En su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Legislatura de la Ciudad, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta destacó la “seguridad” como una de las prioridades de su gestión y elogió profusamente la policía de la Ciudad, que debutó bajo su gestión anterior, el 1º de enero de 2017, a partir de la fusión de la ex Metropolitana y el personal de comisarías de la Policía Federal, que quedó así reducida a unos pocos cuerpos especiales y las delegaciones en otras provincias.
Calificó a su creación como “fuerza ejemplar que cumple con los mejores estándares internacionales en materia de capacitación y equipamiento tecnológico” y le adjudicó a su política en la materia haber reducido sustancialmente la incidencia de los delitos comunes en el distrito. Concretamente, dijo que los homicidios bajaron un 28% en el último año.
Lo que no dijo Rodríguez Larreta es que, desde su irrupción en la ciudad, la cantidad de homicidios perpetrados por integrantes de su “fuerza ejemplar” supera las siete decenas, con casos paradigmáticos como el de Cristian “Paragüita” Toledo, cuyo homicida, el policía de la Ciudad Adrián Otero fue condenado a prisión perpetua, o el de Claudio Romano, acribillado por los disparos al unísono de tres policías de la Ciudad en Villa Crespo, el pasado 1º de octubre, que en breve enfrentarán un juicio oral con la misma pena en perspectiva.
No es menor destacar que, en 8 de cada 10 hechos, la defensa de los asesinos es ejercida por abogados pertenecientes al Departamento de Asesoría Legal Policial del GCBA, es decir, el GCBA la asume institucional y gratuitamente, como si fusilar personas desarmadas fuera un acto de servicio.
Ni hablar de los hechos que no por cotidianos vamos a naturalizar, como el permanente hostigamiento a quienes se ven obligados a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, en particular lxs vendedores ambulantes o el hostigamiento a jóvenes en las barriadas populares, de la mano de la creciente militarización del espacio público.
Lo mismo vale señalar frente a su elogio a la reestructuración de las comisarías comunales y vecinales, que, sumadas al sistema de alcaidías para el alojamiento de personas detenidas y el rebuscado procedimiento procesal penal y contravencional de la justicia de la Ciudad, garantizan a cualquier persona arrestada varias horas de incertidumbre respecto del lugar donde va a ser alojada, dificultan el acceso a su asistencia tanto a defensorxs particulares como a la defensa oficial, y prolongan por hasta tres días las solturas aun cuando no se efectivice una imputación concreta.
Otro eje destacado por el Jefe de Gobierno es el aumento incesante de policías en la calle, que, dijo, ya llega a casi 20.000 agentes, y seguirá creciendo. Aun si generosamente extendemos la población de la ciudad a 4 millones, esa cantidad de policías representa 500 cada 100.000 habitantes, mientras la ONU estima el “ideal” en 300. Pero en CABA hay también patrullaje urbano a cargo e prefectura, gendarmería y policía federal, lo que eleva la tasa de casi 900 por 100.000, lo que convierte a la ciudad de Buenos Aires en una de las más militarizadas del mundo.
Frente a este escandaloso escenario en la ciudad de Buenos Aires, que continúa en la senda del estado de excepción que padecimos a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, exigimos:
