La desesperante situación en las cárceles sigue siendo nuestra principal preocupación. Ayer, en la UP N° 3 de Concordia, el servicio penitenciario reprimió a los presos que se manifestaban reiterando sus urgentes reclamos. Vecinxs informaron a los medios que, a la par que se reiteraban las balaceras y los gritos, comenzaron a llegar patrulleros de la policía de Entre Ríos para dispersar a lxs familiares de presxs que se concentraron afuera.
La temida llegada del virus a estas cárceles de hacinamiento e insalubridad cada vez se vuelve más concreta: dio positivo el test de COVID-19 a uno de los presos de Devoto, al que hicieron el análisis antes de ingresarlo al Hospital Fernández para atender las lesiones que sufrió durante la protesta de la semana pasada. El hombre ahora se encuentra en internado en aislamiento y en observación. ¿Qué ocurrirá con el resto de la población carcelaria? ¿Ahora se les proporcionará el acceso a la salud que se reclama históricamente? Es de suma urgencia que se cumplan los reclamos para evitar una catástrofe dentro de los establecimientos penitenciarios del país.
Mientras tanto, afuera, el Ministerio de Seguridad informó, después de varias semanas sin dar datos, que las fuerzas federales, en lo que va de la cuarentena, notificaron la apertura de causas penales a 3.991.654 personas y detuvieron a otras 60.632 hasta el sábado pasado, por lo que la suma total asciende a 4.052.286. Cabe destacar que a este número se le suman las muchísimas detenciones por parte de las policías de cada provincia, pero como no hay datos formales de todas es difícil tener una cifra certera de la totalidad. Lo que sí sabemos, porque nos llegan denuncias a granel, es la discrecionalidad policial y el elevado nivel de violencia con el que se dan muchas de estas detenciones.
En Córdoba, continúan detenidos en la EP 9, desde el viernes, Luciano Acuña, Cesar Aliendre y Gustavo Luna, que recibieron una brutal golpiza policial, primero en el domicilio de Acuña, frente a sus hijos de 5 y 8 años, y luego en la calle. El procedimiento incluyó golpes con las escopetas Ithaka y disparos con postas de goma y plomo a quemarropa para amedrentar a lxs vecinxs que intentaron acercarse. A unas cuadras, los bajaron del móvil y los rociaron con alcohol, amenazándolos con prenderlos fuego, les tiraron gas pimienta y los siguieron golpeando. En la comisaría, lxs familiares los encontraron completamente desfigurados por la paliza.
En Junín, unos doce efectivos policiales irrumpieron en un domicilio, sin orden judicial, y atacaron a una familia que amenizaba la cuarentena haciendo “karaoke”. El padre terminó con la nariz rota, un ojo en grave estado y dos costillas fracturadas. Su hijo de 22 años sufrió traumatismos en la cabeza y continúa internado en observación. Todo ocurrió delante de hijxs y nietxs menores que viven en el mismo domicilio. De poco sirvió que, después de trasladar al padre, la madre y el hijo mayor esposados, a la dependencia policial, un oficial les pidiera disculpas y dijera que fue “un malentendido”.
Crece también la cuenta de femicidios. Ayer, en Capilla del Monte, apareció el cuerpo de Cecilia Gisela Basaluda, desaparecida hace 20 días. Ni la policía ni la justicia priorizaron su búsqueda, y sólo luego de una acción callejera, cuando sus compañeras salieron a gritar “¿Donde está Cecilia?”, se encontró el cuerpo en un basural. Denunciamos la complicidad policial en los femicidios, que no toman las denuncias, encubren violentos, y no nos buscan. Fue la lucha del movimiento feminista y la acción de las compañeras en las calles la que presionó para que encontraran a Cecilia.
Curiosa situación, cuando menos, surgió en las últimas horas, a partir de la negativa de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, junto al jefe de gobierno porteño, de no habilitar las salidas para esparcimiento, que anunció el sábado el presidente Alberto Fernández. Tanto las palabras presidenciales, como el posterior comunicado del Ministerio de Salud, que “aclaró” que el permiso para salir una hora al día y a no más de 500 metros de los domicilios regiría en todo el país, incluso respecto de las personas en grupos de riesgo, generó gran expectativa en la población, en el marco de la tercera etapa de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. El muy concreto anuncio conjunto, en sentido contrario, firmado por Axel Kicillof, Omar Perotti, Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta generó gran confusión, al punto que hace instantes Alberto Fernández declaró, en una entevista por Radio Con Vos, que “se le pasó” aclarar que cada gobernador podía reglamentar a su criterio si se admitían esas salidas. Más allá de lo que queda claro -la falta de un accionar articulado entre gobiernos nacional y provinciales-, no nos arriesguemos a que la policía o la gendarmería terminen siendo los árbitros en la disputa para decidir si se puede o no ir a caminar una hora. Sigamos saliendo sólo para lo imprescindible y con todos los recaudos para evitar detenciones.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
