La noticia, que había estado circulando como rumor desde el lunes pasado, fue oficialmente confirmada ayer: un integrante del servicio penitenciario jujeño, afectado a la cárcel de Gorriti, había dado positivo en el testeo de Covid-19.
El ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, se preocupó por repetir que el contagio se dio por contactos familiares y no dentro del penal, como si esa circunstancia borrara que el infectado estuvo entrando y saliendo de la cárcel hasta que informó la situación y se le realizó el hisopado. No se dispuso ninguna medida para la protección de las personas detenidas, sólo se desinfectó la guardia, y los únicos testeados fueron otros guardiacárceles.
Tal como viene sucediendo en unidades penitenciarias de todo el país, las personas detenidas en Gorriti inmediatamente reclamaron lo obvio e indispensable para garantizar su salud y su vida, es decir, hisopados a toda la población y provisión suficiente de elementos de higiene y limpieza.
Las protestas comenzaron el miércoles y se intensificaron el jueves, tras la confirmación oficial del resultado positivo. Mientras familiares de los presos se agolpaban frente al penal y las fuerzas de seguridad se desplegaron, las personas detenidas subieron a los techos para exigir respuestas a sus reclamos y pedir la presencia de un juez. Alrededor de las 18:30 concurrió finalmente el juez de ejecución penal, que informó luego la suscripción de un acta-acuerdo con los internos, en la que no se hizo referencia a los varios heridos que familiares y presos venían denunciando.
Hoy, un escueto comunicado del servicio penitenciario provincial informó luego el fallecimiento de dos presos del Pabellón nº 3, Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, sin mencionar causa ni circunstancias de las muertes.
Con estos dos nuevos asesinatos, suman 35 las personas muertas desde el 20 de marzo de este año en lugares de detención. Una cifra que, además, se reduce a los hechos que tomaron notoriedad y trascendieron, pero que sin dudas es mucho mayor, especialmente en el caso de las cárceles.
Desde el inicio de la pandemia venimos alertando que la población carcelaria es de las más vulnerables frente a la emergencia sanitaria, y la que menos respuestas de tipo sanitario viene recibiendo del Estado, que responde sus reclamos sólo con represión.
Seguimos exigiendo:
- Excarcelación, arresto domiciliario o libertad anticipada de adultxs de mayores, portadores de HIV, personas con enfermedades predisponentes, mujeres embarazadas o que conviven con niñxs, excluidos represores y genocidas que gozan de regímenes de privilegio con sus necesidades cubiertas.
- Testeo de la totalidad de las personas detenidas en cárceles provinciales y federales, con prioridad para las unidades en las que ya se han confirmado casos positivos.
- Provisión de alimentos de calidad, elementos de higiene y limpieza suficientes en la totalidad de los lugares de detención.
- Juicio y castigo a los responsables de las 35 muertes de detenidxs en unidades carcelarias y comisarías.
