Para el 28 de septiembre de 2001, hacía unos cuantos años que el ex asesor de Carlos Corach, Claudio Bonadío, tenía su despacho en Comodoro Py. El presidente Carlos Menem lo había nombrado juez federal de Morón en 1993, y al año siguiente llegó a Retiro, directo a la famosa “servilleta”, la lista de magistrados a los que el ministro menemista podía, en sus palabras, “dar órdenes por teléfono”.
Ese día de 2001, en Florida, dos pibes de La Cava, Germán Lorenzatti (20) y Martín Villar (l9), vieron un señor pituco que estacionaba un Audi flamante en una calle de Florida. No terminaban de acercarse cuando vieron la Glock calibre 40 que los apuntaba. Se dieron vuelta al instante, pero cayeron con los certeros disparos, dos en la espalda de Lorenzatti y uno en la nuca de Villar, que estaba desarmado. Bonadío, rápidamente exculpado por sus pares de la justicia ordinaria de San Isidro, intentó victimizarse, presentando el hecho como una amenaza por su cargo, pantomima rápidamente desvirtuada.
A lo largo de sus 25 años en la magistratura, Claudio Bonadío se especializó en perseguir la protesta y criminalizar luchas, mucho antes de que se convirtiera, de la mano del gobierno de Mauricio Macri, en uno de los principales exponentes del uso del aparato judicial en lo que hoy llamamos “lawfare”.
En las agitadas jornadas del inicio del siglo XXI, se alineó con su colega, el juez federal de Salta, Cornejo, para perseguir y detener referentes de la lucha piquetera. En abril 2003 mandó a detener y remitió a Salta a compañeros que habían participado del corte de ruta en el que fueron asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán. En agosto del mismo año, cuando tenía a su cargo la investigación de la represión a la operación de la “Contraofensiva” de Montoneros, con infinidad de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, reactualizó la teoría de los dos demonios. Procesó y detuvo a los dirigentes Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, con el argumento de que si la conducción de la organización que integraban no hubiera dispuesto el regreso de sus militantes, no hubieran sido asesinados o chupados.
Más adelante, CORREPI, junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, denunció ante la justicia federal al presidente George Bush, al secretario de Defensa Donald Rumsfeld y al titular de la CIA, George Tenet, por las torturas y crímenes de guerra cometidos por las tropas yanquis en las prisiones de la Bahía de Guantánamo, Afganistán, Irak y Abu Ghraib. La denuncia quedó radicada ante el juez Claudio Bonadío, que, aunque el fiscal pidió medidas, rápidamente la archivó, cosa de poder seguir yendo sin problemas a los cocktails y cenas en la embajada yanqui.
Igual de servil fue con el Reino de España, que pretendía la extradición del luchador popular vasco Josu Lariz Iriondo por un hecho ocurrido más de 20 años antes, aunque finalmente tuvo que ceder ante la presión y la evidencia material de que la causa estaba prescripta.
En julio de 2005, nos enteramos por una nota del diario La Nación que el Dr. Bonadío había actualizado su armamento. Era el feliz adquirente de una pistola Glock, como la usada en 2001, pero modelo C18, calibre 9 milímetros, que permite disparar su cargador, de 19 balas, en forma de ráfaga, en menos de un segundo.
Padecimos y enfrentamos los intentos de Bonadío por declarar nula la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, en la que, desde que reemplazó a su colega María Servini de Cubría, hizo lo imposible por consagrar la impunidad de los responsables políticos. Lo consiguió, en 2010, con el ex presidente Fernando de la Rúa, al que sobreseyó porque, según explicó, “no vio TV ni escuchó radio en todo el día, y no sabía de la represión y las muertes”.
Seguimos confrontándolo cada vez que reclamamos la libertad de presxs poltícxs, como los compañeros represaliados por repudiar el terrorismo de estado israelí contra el pueblo palestino, causa en la que ordenó más de una docena de detenciones, y por la que mantuvo preso por largo tiempo al referente piquetero Roberto Martino; o los cinco militantes anarquistas detenidos por haberse manifestado frente a la embajada de Grecia en Buenos Aires en solidaridad con Giannis Dimitrakis, preso político del estado griego.
Aunque Bonadío fue disciplinado y sirvió a todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron, con ninguno estuvo más cómodo que con el macrismo, como quedó en evidencia con las causas por las movilizaciones del 12 de diciembre de 2017, en repudio a la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, y del 14 de diciembre del mismo año, contra la sanción de la reforma previsional. En la primera, procesó y elevó a juicio oral a lxs compañerxs Hernán Centeno, dirigente de SUTEBA Escobar, y Natalia Pérez, referente de la Defensoría de Géneros de Luján. En la segunda, tradujo al lenguaje judicial la doctrina Bullrich de que “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, cuando procesó a más de 30 personas con las declaraciones policiales como única “prueba”. Cinco de ellas permanecieron presas varios meses, incluidos dos jóvenes en situación de calle que no participaban de la movilización.
Hoy los medios de todas las orientaciones hacen la necrológica del juez Bonadío según mejor conviene a sus líneas editoriales. Unos hablan más de Once –causa en la que admitió escandalosamente al Estado responsable de la masacre como querellante-, otros de su paso por la causa AMIA, o de los más recientes sainetes judiciales, como la “causa cuadernos”, sostenidas a fuerza de arrepentidos y servicios varios.
CORREPI prefiere destacar que ha muerto un asesino de gatillo fácil, promotor de la criminalización de lxs que luchan.
