Al inicio de la segunda semana de vigencia del DNU 297/2020, las cifras de detenciones, totalmente naturalizadas por los medios hegemónicos, apenas si se mencionan colateralmente. Según información oficial del Ministerio de Seguridad, para las 8 a.m. de este domingo, el total de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad a las que, antes de liberarlas, se les notificó la formación de una causa penal es de 524.557, mientras que en 13.006 casos no se produjo la soltura.
A partir de las consultas que venimos recibiendo, es fundamental señalar que, además del inefable olfato de clase que caracteriza a policías y demás uniformados, que hace que no sean tratadas de la misma manera todas las personas, ni la policía, gendarmería y otras fuerzas actúen igual en todos los barrios, también sucede que no estén siquiera al tanto de la normativa de emergencia que están aplicando.
Anoche, por ejemplo, un trabajador de prensa que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, terminado su turno, iba como todos los días a ver a su padre, de más de 80 años, en recuperación de un ACV. Llevaba consigo, además de su credencial de prensa, la declaración jurada descargada de la página del Ministerio de Desarrollo Social, completada con los datos propios y los de su padre, y la epicrisis con el diagnóstico. Fue interceptado por policías bonaerenses, que, con absoluta terquedad, decían que la declaración jurada no era válida, “porque carecía de firma de autoridad competente”. Afortunadamente, el compañero logró comunicarse con CORREPI, le enviamos el texto de la resolución del Ministerio, argumentó sin perder la calma, y dos horas después pudo seguir su camino sin ser detenido. Imaginemos lo que hubiera sucedido si se hubiera tratado de una persona con menos recursos de contacto y argumentativos.
Infinidad de ejemplos semejantes, muchos con peores finales, corroboran que es necesario estar preparadxs para dar todas las explicaciones del caso, con tanta serenidad como precisión, y, sobre todo, con paciencia y temple para resistir la provocación que, cuanto menos “respetable” sea nuestro aspecto, más intensa será. Hemos actualizado recientemente las recomendaciones generales para las distintas hipótesis, que esperamos puedan servir como herramientas útiles para preservarnos en la medida de lo posible.
Acaba de publicarse una nueva disposición del Ministerio del Interior, que unifica las diversas declaraciones juradas y permisos que hasta ahora existían según el caso, llamado “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”. Este certificado es personal e intransferible, tiene una vigencia de siete días, y debe exhibirse junto al DNI. Hay que tramitarlo a través de la plataforma de “Trámites a Distancia”, en https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico. Como era de esperar, a horas de su lanzamiento el sitio está saturado y es imposible ingresar…
Por supuesto que, a medida que pasan los días, y crece el número de presxs y encausadxs, se amontonan las denuncias por hechos represivos. Para registrarlos, hemos habilitado una solapa en nuestra web, www.correpi.org, en la que los vamos subiendo a medida que llegan. En general, se trata de situaciones de alto nivel de violencia, con golpes, insultos e intimidaciones, y por supuesto, un saldo increíble de privaciones de libertad y formación de causas. Naturalmente, a medida que se profundiza la situación gravísima de quienes deben necesariamente salir a conseguir comida y medicamentos, que las organizaciones sociales tratan ingentemente de paliar, con sus recursos limitados, se incrementan estos hechos represivos.
En estos días, hemos conocido otra práctica, supuesto ilegal, de la policía en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona sur del conurbano. Ya sabemos que, ante la aprehensión de personas, se las traslada a una dependencia policial, para realizar los trámites que impusieron las fiscalías dejarlas ir a su casa. Pero en varias comisarías de Lanús y Lomas de Zamora han comenzado, aleatoriamente, a retener los documentos de identidad. Esto, además de ser obviamente injustificado e ilegal, deja a la persona en cuestión condenada de hecho a no volver a salir durante la emergencia, ya que al carecer de DNI sería inmediatamente detenida, y, ya fichada como “reincidente”, podría no recuperar la libertad.
Poco es posible hacer, en esta situación de excepción, para recuperar los documentos y denunciar el delito cometido, pero es necesario que, en caso de resultar víctimas de ello, de manera inmediata lo informemos, por algún medio que permita conservar el mensaje, como el correo electrónico o cualquier sistema de mensajería, a referentes barriales de confianza, con todos los datos relacionados (nombre, apellido, DNI, día y hora del procedimiento y comisaría interviniente). De ese modo, el mensaje y su destinatario podrán servir para defenderse frente a cualquier uso delictual que la policía dé a nuestro documento hasta tanto se pueda formular la denuncia penal y tramitar un nuevo ejemplar.
Más que nunca vemos que la organización y la solidaridad popular son nuestras herramientas para defendernos del virus, y de la represión.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
