Antes de que la realidad mundial estuviera atravesada por la crisis de la pandemia, e incluso antes de la llegada del nuevo gobierno, desde nuestra organización construimos una agenda antirrepresiva con “algunos puntos irrenunciables en materia de represión y violaciones a los DDHH en nuestro país”, cuestiones todas por las que venimos peleando hace 30 años en CORREPI.
Planteamos esa agenda en el marco de la expectativa abierta sobre la necesidad de derrotar al macrismo, para exigir que, ganara quien ganara, se tomaran y cumplieran esos mínimos reclamos.
A poco de asumir el nuevo gobierno, cuando desde el ministerio de Seguridad se nos convocó para conocer nuestro diagnóstico de la situación represiva, entregamos a la ministra Sabina Frederich esa misma agenda urgente e imprescindible. Poco después vino la pandemia y desde el gobierno se tomaron las medidas de aislamiento que todxs conocemos.
Sin cuestionar las medidas de cuarentena o aislamiento, recomendadas por los profesionales de la salud, que la mayor parte del país ha tomado con responsabilidad, salvo los sectores de la derecha más conservadora de nuestro país (empresarios, grandes medios de comunicación, el sector “anticuarentena”), es fácil ver que los sectores más precarizados y vulnerados han sido los más afectados por la pandemia, no solo porque no se les garantizan las medidas de protección correspondientes, sino porque en los barrios populares muchas veces no llega ni el agua corriente, mucho menos otros elementos indispensables como el alcohol en gel y otros productos de higiene. Ante los brotes, producto de la falta de esas medidas, se respondió con presencia policial.
Señalamos también la muy alarmante situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles. En cuanto se planteó una medida como la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo, nuevamente la presión de sectores reaccionarios bloqueó esas medidas, que fueron respondidas con la represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad sin los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros “presos VIP”.
Del mismo modo, destacamos la falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, seriamente afectado por el creciente accionar represivo y que, como todo, sólo encuentra respuesta en la organización colectiva.
Durante estos tres meses, situaciones extremas como las de los pueblos originarios no han hecho más que empeorar, mientras actividades como el desmonte indiscriminado, las fumigaciones con glifosato y otras actividades extractivistas han continuado, con el visto bueno de los gobiernos nacional y provinciales.
En este escenario, reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Son las mismas fuerzas represivas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia y que,en los últimos cuatro años, asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas porel gatillo fácil o en lugares de detención. Las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a lxs trabajadorxs que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidxs en democracia.
En estos 90 días hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios.
A pesar de las dificultades que presenta estar organizadxs en esta situación hemos podido hacer un chequeo parcial de los casos a incluir en el Archivo, es decir, de hechos represivos que culminaron con la muerte de personas, lo que muestran los datos objetivos es que el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Algunos casos tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo; Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio; Rubén Sarso en CABA el 27 de abril; Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo; Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia apenas 48 horas después en Berazategui, o el más reciente de Facundo Escalso en el Bajo Flores, CABA, pero la mayoría apenas si trascendieron el remanido titular de “Motochorro abatido” o similar, aunque haya cuatro balazos por la espalda y las únicas vainas sean de la reglamentaria del oficial. Con las dificultades apuntadas, son más de una docena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo.
El incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar.
En diciembre de 2019 exigimos el cumplimiento de una AGENDA URGENTE e IMPRESCINDIBLE en materia antirrepresiva. Hoy nos vemos obligadxs a retomar estas exigencias, ante la situación represiva que se vive en un contexto por de más desfavorable para los sectores más vulnerados:
- Detenciones
arbitrarias:
- Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
- Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
- Legislación
penal, contravencional y procesal:
- Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
- Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
- Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
- Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
- Estructura
y protocolos de actuación de las fuerzas:
- Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
- Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
- Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
- Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
- Ciberpatrullaje.
- Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (es decir, espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
