Mientras anuncian endurecimiento de controles, los casos de represión y hostigamiento no tienen cuarentena: Tucuman/Trelew/Buenos Aires (Villa Albertina, Saladillo, Mar del Plata…)
Hace sólo una semana, publicamos el informe de la situación represiva a 90 días de cuarentena, en el que informamos que, pese a la dificultad para acceder y chequear datos en esta instancia, contabilizábamos a esa fecha 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, y más de una docena de fusilamientos de gatillo fácil siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta ese momento pudimos confirmar.
Ante la creciente curva de contagios y la flexibilización que se había establecido en el área metropolitana Buenos Aires (AMBA), la zona de mayor concentración y circulación del virus, el gobierno anunció que a partir del 1º de julio CABA y GBA volverán a la fase 1, con un endurecimiento de los controles por parte de las fuerzas de seguridad.
Estas mayores restricciones volverán a traer consecuencias para los sectores más pobres, no sólo en materia represiva, sino en el acceso a los recursos económicos para garantizar los insumos básicos de subsistencia, ya que la necesidad de algún ingreso eventual, con changas u otras tareas precarias, obliga a romper la cuarentena. Si bien el gobierno anunció un tercer pago del IFE, esta vez sólo será para quienes residan en el área metropolitana y Chaco, las zonas más afectadas por el COVID-19, lo que representa un recorte del beneficio en un 50%.
Frente a este escenario, tal como venimos advirtiendo, con las medidas de aislamiento frente a la pandemia en manos de las fuerzas de seguridad, seguiremos padeciendo situaciones de violencia y represión en nuestros barrios y sobre los colectivos más vulnerables.
Los últimos días ya anunciaban este incremento. En el barrio Ameghino de Mar del Plata, el 10 de junio, mientras una pareja jugaba con su hijo en la plaza, la policía de la comisaría 6ª la detuvo, golpeó y mostró sus armas como forma de amedrentamiento. Un familiar que llegó después también fue golpeado, a pesar de sufrir una discapacidad. El relato fue publicado en la página “Justicia por Thomás Pérez”, como ejemplo de cómo la violencia policial se profundiza en estos tiempos de cuarentena.
En la localidad de Polvorines, Provincia de Buenos Aires, un chico de 15 años fue detenido y golpeado por la policía de la comisaría 2ª. Su mamá publicó en sus redes sociales: “Que alguien me explique como un policía puede pegarle de esta manera a mi hijo, con tanta violencia a un menor, a un chico de 15 años que solo salió a comprar. A mi hijo me lo molieron a golpes dos policías, gracias a Dios no me lo mataron, me lo trataron como un perro o mejor dicho peor que un perro. A mi hijo me lo tuvieron dando vuelta, llevándolo a un lugar para matarlo a golpes, y cuando se dieron cuenta que se pasaron de mano buscaron la forma de hacerlo reaccionar, pero mi hijo ya estaba tirado en el piso con la cabeza toda ropa, ensangrentado y con 4 tiros con balas de goma en sus piernas”.
En Chubut, una mujer subió a una red social un video que muestra lo sucedido durante la madrugada del lunes pasado, en el barrio INTA de la ciudad de Trelew. En el texto, dice: “Cansada que la policía venga al barrio y le pegue a cualquiera. Somos gente que trabajamos todo los días. Nos levantamos a las 4:30 para ir a trabajar. Mi esposo fue a cerrar el portón, paró la camioneta de la policía y le disparó justo a mi marido”. Una vez más, han sido los vecinos del barrio quienes han tenido que aportar las pruebas de la violencia de la policía en el barrio, con filmaciones que ponen en evidencia que este no fue ni el único caso ni la primera vez.
En la localidad bonaerense de Saladillo, en la madrugada del 14 de junio, un joven fue perseguido, herido con balas de goma y atropellado por un patrullero, que luego lo dejó abandonado e inconsciente en el lugar. El joven, Sebastián Lagraña, denunció: “Veníamos en moto con un amigo. Tienen toda la cámara por Saavedra y Mariano Acosta. Mi amigo tiene once tiros. Tengo veinte tiros. A mí me chocaron y me dejaron tirado como un perro”.
En Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, la policía debía realizar un allanamiento, pero entraron a las casas equivocadas. Como suele suceder, estos procedimientos en las barriadas se hacen a los tiros, y en este caso hirieron a un chico de 17 años, provocándole la pérdida de un ojo. Una de las personas atacadas denunció: “Nosotros vendemos comida y la policía se llevó un horno pizzero que es nuestro, que no se robó de ningún lado y lo presentaron como parte de lo encontrado. Además, a un hombre de al lado le sacaron las ollas que usaba, y a otro un freezer, y también dijeron que eran robadas. Vimos la orden de allanamiento y no coincide con las marcas de esos objetos que tenían recuperar”.
Otro de los allanamientos irregulares, eufemismo de asedio, sufrió una familia de Tucumán el miércoles 25, en el que la policía de la provincia montó un megaoperativo para allanar una vivienda. La familia de Roxana Monteros viene denunciando el acoso de la policía desde principio de año, y que culminó con la irrupción de la policía de la provincia en la vivienda sin una orden por parte de la justicia, oficiales sin uniforme, y golpes y amenazas. Roxana Monteros relata que se llevaron a su marido a los golpes y que ella fue violada por el oficial Fabio Ferreyra, jefe policial de la Regional Este de la Comisaría de Lastenia y otros dos agentes. Roxana es otra víctima de la violencia patriarcal ejercida por el estado no sólo a través de sus policías violadores, sino también por parte de la (in)justicia patriarcal que no le tomaron la denuncia, la re victimizan, la enroscan y la amenazan.
Pero además de muchos otros episodios similares, crecen los hechos represivos con el resultado muerte. En la provincia de Tucumán, la misma policía que desapareció a Luis Espinoza, esta vez en la localidad de Las Heras, mató a Walter Ceferino Nadal, de 43 años. La descripción de lo sucedido no se diferencia del escandaloso asesinato de George Floyd en EEUU, que provocó masivas movilizaciones contra el racismo. Un joven presenció la detención declaró que “Eran dos los bicipolicías que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía: ‘me falta el aire, me falta el aire’. El uniformado, le pedía que se callara diciendo que ‘no fuera cagón’ ”. El informe de la autopsia confirmó que Walter murió por asfixia.
En materia de gatillo fácil, pudimos tomar contacto con las familias de Maximiliano Muñoz, 31 años, fusilado el 19 de junio por un policía bonaerense en el Barrio La Campanilla Merlo, y de Santiago Santucho, de 17 años, al que la policía de la Ciudad Melina Luján San Roque le disparó el 3 de mayo en José C. Paz. El chico murió cuatro días después.
También se acercó a CORREPI la familia de Fernando Matías Leguizamón (31), padre de cinco niñxs, asesinado el 20 de junio por dos policías de la provincia de Buenos Aires en el Barrio Primavera, Quilmes Oeste. La familia y vecinxs, acompañadas por organizaciones de la zona, realizaron con todo cuidado sanitario un corte en la rotonda de Mosconi y Pellegrini para visibilizar el caso, mientras que ya enviamos a la fiscalía interviniente la presentación de la compañera como particular damnificada.
El mismo 20 de junio, pero en Gregorio de Laferrere, La Matanza, una mujer, sargento de la policía bonaerense, mató con dos disparos a Gonzalo Borda, de 24 años.
Finalmente, en la localidad de San Andrés de Giles, el policía bonarenese Javier Savietto -evidentemente violando el aislamiento- estaba reunido con dos amigos en su casa. Diego Quinteros, de 22 años, recibió un disparo en la cabeza del arma reglamentaria del efectivo, que luego argumentó que se le escapó el tiro mientras limpiaba la pistola.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
