En 1999, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida garantizaban la impunidad de los genocidas. El reclamo por juicio y castigo estaba formalmente obturado, por el imperio de esas leyes de impunidad, en los tribunales, pero en las calles venía creciendo como nunca antes, con repercusión internacional, como los juicios en España, iniciados tras el fuerte impacto de la masiva marcha del 24 de marzo de 1996, a veinte años del inicio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. A la vez, una acción iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo ante la Comisión Interamericana de DDHH abrió paso a los “Juicios de la Verdad” en Argentina. Eran procesos penales sin posibilidad de condena, destinados solamente a establecer las circunstancias de las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos.
El primero de esos procesos fue el de La Plata, con eje central en el “Circuito Camps”. El 7 de julio de 1999, el juez Leopoldo Schifrin escuchó el testimonio de un albañil domiciliado en Los Hornos, que había sido secuestrado junto a otras personas el 27 de octubre de 1976 por la patota dirigida por Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del entonces jefe de Policía de la provincia, Ramón Camps. El hombre había estado en cuatro centros clandestinos, Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava hasta que fue “blanqueado” en abril de 1977 y encarcelado, sin juicio, en la Unidad nº 9 de La Plata hasta junio de 1979. Su testimonio permitió reconstruir el destino de Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell’Orto, detenidxs desaparecidxs, y precisó el rol de Etchecolatz en los secuestros, torturas y “traslados”. El testigo se llamaba Jorge Julio López.
Cuando la anulación de las leyes de impunidad, ganada con la lucha popular sostenida, reabrió los juicios con plena posibilidad de condena, el proceso contra Etchecolatz fue el primero en llegar a juicio oral. López fue querellante y testigo. El 28 de junio de 2006 reiteró y amplió lo que ya había declarado antes.
El 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos. López salió de su casa en horario, pero nunca llegó a la audiencia. Al día siguiente, mientras denunciábamos la nueva desaparición de Julio, Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua y sus crímenes reconocidos como genocidio.
Siguió una causa plagada de maniobras encubridoras y pistas falsas, que recién dos años después pasó al fuero federal con la calificación de desaparición forzada sin modificar su condición de nuevo testimonio de la impunidad. Seguimos sin saber qué hicieron y dónde está Julio.
El 24 de octubre de 2014, Etchecolatz fue nuevamente condenado, esta vez por los crímenes en el CCD La Cacha, junto a otros catorce represores. Mientras se leía la sentencia, un fotógrafo de ojo agudo advirtió que el genocida manipulaba un papel. Tomó varias fotografías en las que se puede leer con claridad que la nota decía “Jorge Julio López”.
La segunda desaparición forzada de Julio López, con todas estas circunstancias particulares, no es, sin embargo, un hecho aislado. Junto a su nombre, están los de otras 202 personas desaparecidas con intervención de las fuerzas de seguridad en democracia. Desde José Luis Franco en Rosario, el 24 de diciembre de 1983, hasta los tres desaparecidos de la cuarentena 2020, Luis Armando Espinoza en Tucumán, Francisco Javier Cruz y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires.
Cuando los jueces leyeron la primera sentencia contra Etchecolatz al día siguiente de la desaparición de López, el público coreó “Vas a la cárcel, Etchecolatz/ No es el estado, es la lucha popular“. Es que el castigo al represor no fue una concesión del estado, sino fruto de la lucha que el pueblo organizado dio por décadas en las calles.
Con esa misma unidad y fuerza, seguimos gritando que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Ni con los represores de ayer, ni con los de hoy, que torturan, desaparecen y matan con el gatillo fácil y en lugares de detención.
Por Jorge Julio López, por lxs 30.000, por lxs 203 desaparecidxs en democracia, por todas las víctimas de la represión estatal, decimos:
Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los represores. Basta de represión. Basta de impunidad.
El estado es responsable.
