A catorce días de vigencia del aislamiento obligatorio, se siguen multiplicando las denuncias de situaciones represivas protagonizadas por miembros de las distintas fuerzas federales y provinciales, que lejos de aportar al cumplimiento de la medida, se ensañan con las personas más vulnerables, al tiempo que intentan evitar el registro audiovisual de sus acciones.
En Rosario, tres chicos de entre 14 y 15 años volvían a sus casas, con mercadería que vecinxs les había aportado. La policía los interceptó, acusándolos en medio de fuerte maltrato de haber robado la comida que llevaban, que les quitaron.
En El Bolsón, Pablo Daniel Olivera fue detenido cuando iba a realizar compras, le retuvieron su camioneta y lo encerraron desnudo y esposado en una celda.
En la localidad cordobesa de La Granja, en las Sierras Chicas, dos personas que habían intentado sin éxito retirar efectivo del cajero automático que se encuentra en el predio municipal, se encontraban en el estacionamiento, a distancia prudencial, desde sus respectivos vehículos, conversando sobre el desperfecto del aparato e intercambiando sobre cómo resolver la situación, ya que es el único cajero del lugar. La policía los detuvo a ambos, los trasladaron juntos en un mismo patrullero a la comisaría y los imputaron por violar el aislamiento. Junto con ellos fue detenida otra persona que iba, a pie, de su casa al kiosko.
En Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, el intendente impuso unilateralmente una especie de “toque de queda” a partir de las 17:00. Un productor de la UTT (Unión de Trabajadorxs de la Tierra), Fabio Arroyo, había salido a comprar carne antes de esa hora. Cuando regresaba fue detenido y conducido a la comisaría 2ª.
En la ciudad de Buenos Aires, un trabajador de prensa, mientras cubría la actividad en la avenida Cabildo, sacó una foto, a distancia, de policías que, en la puerta de la conocida pizzería La Farola, hostigaban a unos repartidores de plataformas de deliverys. Inmediatamente cuatro de esos policías de la Ciudad lo rodearon y amenazaron con detenerlo, acusado por una contravención, si no borraba las fotos de su dispositivo. Obviamente el trabajador así lo hizo, para preservarse, e inmediatamente nos informó lo sucedido.
En Lanús, un chico de 18 años fue a comprar provisiones para su madre, una mujer que padece esclerosis múltiple, lo que la incluye en grupos de riesgo que no deben exponerse en la calle. Para hacer más rápido, el pibe salió con su patineta. Al llegar de regreso a la puerta de su casa, aparecieron cinco móviles de Protección Ciudadana. Los oficiales lo rodearon y uno de ellos lo golpeó en la cara. Ante el grito de su hijo, la madre salió a la puerta, se interpuso, con lo que pasó a ser ella la destinataria de los insultos y amenazas, hasta que logró que su hijo pudiera entrar y quedar a resguardo. Hoy, la compañera se pregunta cómo va a poder aprovisionarse, ya que sus demás hijxs son niños menores de 12 años.
En Bariloche, Héctor Cáceres fue detenido cuando regresaba a su casa con compras para su familia. Lo trasladaron a la comisaría 42. En el calabozo lo mantuvieron esposado, lo golpearon y hasta calentaron las esposas para provocarle dolor y quemaduras como parte de la tortura. En la imagen que ilustra la entrevista publicada en el portal Bariloche En Redes se pueden observar las marcas en su rostro y muñeca.
Mientras todo esto sucede, cambian a diario los requisitos normativos para justificar las razones de una salida. Recordemos que, inicialmente, cada organismo de cada jurisdicción dispuso formularios según el tipo de actividad, como los de declaraciones juradas para casos de asistencia de adultxs mayores y personas enfermas. Tras prorrogarse el aislamiento, se anunció que sólo se expediría un Certificado Único de Circulación a través de la página de Trámites a Distancia del gobierno nacional, pero las dificultades con esa web, que nunca funcionó debidamente, hizo que se emitiera una nueva resolución, que excluye de la necesidad de permiso a prácticamente todas las actividades permitidas.
El problema (que no es menor) es que esa resolución establece que las personas excluidas de la necesidad de permiso, “deberán acreditar su condición a través de las formalidades y procedimientos que las autoridades competentes establezcan a tal fin”. No va a resultar tan complicado “acreditar la condición” de quienes están incluidos en muchos de los incisos, como personal de FFSS, de la salud, del correo, diplomáticos, trabajadorxs de transporte, prensa, etc., que poseen credenciales habilitantes. Pero en el caso del inciso 7 (personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes) no existen credenciales habilitantes, por lo que quienes estén en esa situación deberán seguir acarreando las declaraciones juradas de la primera etapa, copias de historias clínicas o la documentación a la que puedan acceder, y rogar que les toque un policía cuyo “atinado criterio” alcance para interpretar la confusa norma. Similar dificultad seguramente encararán las personas del inciso 8 (afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos) que carezcan de algún tipo de documentación habilitante que satisfaga al policía o gendarme. Una vez más, debemos extremar la imaginación para cuidarnos.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
