo, un relevamiento de la administración actual da cuenta de que existen 177.000 lotes disponibles sin obras. La situación es aún peor cuando vemos, a partir de datos del INDEC, que el 46% de las familias bonaerenses viven en construcciones de absoluta precariedad, con casas que no tienen acceso a los servicios públicos básicos o que las exponen a condiciones que ponen en serio riesgo su propia salud. A nivel nacional, esta situación se extrapola al 34% de la población según datos del primer trimestre del 2019.
Mientras, vemos como lejos de discutir soluciones, se siguen favoreciendo los negocios inmobiliarios. Cuando la toma del predio de Guernica tomó relevancia mediática, aparecieron distintas personas y empresas que sostienen poseer títulos de propiedad que aún no han podido presentar, y que dan cuenta de diferentes proyectos inmobiliarios en ese terreno que presionan a que se realice el desalojo.
La pandemia agravó sensiblemente la situación de millones de trabajadorxs. La crisis en todos los aspectos generada por las políticas del macrismo, se profundizó a partir de la llegada del covid-19 a nuestro país: actualmente, más del 40% es pobre, casi el 11% ni siquiera tiene acceso a la canasta básica, y si prestamos atención a la situación de la niñez, el 56% de lxs chicxs menores de 14 años están en situación de extrema vulnerabilidad. En Guernica, participan de la toma alrededor de 2.500 familias, de las cuales forman parte cerca de 3.000 chicxs. Muchas de estas familias contaban con un techo hasta hace unos meses atrás, pero tanto los crecientes despidos (a pesar del decreto poco efectivo del gobierno nacional para impedirlos, la desocupación es del 14%) como la difícil situación de todxs aquellxs trabajadorxs informales que dependían de la changa, del laburo diario, fueron desalojadxs de las viviendas que habitaban (pese a que también están prohibidos por ley) por no llegar a pagar el alquiler.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para intentar paliar esta situación han sido insuficientes. A la casi nula aplicación del DNU para frenar los despidos y la ley contra los desalojos, se suma un IFE que no llega a cubrir la canasta básica y que, para peor, se efectuaron solo tres pagos en casi siete meses de cuarentena. Mientras el impuesto a las grandes fortunas sigue sin siquiera tratarse, se suceden las medidas a favor de los sectores de poder: llamativamente, a la vez que se pone en duda la continuidad del ya precario IFE, se concede la baja de retenciones a algunos sectores del campo para que liquiden divisas.
Lo que tampoco faltaron fueron las voces estigmatizantes de la coalición de derecha Juntos por el Cambio y los sectores más rancios del oficialismo. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, “recomendó” al gobierno provincial convocar a las fuerzas federales para realizar el desalojo en Guernica. Sí, las mismas fuerzas que desaparecieron a Santiago Maldonado y asesinaron a Rafael Nahuel por la espalda bajo su gestión. Miguel Ángel Pichetto, fiel a su estilo xenófobo para analizar la situación social, sostuvo que hay otros intereses que no responden precisamente al reclamo por una vivienda digna, y acusó a ciudadanos bolivianos y paraguayos de impulsar lo que para él constituye un delito. Sin embargo, nada tienen para decir Bullrich, Pichetto ni nadie de Juntos por el Cambio sobre la venta de terrenos en Costa Salguero a la especulación inmobiliaria, aprobada esta semana por el bloque oficialista que responde a Larreta y a Lousteau en la Legislatura porteña. Esta entrega se aprueba en una Ciudad de Buenos Aires que, según el propio Instituto de la Vivienda de la Ciudad, tiene el 10% de sus viviendas en situación ociosa (es decir, sin habitar), a la vez que 300.000 personas viven en condiciones precarias, 7.500 personas viven en la calle, y en términos ambientales, cuenta con 5 metros cuadrados de espacio verde público por habitante, mientras la OMS recomienda entre 10 y 15.
Por su parte, Florencia Arietto, “mano derecha” de Bullrich y Sergio Massa coincidieron en que habría que limitarles el acceso a servicios públicos (que no tienen) y las asignaciones sociales a quienes participan de la toma. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni no dudó en hacer hincapié en que las tomas constituyen un delito, la propiedad privada es un derecho “inviolable” y que su compromiso por hacerlo cumplir es absoluto. Y como si todo esto fuera poco, en los últimos días los medios masivos, con la voz oficial del ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires Andrés Larroque a la cabeza, iniciaron una campaña de estigmatización sobre las organizaciones sociales y políticas que acompañan la toma desde el principio.
Como sostiene CORREPI desde el inicio, la respuesta a las tomas no puede ser el desalojo ni la represión. Desde el lunes 12 de octubre, tres días antes de la fecha definida por la justicia, se desplegó un operativo masivo, que incluye helicópteros y efectivos de la policía bonaerense, la policía de Berni, desaparecedora de Facundo Astudillo Castro, alrededor del predio de Guernica. Convocamos en el día de hoy a las 16:30, a la conferencia de prensa en Plaza de Mayo encabezada por lxs delegadxs de la toma junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, para exigir la suspensión del desalojo, cuyo comienzo está previsto para mañana. Luego, desde las 18:00, convocamos a la vigilia, abrazo solidario y resistencia pacífica en Guernica que se mantendrá durante toda la noche y ya entrado el jueves en estado de alerta ante la posible situación de desalojo y represión.
En este contexto, hacemos responsable al gobierno de Axel Kicillof y al ministro Sergio Berni por la salud de lxs compañerxs que luchan hace meses por su derecho a una vivienda digna.
¡Basta de represión!
¡No al desalojo en Guernica!
