A partir de la confirmación de tests positivos para Covid-19 en integrantes del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Río Negro y CABA, nuestro reporte anterior estuvo íntegramente dedicado a la cada vez más grave situación de las personas privadas de libertad frente a la pandemia. Decíamos allí que, ante la insuficiente o nula implementación de medidas eficaces para preservar la salud y la vida de las más de 100.000 personas hacinadas en cárceles federales y provinciales, el virus ya había logrado entrar, de la mano de los penitenciarios contagiados. Hoy sabemos que el coronavirus llegó a los pabellones y celdas. El primer contagiado es un hombre de 49 años, preso en la Unidad 42 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, que padece insuficiencia renal, por lo que además integra un grupo de alto riesgo. Asimismo, se confirmó otro positivo en la provincia de Buenos Aires –que tiene casi la mitad de lxs presxs de todo el país-, en un guardiacárcel de la alcaidía 3 de Melchor Romero. Esa unidad se suma entonces a las ya infectadas de Varela, Olmos y Campana en territorio bonaerense, la UP 1 de Corrientes, la UP 3 de Bariloche, Río Negro y Devoto en la ciudad de Buenos Aires. Insistimos en que cada contagio y cada muerte que el Covid-19 cause en un penal o una comisaría, es un crimen del estado argentino.
Al mismo tiempo, sigue creciendo la cantidad de personas privadas de su libertad con el argumento de la violación de la cuarentena, situación frente a la cual –aun en los casos en que realmente se trata de salidas injustificadas- la absurda y dañina respuesta estatal es el alojamiento en comisarías u otros lugares de detención en los que el hacinamiento hace materialmente imposible el aislamiento.
Desde Monte Caseros, Corrientes, nos llega la denuncia de Luisa Acosta, en relación a su hijo Miguel Ángel “Nacho” Herrera, de 18 años de edad. El 16 de abril, Nacho, que iba en moto, chocó con otra moto. Después de los trámites policiales habituales, que incluyeron el traslado de ambos conductores al hospital, fueron dados de alta y liberados. Sin embargo, al día siguiente al mediodía, Nacho fue detenido y se le comunicó que se había dispuesto su detención preventiva, por 19 días, sin visitas, por haber violado la cuarentena el día del accidente. El otro conductor, que circulaba igual que él, no sufrió molestia alguna. Claro, Nacho es un albañil, y Claudio Rupani, el otro conductor, fue candidato a concejal por el PJ en las últimas elecciones y tiene vínculos con el poder político.
En Misiones, Gustavo Quevedo, un chico de 19 años que vive en Colonia Itatí, fue detenido por efectivos del destacamento policial de Deseado cuando fue en su motito a comprar carne para su familia. Como ya vimos en otros casos, fue obligado a hacer flexiones de brazos, fue golpeado con un rebenque y amenazado de muerte camino a la dependencia policial. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia tomó intervención en su defensa.
En Bahía Blanca, un pequeño productor agropecuario se dirigía con sus hijos a trabajar en su finca, con la documentación pertinente que acreditaba que su actividad, la producción de alimentos, está autorizada. Fueron detenidos, se les abrió causa y la policía retuvo su registro de conductor y la cédula verde del vehículo.
Desde Córdoba nos llegan dos denuncias de organizaciones sociales. Por una parte, Tatiana Cufré, militante del FOL, fue detenida por la policía cuando iba a la farmacia a comprar medicamentos para su hija, que tiene una fractura. La compañera vive con tres hijxs menores, que quedaron solxs en su casa mientras ella hacía la rápida compra, y quedaron abandonadxs hasta que le permitieron, muchas horas después, y tras haber sido hostigada y maltratada, comunicarse para pedir ayuda para su asistencia.
Por otra, Luciano Pérez, de 20 años, militante de la FOB, también fue arrestado cuando salió a hacer compras. Gracias a vecinxs que dieron el alerta, sus compañerxs comenzaron a buscarlo, pero por muchas horas no fue posible ubicar su paradero. Finalmente fue liberado, con marcas de los golpes recibidos y la previsible imputación por violar el aislamiento y resistencia a la autoridad, el eterno caballito de batalla policial para encubrir el apaleamiento.
Mientras en las calles se incrementa el hostigamiento sobre trabajadores y trabajadoras, miles de mujeres siguen aisladas con sus abusadores. En Chivilcoy, Soledad Carioli Lespade, de 23 años, llegó al hospital con síntomas sospechosos de corona virus, y poco después murió. El test dio negativo y los médicos pudieron determinar que la causa de su cuadro era un edema cerebral, producto de una golpiza a manos de su pareja, Flavio Emiliano Pérez, que ya fue detenido.
A la ausencia de políticas estatales eficientes para proteger a las víctimas de violencias se suman iniciativas totalmente contraproducentes, como el acuerdo celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires con la iglesia, representada en la ocasión por el cura Carlos Pont Gasqués, referente de la Pastoral Social de Villa Garibaldi (La Plata), “para trabajar en conjunto en la asistencia a mujeres en situación de violencia por razones de género en los barrios más vulnerables”. Pont Gasqués es responsabilizado por muchas víctimas de curas abusadores como parte importante del plan de encubrimiento eclesiástico al respecto, por lo que el repudio al acuerdo fue inmediato y masivo.
Los gremios que nuclean trabajadorxs de la salud, como CICOP y ATE, denuncian la misma falta de medidas eficientes para proteger a un colectivo particularmente expuesto, y absolutamente esencial en esta emergencia sanitaria. El índice de contagio del personal médico y paramédico en Argentina, respecto del total de infectados, es altísimo, y responde directamente a la falta de insumos y de atención a los protocolos que esos sindicatos y el conjunto de trabajadorxs del área vienen reclamando, y que, como el hambre en los barrios, apenas si es parcialmente paliada con el esfuerzo de organizaciones populares que convocan campañas de donaciones.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
