En momentos en que se desarrollan instancias decisivas en relación a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a manos de la policía bonaerense, la misma fuerza que, comandada por el ministro de Seguridad Sergio Berni, viene protagonizando la mayoría de los hechos represivos ocurridos en el país -detenciones arbitrarias, aplicación de tormentos, fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención- la principal noticia del día anuncia un plan de más policía en las calles.
El presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof e intendentes de distritos como La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora y Hurlingham, con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Mario Meoni (Transporte). El motivo de la reunión -una verdadera cumbre con las principales autoridades nacionales y provinciales- fue avanzar en la puesta en marcha del “Plan Centinela”, nombre bien explícito para lo que inevitablemente tendrá como resultados más hechos de violencia policial.
Se anticipó que el plan -que sería anunciado mañana- prevé un extraordinario aporte del gobierno nacional al provincial y los municipios de entre 10 y 12 mil millones de pesos, según la fuente, dinero que será destinado al reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales, compra de 2.000 patrulleros, refacciones y ampliación de unas 200 a 300 comisarías, construcción de cárceles y adquisición de todo tipo de insumos y pertrechos, desde armas a cámaras de vigilancia. Y todo ello, además, con el aporte de otros 3.000 efectivos de fuerzas federales desplegados en las mismas zonas.
Así, la policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy cuenta con 92.000 efectivos, llegaría a unos 102.000, particularmente desplegados en los partidos del conurbano, lo que, según las estimaciones de su población, llegaría a superar los 900 policías cada 100.000 habitantes. Si a eso agregamos los al menos 2.000 efectivos de fuerzas federales ya desplegados en los barrios bonaerenses, más el incremento de 500 por turno dispuesto con el acuerdo de “coordinación” entre la Nación y la provincia de Buenos Aires celebrado a fines de julio, más los 3.000 prometidos en el marco de este Plan Centinela, estamos frente a una tropa combinada de tal envergadura que superará con creces más de 1.000 uniformados armados cada 100.000 habitantes.
Casi cuatro veces los 300 por 100.000 recomendados como “óptimo” por la ONU, y sin duda el mayor índice de presencia de policial y de otras fuerzas de seguridad por cantidad de habitantes en el mundo.
Pero a esa cifra hay que agregar el aumento de poder de fuego, con la compra de armas y otros pertrechos, y la previsión del aumento de personas detenidas, a partir de la ampliación o construcción de comisarías y cárceles. En suma, un verdadero despliegue con movilización de tropas al “territorio enemigo”: los distritos más pobres de los pobres, en el conurbano bonaerense.
Con una transferencia de 12.000 millones de pesos de Nación a las arcas provinciales se podrían encarar soluciones de asistencia material concreta a muchos de los problemas que se discutieron en la propia reunión como “preocupantes” en materia de generadoras de “inseguridad”, como las tomas de tierras por familias sin techo. ¿Cuántas viviendas sociales se podrían construir con ese dinero, en lugar de destinarlo a reprimir a quienes ocupan un terreno fiscal ante la falta de respuesta estatal a su situación de calle, como lo vimos ayer mismo en Florencio Varela, como sucede casi a diario en el norte, el sur o el oeste del GBA?
No se puede pasar por alto que es Sergio Massa quien aparece como el “padre de la criatura”, haciendo marcar el paso en materia represiva a sus socios en la coalición de gobierno. El hoy presidente de la Cámara de Diputados amasó su referencia política y su caudal electoral de la mano de la creación del COT – Centro de Operaciones Tigre-, antecedente e inspiración directa de las Policías Locales creadas por el gobernador Daniel Scioli, combinado con la conversión de Tigre en el municipio con mayor cantidad de cámaras en la vía pública -curiosamente, nunca disponibles cuando las imágenes que buscábamos eran las de un policía fusilando alguien por la espalda-.
Recientemente, el presidente Alberto Fernández respondió declaraciones de su antecesor, Mauricio Macri, con la frase “No mentir en política es muy importante”. Bien podrían hacer caso de su propio consejo, y no justificar este nuevo despliegue de fuerzas represivas, que traerá como resultado más detenciones arbitrarias, más torturas, más fusilamientos de gatillo fácil y más muertes de personas detenidas, todo ya en franco ascenso desde el inicio de la cuarentena.
Si lo que les preocupa es la inseguridad, usen los recursos estatales para que las personas sin vivienda, sin trabajo, precarizadas o híper explotadas se sientan más seguras. Dispongan de los fondos que tienen para garantizar la salud, el alimento, la educación, la vivienda de manera universal. La represión no puede seguir siendo la respuesta a la crisis que afrontamos.
Por eso, desde CORREPI decimos: Inseguridad es más policía en la calle – No al Plan Centinela.
